El secretario general de la UDI, Jorge Fuentes, insistió ayer en que el ministro de Economía, Lucas Palacios, usó "una expresión equívoca" al afirmar que el partido ha hecho una defensa cerrada del exdiputado Gustavo Hasbún, en medio de la investigación que lleva la Fiscalía por presuntas coimas al interior del Ministerio de Obras Públicas (MOP) en la Región de La Araucanía, cuando el secretario de Estado era subsecretario en aquella cartera.

El titular de Economía se refirió el martes a una entrevista que concedió la presidenta del gremialismo, Jacqueline van Rysselberghe, en la que manifestó que "le creo. Absolutamente" al exparlamentario. Por esto, Palacios anunció la suspensión de su militancia, afirmando que "me parece un error hacer una defensa cerrada a una persona". Ayer, el secretario de Estado envió una carta al partido en la que escribió: "Notifico y formalizo mi suspensión indefinida".

Fuentes respondió en Radio Concierto que "es una expresión equívoca del ministro en este caso. Porque él ha contado con los apoyos necesarios desde el primer minuto de parte no sólo de la presidenta, sino que también de distintos liderazgos del partido. Ahora lo que aquí corresponde cuando tú tienes dos versiones y tienes denuncias, es que las instituciones que tienen que hacer su trabajo y esclarecer la verdad, en este caso el Ministerio Público, lo haga".

"Hemos sentado desde un primer minuto que cuando se presentan estos hechos, que de llegar a ser ciertos por lo demás parecería que son muy graves, pero aquí quien tiene que hacer el trabajo de llegar a establecer la verdad son las instituciones que corresponden", arguyó el representante del partido.

Van Rysselberghe, en tanto, ayer volvió de vacaciones y el grupo de WhatsApp "UDI Congreso" escribió sobre el caso a los senadores y diputados gremialistas, según La Segunda, afirmando que es importante tratar que este conflicto no siga escalando, pues, en su opinión, sólo beneficia a los adversarios políticos.

La timonel además señaló que existen distintas visiones sobre la situación en La Araucanía, por lo que no puede ser un factor que divida al partido, junto con insistir en el principio de presunción de inocencia de los acusados.

Respecto al ministro, aunque sin mencionar su nombre, la senadora habría dicho que la suspensión de la militancia es una decisión muy personal.

"arista política"

El secretario general de la UDI también tuvo palabras para la "arista política" del caso, señalada hace unos días por la presidenta del partido, a causa de que "fue la candidatura a diputado del actual seremi de Obras Públicas (Henry Leal, quien también está siendo investigado por el Ministerio Público), que estuvo a 250 votos de ganarle al diputado Andrés Molina (Evópoli), que es quien 'acompaña' en las acciones de presentación de denuncias al empresario que hace las denuncias (Bruno Fulgeri)".

"También hay un sentido, al parecer, del diputado Molina en esta región contra la gestión que está llevando adelante el seremi. Él le pidió la renuncia a Leal, quien, insisto, estuvo a 200 votos de ganarle a Molina en la elección anterior. Pero resulta que es el seremi el que hace todas estas denuncias, no sólo de este hecho, de las otras aristas que está investigando la Fiscalía" en la zona, dijo Jorge Fuentes.

"(Palacios) ha contado con los apoyos necesarios desde el primer minuto, no sólo de la presidenta".

Jorge Fuentes, Secretario general de la UDI

El fiscal jefe de la unidad de Alta Complejidad en la Región de La Araucanía, Héctor Leiva, encabezó ayer la incautación de computadores y teléfonos celulares en la oficina local del Ministerio de Obras Públicas (MOP), en el marco de la investigación por presuntas coimas que involucra al ministro de Economía, Lucas Palacios, quien antes fue subsecretario del MOP; al exdiputado Gustavo Hasbún y al seremi de Obras Públicas, Henry Leal.

"Concurrimos con el objeto de incautar algunos equipos computacionales y teléfonos móviles, con el objeto de extraer alguna información que pueda ser relevante para la investigación", explicó Leiva, agregando que "se solicitó una autorización judicial por cuanto nos indicaron que por normativa del servicio se requería de la autorización judicial para este tipo de diligencias".

El fiscal detalló que los cuatro computadores requisados pertenecen a la Dirección de Vialidad, unidad que está siendo indagada. Además, "las diligencias se están realizando con bastante celeridad, lo que nos han pedido es una autorización judicial por normativa interna, lo hemos cumplido, y estamos tratando de actuar con la mayor celeridad y objetividad", sostuvo el persecutor.

"Hay un equipo de la Brigada Anticorrupción (del Ministerio Público) que está trabajando acá en la región durante esta semana, de manera exclusiva, este caso", detalló el jefe de Alta Complejidad.

Los peritos "están realizando una serie de diligencias, entre esas tomando declaraciones a una serie de personas, requiriendo información, extrayendo información de aparatos computacionales, de teléfonos celulares y toda esa información tiene que ser analizada y ponderada en su oportunidad", puntualizó Leiva.

Hasbún imputado

El fiscal, asimismo, confirmó que Hasbún mantiene calidad de imputado en el caso: "Él fue denunciado, por lo tanto en ese sentido tengo que considerarlo imputado. (... Aunque) él no ha declarado", informó Leiva, a diferencia de Palacios, quien incluso adelantó su testimonio, concretándolo hace más de una semana en Temuco.

El exdiputado, en tanto, ha negado los hechos a través de diversos medios de comunicación y presentó una querella por injurias con publicidad contra el excontratista Bruno Fulgeri, quien denunció el presunto cobro de supuestas coimas al interior del MOP Araucanía para obtener licitaciones.

Hasbún dijo que el empresario dio declaraciones "falaces" e "injuriosas", y que el audio por el cual empezó la polémica, donde el exparlamentario pide dinero a Fulgeri por la gestión, ha sido interpretado en forma "dolosa y mañosa".

A la fecha, cuatro fiscales de La Araucanía llevan adelante 12 indagatorias similares, producto de las cuales ya han sido condenados tres inspectores fiscales y dos particulares, señaló el Ministerio Público.