Todo ha cambiado, las vacaciones también. Castro: paseo en lancha por el fiordo. En apariencia todo es normal, un simple paseo en lancha. Un improvisado guía turístico, al que por momentos cuesta entenderle, va dando información de la zona y nos conmina a disfrutar de la mirada general sobre Castro. Sobresalen la iglesia amarilla con lila y el mall redondeado y café. El guía hace notar la diferencia en altura entre la iglesia y el mall. Y luego añade: "¡Vamo' a quemarlo!", medio en serio, medio en broma. Todos reímos, medio en serio, medio en broma también, nerviosamente. La posibilidad latente de la quema, de la destrucción, de la negación de todo.

Creo que el mall de Castro, leído ahora en un contexto post estallido, es bastante emblemático de la crisis que estamos viviendo. Veamos algunos elementos: atenta contra un delicado sentido de identidad patrimonial, en su construcción se pasó a llevar el plano regulador y luego se cambió para ajustarlo según conveniencia. No ha traído necesariamente un mayor bienestar o crecimiento a la zona: las ganancias regresan a la capital y no fomentan la producción local. ¿Pudo decidir el vecino sobre la construcción o no del mall? ¿Se le consultó su opinión sobre el lugar de su emplazamiento? ¿Es lo que más necesitaba Castro?

Estos elementos forman parte del malestar del estallido: la sensación de que las grandes holding pueden pasar a llevar las leyes, que prima el objetivo de la ganancia económica neta por sobre una mirada más amplia y multifactorial que tenga a la persona como centro y la exclusión de la toma de decisiones sobre dinámicas que afectan directamente la vida del ciudadano. Todo esto, más allá de los cambios concretos que vendrán del nuevo pacto social, ya sea en mejoras de pensiones o salud, implica un cambio cultural muy fuerte, un cambio de mentalidad en relación a cómo vamos a construir sociedad en la compleja dinámica entre una ganancia momentánea y una de largo plazo y también en la autonomía de las regiones.

Regreso a mi región. Limache hace tiempo que viene oponiéndose a la construcción de una termoeléctrica. Podemos hacer las mismas preguntas: ¿Ha sido consultado el ciudadano sobre su opinión? ¿Qué relación existe entre pérdida y ganancia con su construcción? ¿Traerá beneficios para la zona o todo se lo llevarán otros? Recalco, entonces, que no bastan las mejoras meramente ligadas al aumento en lo monetario. Son urgentes y necesarias. Sin embargo, se trata de calidad de vida como un concepto global, y eso pasa urgentemente porque el ciudadano tenga injerencia en aquello que le compete en su día a día, su entorno directo y el espacio donde vive. De lo contrario, se seguirá acumulando una rabia soterrada y peligrosa, la impotencia que desata días de furia, que convierte al dulce y amable Gizmo en un horripilante e incontrolable Gremlin.

Para quienes creemos en la democracia como forma de organización política y de convivencia, no tenemos duda de que las comunicaciones sociales juegan un rol fundamental en el buen o mal funcionamiento del sistema. Uno de los derechos que debe cautelar la democracia es la libertad de prensa y de información, como una manera de asegurar que la comunidad se forme opinión fundada en lo que ocurre. Los medios de comunicación tienen una inmensa responsabilidad en el fortalecimiento de la democracia a través de su trabajo serio, verás y oportuno.

Hace tiempo que las instituciones han venido cayendo en reconocimiento y prestigio social, lo que ha conducido a una pérdida de confianza que se muestra día a día en el acontecer cotidiano y en encuestas y consultas sobre la valoración que la comunidad tiene respecto de su desempeño. Algunos medios de comunicación formalmente constituidos no han tenido el debido cuidado en este delicado tema y, más bien, han contribuido al desprestigio y pérdida de reconocimiento de personas e instituciones. Por otra parte, las redes sociales, que en sí mismas pueden considerarse una modernización tecnológica y que han cubierto un gran espectro en materia de comunicaciones e informaciones interactivas, dominan el espacio a través de noticias e informaciones que, en algunos casos, no tienen identidad, ni garantizan veracidad ni oportunidad, diluyéndose la responsabilidad en el anonimato de fuentes y emisores.

La concentración que ha caracterizado al país por tantos años, en casi todos los ámbitos, comprende también a los medios de comunicación y esa ha sido una de las falencias de nuestra democracia. La concentración territorial, especialmente en Santiago, y las grandes cadenas que reúnen la propiedad de los medios ha limitado la descentralización del país. Los medios locales y regionales son escasos. En países con historia democrática más arraigada han garantizado el pluralismo informativo y fortalecido los medios locales, regionales o provinciales. Un estudio de derecho comparado permitió llegar a la conclusión que países como Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Alemania y Canadá, entre otros, han buscado profundizar la democracia, asegurar el pluralismo informativo, cultivar la identidad territorial y, con ello, aportar al desarrollo.

La dignidad es un concepto aplicable a todos y todas, a personas e instituciones. La honra y el reconocimiento son bienes que se ganan con trabajo, perseverancia y honestidad, que cuestan mucho construir y poco destruir. El destierro al abuso, colusiones, fraudes y corrupción son temas que debemos enfrentar derechamente y los medios comprometidos con la democracia debieran estar dispuestos a colaborar. Así también son atentados a la dignidad de personas e instituciones las malas prácticas y la crítica mal intencionada, como también la omisión de protocolos que obligan a confrontar la información con las personas o instituciones que recibirán un perjuicio por informaciones incompletas o erróneas.

Las universidades tienen también una gran responsabilidad en estas materias, ya que es en ellas donde se forman periodistas y editores, profesiones y oficios de gran responsabilidad e interés público y social que requerirán siempre asumir, irrenunciablemente, principios y valores éticos insoslayables e incorruptibles para que, en su misión profesional, se cumpla con los propósitos superiores de las comunicaciones en el sentido humano, social, cultural y democrático.