la deuda pendiente

La igualdad democrática supone el derecho a participar con igualdad en los procesos de decisión institucionales. Simplemente porque a través de ellos se modelan los elementos económicos, sociales, culturales y medioambientales que componen el espacio vital donde se desarrolla la vida de los ciudadanos. La forma en cómo sean organizados y regulados determina el tipo de oportunidades vitales a las que tendrán acceso los ciudadanos de los territorios y qué proyectos de vida puedan llevar a cabo.

Hay así una conexión entre el tipo de oportunidades que las instituciones puedan ofrecer y el valor real de la igualdad de derechos del estatuto común de ciudadanos.

Por ejemplo, las zonas de sacrificio y los lugares abandonados al desarrollo económico nacional son espacios vitales con nula o escasa capacidad de ofrecer oportunidades de desarrollo, sumiendo a sus habitantes en una desmedrada desigualdad de derechos. Todo a consecuencia del dominante centralismo político y administrativo miope a las concepciones particulares de formas de espacio vital sensibles a la geografía y cultura diversa de los territorios.

Por tanto, Chile tiene una deuda democrática de trato justo con los ciudadanos de sus territorios, ya que la centralización estatal ha impedido el desarrollo territorial de la democracia, privando a sus instituciones locales y ciudadanos del derecho a decidir, con incidencia, en la configuración de su espacio común. El gobierno y administración regional ha estado condicionado al poder central tanto en la generación de sus autoridades como en la disposición de recursos económicos para su desarrollo. Este trato históricamente injusto ha significado mejores recursos y oportunidades para los ciudadanos de la capital pero a costa de un precio alto en desigualdad política y de oportunidades de los ciudadanos de sus territorios.

El proceso constituyente debe saldar esta deuda con un nuevo trato del centro con sus territorios, con una distribución adecuada del poder político hacia las regiones, cuidando por una parte de conservar la unidad política y territorial pero, a su vez, radicando ámbitos de autonomía política, administrativa y económica para el desarrollo de una democracia local receptiva a la diversidad cultural y geográfica de sus espacios vitales.

Poder y territorio

La actividad de gobierno es aquella que decide y resuelve acerca de los asuntos políticos, que son los que unen a la comunidad política. La actividad de administración ejecuta lo decidido en el ejercicio de la actividad de gobierno. En un estado democrático, la actividad de gobierno es ejercida por representantes populares y la de administración es realizada por la administración pública.

Si el territorio del Estado es pequeño, ambas pueden radicarse en una única organización, en la que la cercanía entre gobernantes y gobernados permite una actividad de gobierno acertada y efectiva. La polis de Atenas, en el siglo V a. de C., reconocida como ideal democrático, tenía una organización política de este tipo, eso si, sobre la base de una población y territorio pequeños.

El estado moderno suele tener un territorio extenso y, por lo mismo, no es posible organizarlo al modo de las polis griegas. Los dos grandes modelos para estructurarlo son el unitario y el federal. En el estado unitario la actividad de gobierno se concentra en un único nivel y la de administración puede funcionar en uno o varios niveles. En un estado federal la actividad de gobierno y la de administración se distribuyen entre distintos órganos con competencias diferenciadas en lo territorial.

En Chile tenemos un estado unitario, esto es, gobierno centralizado y en lo administrativo descentralización y desconcentración. Hacia 1826 se intentó construir en la Constitución un régimen federal, pero como otras iniciativas del período, el esfuerzo fracasó. Desde ahí y hasta la fecha, el estado unitario se ha convertido en un dogma incuestionable.

El gobierno autonómo de los territorios da vida y enriquece la política, incorporando a ella el insumo de las necesidades de cada comunidad territorial. En un pais extenso como Chile la cuestión no es baladí, pues la política nacional se concentra en temas de exclusivo interés para la Región Metropolitana. Dichos temas sólo alejan a los ciudadanos del resto del pais de la política, los que con razón entienden que no forman parte de las preocupaciones del Estado.

La postergada implementación del cargo de gobernador regional no cambia esta situación. Sí la cambiaría una ley de presupuestos de base federal o al menos autonómico, competencias exclusivas regionales en áreas significativas de inversión social, descentralización efectiva de los partidos políticos y sus liderazgos, como también el desarrollo de un debate político regional y comunal.

Dr. Carlos Dorn Garrido

Profesor Adjunto Derecho Administrativo

Escuela de Derecho

Alan Bronfman Vargas

Profesor de Derecho Constitucional