El Grupo de Lima, que integran una docena de países de la región, condenó el ataque que un grupo de simpatizantes del oficialismo venezolano realizó el sábado contra una manifestación encabezada por el líder opositor Juan Guaidó y denunció, a su vez, violaciones a los derechos humanos por parte del gobierno de Nicolás Maduro.

"Esto se ha convertido en un patrón sistemático de violación de DD.HH. por parte del régimen, por eso reiteramos que para la región es intolerable esta situación", dijo el Grupo en un comunicado divulgado por la Cancillería de Chile.

El Grupo - integrado por los gobiernos de Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y Venezuela, representada por delegados de Guaidó- consignaron que este tipo de actos de violencia "va en contra de los valores democráticos y no contribuye con una solución a la grave crisis por la que transita el país".

Actuar de colectivos

La declaración se produjo un día después de un confuso incidente en la ciudad de Barquisimeto, en el centro-occidente del país. Seguidores armados del gobierno de Maduro, conocidos como Colectivos, abrieron fuego y al menos uno de ellos apuntó un arma contra Guaidó, quien es reconocido por al menos 60 países, incluyendo Estados Unidos, como el presidente legítimo de Venezuela, bajo el argumento de que la reelección de Maduro en 2018 fue fraudulenta.

Enmascarado

Una fotografía del incidente muestra a un sujeto enmascarado que apunta una pistola hacia un grupo de activistas opositores, incluido Guaidó, quien mira directamente al hombre no identificado.

Un manifestante de 16 años fue baleado en una pierna y otros más fueron agredidos por miembros de los colectivos, informaron legisladores opositores.

Cabe señalar que AP no asistió a la manifestación, por lo que no pudo verificar lo señalado por los legisladores. La fotografía del hombre armado apuntando a Guaidó fue proporcionada a la AP por un equipo del líder opositor.

Más de 24 horas después, las autoridades judiciales y policiales venezolanas aún no se han referido al hecho.

La noche del domingo, el canciller venezolano Jorge Arreaza, sin mencionar a Guaidó, crítico a través de Twitter la postura del gobierno del Presidente colombiano Iván Duque sobre el incidente. "Habla el país de las fosas comunes, asesinatos casi diarios a líderes sociales y excombatientes", escribió.

El recién asumido Presidente uruguayo, Luis Lacalle Pou, comenzó ayer su primera jornada con una reunión con funcionarios del Ministerio del Interior y los 19 jefes de la Policía Nacional y anunció que se reforzará la presencia policial en el territorio.

El Mandatario, investido el domingo 1 de marzo en una ceremonia marcada por el cambio de signo político en el gobierno uruguayo, dio inicio a su primer día de gestión en la sede de la Presidencia, que amaneció con una nueva imagen institucional.

Como primera actividad, Lacalle Pou se reunió con el ministro del Interior, Jorge Larrañaga, con el viceministro de la cartera, Guillermo Maciel, y con los jefes de policía de los 19 departamentos, así como con los altos mandos de los cuerpos de Bomberos y Policía Científica, entre otras reparticiones.

Promesa de campaña

Al salir de la reunión el presidente brindó la primera conferencia de prensa de su mandato, en la cual enfatizó que el gobierno entrante, como prometió en la campaña política, estará comprometido con reforzar la seguridad pública.

"Estamos comprometidos con recuperar todo el territorio nacional, no estamos dispuestos a que haya zonas de exclusión al Estado y cuando digo al Estado digo a la policía, a los bomberos, a las ambulancias y todo aquel servicio que deba prestar el Estado en cada momento", subrayó.

En ese sentido, el Presidente anunció a la ciudadanía un eventual aumento de la presencia policial en las calles.

Guardia Republicana

"Con este conjunto de jerarquías policiales le queremos dar un mensaje a la población. Aquí hay un gobierno que empieza, hay un equipo civil y un equipo policial que va a estar al servicio de la población para poder cuidar a todos los uruguayos que se sienten desprotegidos", sentenció.

Por otro lado, cuestionado por posibles cambios en el accionar policial, Lacalle Pou sostuvo que si bien reconoce que la fuerza policial "está bien armada" se buscará fortalecer la Guardia Republicana.

"Hay un equipo civil y un equipo policial que va a estar al servicio de la población para poder cuidar a todos los uruguayos".

Luis Lacalle Pou, Presidente de Uruguay

Un equipo técnico del Fondo Monetario Internacional (FMI) llegó ayer a Buenos Aires para continuar las reuniones con el gobierno de Alberto Fernández sobre su programa económico y la estrategia de negociación de la reestructuración de la deuda, confirmaron a Efe fuentes del organismo.

La llegada de esta delegación se produce dos semanas después de la anterior visita, tras la que el FMI calificó de "insostenible" la deuda argentina y señaló que se requerirá "una "contribución apreciable de los acreedores privados" para resolver la situación y restaurar su sostenibilidad.

Al igual que la última vez, el equipo llegado a Buenos Aires está dirigido por la subdirectora del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI, Julie Kozack, y el jefe de misión del Fondo para Argentina, Luis Cubeddu.

Objetivo

El objetivo de esta nueva misión, según las fuentes, será "continuar las discusiones técnicas con funcionarios del Ministerio de Economía sobre el programa económico y la estrategia de deuda de las autoridades".

Además, los encuentros también serán "una oportunidad para continuar definiendo los próximos pasos con las autoridades".

La visita, que se extenderá hasta fines de la semana, busca entablar negociaciones formales con el FMI sobre la deuda que mantiene con el organismo, por unos 44.000 millones de dólares.

A esto se suma que Argentina se apresta a presentar una propuesta de reestructuración de deudas con acreedores privados.

Deuda pública

Según los últimos datos proporcionados por el Ministerio de Economía, el 31 de diciembre pasado la deuda pública total argentina ascendía a 323.177 millones de dólares -en 2015 era de 240.000 millones de dólares, según el anterior Ejecutivo, que encabezaba Mauricio Macri-, de la que 142.807 millones estaban bajo legislación extranjera.

El nuevo Gobierno ya anunció que lanzará en la segunda semana de marzo de este año su oferta a los tenedores de deuda pública externa con el fin de restaurar su "sostenibilidad" y poder enfrentar su pago, en el delicado momento de recesión.

Si bien Alberto Fernández insiste en que el país quiere pagar la deuda a los acreedores, reitera que no puede hacerlo en las condiciones actuales y pide tener en cuenta en las negociaciones la necesidad de que el país vuelva a crecer para costear sus obligaciones.

Prioridad

El pasado domingo, en su discurso durante la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso de la Nación, el Presidente reiteró que es una prioridad negociar una "salida sostenible a la encrucijada" de la abultada deuda externa de Argentina con acreedores privados.

"Con las autoridades del Fondo Monetario Internacional venimos trabajando de forma constructiva. Han reconocido lo profundamente grave que es la situación económica. Hay un creciente entendimiento mutuo", agregó.