José Rojas Pizarro
Como una gestión que "compra silencio" calificó el senador Juan Ignacio Latorre (RD) el trabajo de asesoría legal que realizó el abogado César Barra, presidente regional del PS, a los pescadores de la bahía de Quintero para que suscribieran un acuerdo con la empresa energética AES Gener. Por dicho convenio, cada pescador y dirigente social recibirá $ 4 millones en un plazo de 5 años, aunque tanto la firma como el propio abogado defendieron el proceso, que califican como limpio y legal.
"Barra es presidente regional del Partido Socialista, representa a la ciudadanía y al parecer el acuerdo es muy favorable para la empresa, ya que compra silencio y entrega a la empresa el derecho a contaminar", reitera Latorre.
- ¿Usted tuvo la oportunidad de hablar con los pescadores que firmaron el convenio?
- No, la verdad es que no, pero tuve la oportunidad de reunirme con organizaciones sociales y ambientales de la zona -como Greenpeace- que tienen vínculo con distintos actores de la comunidad de Quintero, con las Mujeres de la Zona de Sacrificio de Quintero y el Sindicato de Pescadores de Las Ventanas, que han repudiado el acuerdo entre la empresa y el presidente regional del PS.
- ¿Usted observa incompatibilidad entre tener un cargo de militancia dentro de un partido y ejercer alguna profesión? ¿Habría incompatibilidad en este caso?
- La incompatibilidad es de carga política y ética, no existe un marco legal que la sancione. El abogado César Barra tiene el derecho de defender a quien quiera, la pregunta es, ¿siendo presidente regional del PS, de qué lado está? Si bien el PS ha luchado en el sector costero por dar de baja a las termoeléctricas a carbón, hoy Barra es sindicado como "clave" a la hora de conseguir que sus representados, los pescadores, firmaran el acuerdo con la empresa, favoreciendo a esta última. Hay un cuestionamiento ético. Estamos hablando de alguien que se aprovecha de las redes políticas, de las redes de poder y que siendo de izquierda se supone que debe estar de lado de la gente, pero favorece a las empresas contaminantes.
- Si no está en la legislación, ¿cómo deberían los partidos resguardar el trabajo privado de sus dirigentes? ¿Es ético controlar de esa forma el accionar profesional?
- Debe existir una interpelación por parte de la ciudadanía y los mismos militantes del partido a sus dirigentes. Cada partido tiene tribunales de ética. Lo que yo esperaría es que hubiese un debate público, que las dirigencias del partido pudieran pronunciarse. Es muy fácil decirle a la gente que estás en contra del carbón y optar por una energía sustentable y, al mismo tiempo, avalar la acción que realizó el abogado socialista, que cerró el trato con los pescadores. El hecho que lo haga un presidente socialista de la región, de alguna manera enloda a toda la colectividad del Partido Socialista.
- ¿Cree que el PS debería adoptar medidas específicas?- La respuesta debería ser diseñada directamente por el PS, pero ¿están de lado de la ciudadanía o de parte del empresariado? Si un partido político tiene un principio, no debe ser muy distinto al actuar de tus intenciones particulares.
- La empresa dijo que el convenio lo firmó tras dialogar con los pescadores, sin forzarlos ni obligarlos. ¿Cuál es el ilícito?
- En el fondo, si quieres ayudar a los pescadores puedes compensarlos, pero no silenciarlos judicialmente. El acuerdo logrado por Barra determina que los pescadores deben desistir de la demanda obligándolos a renunciar por daños contaminantes a futuro.
- La empresa dijo que los pagos eran parte de un programa de apoyo y trabajo conjunto. ¿Usted cree que la empresa no debería suscribir este tipo de programas?
- Por supuesto que no. Estos son los típicos maquillajes de las empresas. En el fondo, es pavimentar el camino para defender sus intereses. "Compran" a través de este tipo de acciones voluntades, dividen a la comunidad de manera irrisoria, aprovechándose de la vulnerabilidad de las familias.
- ¿Cómo evalúa los avances de los planes de descontaminación en Quintero y Puchuncaví?
- Negativa. El plan de descontaminación es insuficiente. No existen sanciones ni tampoco multas. Se necesita una intervención radical, cerrar definitivamente la industria de carbón.
"Estamos hablando de alguien que se aprovecha de las redes políticas, de las redes de poder y que siendo de izquierda se supone que debe estar de lado de la gente, pero favorece a las empresas contaminantes". "Es muy fácil decirle a la gente que estás en contra del carbón y optar por una energía sustentable y, al mismo tiempo, avalar la acción que realizó el abogado socialista que cerró el trato con los pescadores".