Paolo Navia S.

Gran impacto causó al interior del Concejo Municipal de Viña del Mar la decisión del Ministerio Público de formalizar una investigación por el delito de fraude al Fisco en contra de tres importantes directivos del municipio de la Ciudad Jardín, entre ellos el exdirector de Administración y Finanzas y actual director del Departamento Jurídico, Pablo Staig.

La indagatoria inicial surgió en el contexto del denominado caso "horas extra", nacido en el informe de la Contraloría sobre dicho tema a inicios de 2019, y abrió un nuevo capítulo el lunes de esta semana, cuando el fiscal de la Unidad Anticorrupción (Urac), Patricio Toro, solicitó al Juzgado de Garantía de Viña del Mar que se fijara una audiencia para formalizar una investigación en contra de Staig, además de Manuel Jesús Echeverría León, contador auditor y actual director (s) de Administración y Finanzas, y Javier Enrique Garrido Vásquez, quien actualmente se desempeña como administrativo del Departamento de Finanzas, específicamente en el Área de Remuneraciones.

Destituir funcionarios

En este sentido, a dichos funcionarios se les atribuye una posible participación y responsabilidad en calidad de coautores en los delitos de fraude al Fisco, previsto y sancionado en el artículo 239 del Código Penal, cometidos durante los años 2014 y 2015.

La investigación penal partió con una querella criminal que los diputados Rodrigo González (PPD) y Daniel Verdessi (DC) presentaron por los delitos de malversación de caudales públicos, tras conocerse las conclusiones de la Contraloría Regional de Valparaíso vinculada con la auditoría que dicho organismo realizó al municipio liderado por Virginia Reginato, entre el 1 de junio de 2014 y el 31 de marzo de 2015 sobre el pago y cumplimiento de horas extra.

"Creo que durante el tiempo, y con el fin de llevar mejor la investigación, los funcionarios que van a ser formalizados debieran dejar sus funciones, en particular el director de Jurídico, cuyo cargo es de exclusiva confianza de la alcaldesa", dijo la concejala Marcela Varas (PPD).

La edil agregó que "los tiempos se están cumpliendo y estamos empezando a conocer los resultados de las diferentes investigaciones que se están llevando a cabo respecto del municipio de Viña del Mar. En este sentido, lo que hemos conocido no es más que la punta del iceberg y, al igual que todos los viñamarinos, espero que todos los que resulten responsables sean también formalizados".

Dicha opinión fue compartida por el concejal Sandro Puebla (Ind. pro PS), quien fue categórico para expresar que se deben hacer efectivas las responsabilidades por el pago de $28.220.009 a 65 trabajadores municipales bajo el concepto de horas extraordinarias diurnas y nocturnas, en circunstancias de que estos se encontraban haciendo uso de feriados y/o licencias médicas.

"Esto demuestra la gravedad de lo que ha ocurrido por años en la municipalidad, donde se ha perjudicado el patrimonio de todos los viñamarinos y, por lo mismo, llegó la hora que se hagan efectivas las responsabilidades de quienes han estado a cargo del municipio, ya que esta formalización es un antecedente muy relevante también para la solicitud de destitución de la alcaldesa que se tramita en el TER", manifestó el concejal.

Rol de la fiscalía

Quien entregó su apoyo a los funcionarios formalizados fue el concejal Carlos Williams (RN), quien al ser consultado al respecto manifestó que debe ser la Fiscalía la encargada de estipular posibles responsabilidades, por lo que, a su juicio, los funcionarios municipales no deben ser apartados de sus actuales funciones hasta que haya una decisión de responsabilidad.

"Pienso que, una vez que sean formalizados por parte de la Fiscalía, será el juez quien decida las medidas que corresponda adoptar. Por lo tanto, no creo que sea necesario apartar a los formalizados, ya que ellos están desempeñando las funciones de manera normal y las pruebas están en manos del fiscal, pues creo que ya no hay secretos de sumario", precisó el edil de la Ciudad Jardín, agregando que "ahora debemos esperar que el tribunal dicte sentencia a los supuestos implicados en el tema".

"Con el fin de llevar mejor la investigación, los funcionarios que van a ser formalizados debieran dejar sus funciones".

Marcela Varas, Concejala (PPD) de Viña del Mar

"No creo que sea necesario apartar a los formalizados, ya que ellos están desempeñando las funciones de manera normal".

Carlos Williams, Concejal (RN) de Viña del Mar

Tras la pandemia por el coronavirus y sus efectos, diputados de la zona han propuesto diversas iniciativas para paliar la inminente crisis. En dicho contexto, la diputada Camila Flores (RN) presentó un proyecto para que la Corte Suprema en pleno pueda modificar el Código Orgánico de tribunales y retrase los tiempos en las actuaciones judiciales.

La legisladora afirmó que "hoy tenemos muchas tramitaciones judiciales que se están realizando de manera presencial en todos los tribunales del país. Sin embargo, debido a la emergencia sanitaria que vive Chile, la mayoría de los plazos judiciales no se podrán cumplir. Por ello presenté un proyecto de ley que tiene por objeto modificar el Código Orgánico de tribunales, en el sentido de que la Corte Suprema en pleno pueda alterar los plazos en materia de actuaciones judiciales frente a situaciones extraordinarias o de emergencia".

Por tal motivo, añadió, "hemos pedido modificar el Código Orgánico de Tribunales; esta iniciativa busca que las responsabilidades que como abogados tenemos con las personas y los tribunales las podamos cumplir en un plazo mayor al estipulado y de esta manera ser responsable con la salud de todos los actores que confluyen en los tribunales de Justicia".

En tanto, el diputado Andrés Longton (RN) detalló los proyectos que presentó ayer en el marco de la situación que vive el país a raíz del brote de coronavirus. "Junto a la diputada Erika Olivera, hemos presentado un proyecto de ley con el objetivo de sancionar el alza del precio de bienes y servicios de primera necesidad y de productos sanitarios, en el contexto de estado de excepción constitucional y emergencia sanitaria", puntualizó Longton.

Además, junto al diputado Víctor Torres (DC) presentaron una iniciativa para extender el plazo para pagar los permisos de circulación, ya que "la gente debe permanecer en sus casas lo más posible, no movilizándose demasiado, lo cual ha afectado la realización de este trámite. El retraso en el pago viene asociado a multas de no realizarse hasta el 31 de marzo, por lo que resulta imperioso que este plazo se pueda extender por lo menos hasta el mes de mayo, ya que no todos tienen acceso a internet para realizar este trámite de forma online, debiendo movilizarse para hacerlo".

"La iniciativa faculta al Concejo Municipal para prorrogar la obtención del permiso de circulación hasta el mes de mayo".

Víctor Torres, Diputado DC