Katherine Escalona M.

Preocupados y molestos están los funcionarios públicos de la región, tras conocer el oficio firmado por el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, y el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, que obliga a los empleados fiscales a retornar gradualmente a sus oficinas.

Según informaron ayer diferentes gremios, la decisión del Gobierno sería una acción "criminal" ante la situación de contagios que existe a nivel nacional por la pandemia de coronavirus. Por esto, los funcionarios públicos, que ayer tenían que volver gradualmente a sus puestos de trabajo, fueron enfáticos en decir que si no están las garantías, no retornarán a trabajar físicamente a las oficinas, porque sí han estado en modalidad de "teletrabajo" y turnos éticos.

"Nos parece una medida criminal respecto de nosotros, pero particularmente respecto a la población. Somos casi 100 mil trabajadores públicos en el país y estos son 100 mil vectores de contagio. Y por otro lado, señalamos que acá existen todas las inconstitucionalidades porque no da cuenta de la realidad. Los trabajadores públicos no es que estén en sus casas sin trabajar, que es la intencionalidad que intentan decir; al contrario, han estado todos trabajando", aseveró la presidenta de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), Mabel Zúñiga.

"Emplazamos al Gobierno a que nos diga cuál es la función esencial que no está cubierta", precisó la dirigenta, agregando que "las tareas remotas se están haciendo y todo a costo de los propios trabajadores, porque el Gobierno no ha puesto un sólo peso".

Aclaró que "el Gobierno no nos ha entregado ninguna garantía de protección para poder realizar el trabajo, sin embargo, se ha logrado cubrir. Si hoy hay problemática en algunos servicios por el atochamiento eso tiene que ver con la precariedad del sistema y acá la verdadera intención del Gobierno es volver a una falsa normalidad para poder pagar con la vida del pueblo chileno la estabilidad económica de un grupo muy reducido".

Mientras, el secretario general de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) en la región, Renato Rivera, dijo que "le hemos dicho al intendente (Jorge Martínez) que uno de los temas que está mandatado el Estado es al diálogo social y eso no se ha hecho, no se ha escuchado cómo vamos a abarcar las soluciones del covid- 19 en las mayores problemáticas de la región y la preocupación es mayor porque aún no llegamos a los peak de la pandemia".

Gremios fiscales

La postura de la ANEF es respaldada por gremios de empleados fiscales de la región consultados por este Diario. La presidenta de la Asociación de Funcionarios del Gobierno Regional, Erika Aliste, recalcó que "cuando salió la circular nos comunicamos con el Ejecutivo para ver cómo iba a ser la bajada regional y, particularmente, el Gobierno Regional que no ha parado de funcionar con turnos y ahora tenemos que ver qué va a pasar".

La continuidad del trabajo también fue destacada por la presidenta de la Asociación de Funcionarios del Serviu (Servicio de Vivienda y Urbanismo), Johanna Lagos, quien resaltó que no se ha parado de trabajar, por lo que "con esto nuevamente se demuestra que no se sabe cómo el Gobierno está pensando".

Afirmó que "la economía va bajando, pero no podemos aprovechar esta instancia para decir que está todo bien y vamos a mejorar. Nosotros no tenemos un edificio institucional, por ejemplo, y los servicios sí se están entregando".

En tanto, la presidenta nacional de la Asociación de Funcionarios de Cultura, Mane Riquelme, aseveró que "estamos preocupados con los efectos que esta medida pueda tener. No es que no podamos salir a trabajar, claro que lo podríamos hacer; sin embargo, el Estado no nos garantiza ni la salud ni la vida".

La visión es compartida por el presidente de los funcionarios del Ministerio de Educación, Augusto Núñez, quien precisó que "vamos a respetar la salud y la vida de nuestros compañeros de trabajo y sus familias, porque acá lo que hicieron los ministros fue un acto temerario y de desprecio a la vida. No hemos dejado de trabajar ningún día y no vamos a permitir volver si las condiciones no están dadas".

"La verdadera intención del Gobierno es volver a una falsa realidad para poder pagar con la vida la estabilidad económica".

Mabel Zúñiga, Presidenta regional de la ANEF

Molestos y decepcionados con el Gobierno se mostraron los diputados RN Camila Flores y Leonidas Romero, luego que personal de La Moneda no les permitiera comunicar a los medios de prensa la solicitud de suspender el pago de pensiones a falsos exonerados políticos y ponga suma urgencia a un proyecto de ley que busca revisar todos los casos y revocar aquellos que no cumplan con dicha condición.

Todo esto en el contexto de utilizar de forma correcta e idónea el dinero del país, a fin de destinarlo a quienes realmente lo necesitan debido a la grave crisis por la pandemia por el covid-19.

"Junto al diputado Romero fuimos a La Moneda para ingresar una carta dirigida al Presidente de la República. Pedimos que haga uso de su facultad administrativa revocatoria para suspender el pago de pensiones de aquellos falsos exonerados políticos. Ya en el informe del período 2013 la Contraloría señalaba que teníamos a lo menos 3.000 casos de falsos exonerados políticos, y digo a lo menos porque la Contraloría tomó sólo un 12% de la totalidad de los casos de exonerados políticos a nivel nacional, donde no se comprobó que existía pago de cotizaciones previsionales ni se pudo verificar cuáles eran las funciones que estos supuestos trabajadores realizaban", precisó Flores. Según informaron, los fondos utilizados alcanzarían los $180.000 millones.