La muy humana necesidad de esperanza en tiempos difíciles ha dado lugar a un torrente de juicios y profecías optimistas, que insisten en el lado luminoso que tendría la traumática pandemia por la que atravesamos. Esta estaría extirpando la maldad del alma humana, abriendo con ello las puertas a la sociedad idealmente justa de nuestros sueños, mientras la reducción de la actividad productiva da un respiro al planeta del que jamás deberíamos volver a privarlo.

Me temo que la mayor parte de ello no es más que boba ingenuidad. La peste ha sacado a relucir lo mejor y lo peor de nuestra especie, recordándonos las tensiones que nos caracterizan, las que con seguridad no desaparecerán. El riesgo de involución del mundo -que además de cientos de miles de muertos a causa del nuevo coronavirus, comienza a ver legiones de desempleados, y en el que la pobreza y la indigencia desandarán años de reducción- es el mayor en muchas décadas.

El atávico instinto de buscar culpables entre los ajenos a la tribu dará a los populistas mayores dosis del resentimiento del que se nutren. La probabilidad de derivas autoritarias, de estados hipertrofiados que ahoguen la libertad y el progreso, de una agudización de la xenofobia que estanque los beneficiosos flujos migratorios y reduzca el comercio internacional en medio de una añoranza de autarquía, mientras las alianzas y organizaciones internaciones se trizan, ha aumentado. La reducción de emisiones contaminantes solo muestra cómo no debe perseguirse ese deseable objetivo.

¿No hay entonces nada bueno que decir en estos días? Sí lo hay. Gracias al inédito progreso producido por la globalización del liberalismo, el mundo está hoy en mejor pie que en cualquier otro momento de la historia para hacer frente al drama que vivimos (aunque en Chile eso habría sido más cierto antes del 18 de octubre). Hoy tenemos (a pesar de sus defectos) mejores servicios de salud, mayor desarrollo científico, la posibilidad de realizar muchas actividades a distancia gracias a internet y los Estados tienen más capacidad para ir en ayuda de los vulnerables. En algunos aspectos los gobiernos están actuando con mayor sabiduría que durante la pasada crisis financiera. Se están haciendo esfuerzos más relevantes por aligerar las penurias de los peor situados. La Unión Europea está mostrando mayor solidaridad con sus miembros más golpeados. Puede que la pandemia esté aumentando las opciones de Joe Biden de sustituir a Donald Trump como presidente de Estados Unidos, lo que ofrece esperanzas de fortalecer la colaboración internacional a partir de un liderazgo coherente para las naciones democráticas.

Por último, contamos con una plausible alternativa con que hacer frente a los cantos de las sirenas populistas, basada en la democracia, las libertades civiles, la apertura y la colaboración internacionales y una mejor red de protección social y de servicios básicos, unida a una economía libre más competitiva, menos contaminante y con menos privilegios y capturas de rentas. Y aun si ese programa sufre reveces en los años venideros, muy probablemente el mundo volverá más adelante la vista hacia él si sus defensores nos empeñamos en continuar enriqueciéndolo.

En su reciente balance de gestión 2019-2020, el defensor nacional, Andrés Mahnke, planteó que la población penal que supera los 42 mil privados de libertad en Chile, sumado al hacinamiento en los recintos carcelarios hacen que este grupo de personas tenga mayores posibilidades de contagiarse de covid-19 respecto de una persona que se encuentra en el medio libre. Lo antes señalado son algunas de las consecuencias del uso excesivo de la prisión preventiva para quienes son imputados por un delito y que hoy alcanza niveles cercanos a los de la antigua justicia penal que hace 20 años fue reemplazada por la Reforma Procesal Penal.

En el 2000, el 48,5% de los privados de libertad eran personas que esperaban un veredicto. Con la actual justicia penal, que ofrece diversas medidas cautelares, este porcentaje bordeó el 24% en 2007. Sin embargo, distintas modificaciones al Código Procesal Penal -al menos 29- sumadas a cerca de 61 iniciativas que han variado los contenidos del Código Penal han llevado a que hoy el 34,16% de la población penal sean personas imputadas en prisión preventiva.

A nuestro juicio, estas brechas dan pie a la vulneración de derechos o simplemente se distancian de los objetivos iniciales de esta gran reforma de la justicia chilena.

En reiteradas oportunidades hemos advertido sobre el uso excesivo de la prisión preventiva, que ha conllevado una condena anticipada para miles de personas en circunstancias de que al menos un 50% de estos imputados serán absueltos o condenados con penas no privativas de libertad.

Tanto las movilizaciones sociales como la pandemia de coronavirus han demostrado el compromiso de la Defensoría con la promoción y protección de los derechos humanos, lo que se ha traducido en la incorporación, a sus escritos, recursos y alegatos, de los criterios de los tratados internacionales en la materia e instando a los tribunales y demás actores del sistema que ejerzan cotidianamente el necesario control de convencionalidad con el que deben ponderar cada caso particular.

En esta misión, los defensores se han abocado a la cautela de garantías fundamentales de los grupos más vulnerables a la pandemia, como son los privados de libertad. En abril pasado iniciamos una acción coordinada, simultánea y continua en todo el país tendiente a presentar recursos ante tribunales para que los privados de libertad pertenecientes a grupos vulnerables -mujeres embarazadas, mujeres con hijos lactantes, personas de la tercera edad y enfermos crónicos- pudieran cambiar la prisión preventiva por la medida cautelar de arresto domiciliario total.

También apoyamos la iniciativa del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos plasmada en la Ley N° 21.228 sobre indultos conmutativos a personas condenadas y pertenecientes a grupos de riesgo sanitario.