Nicolás Reyes

Una larga controversia es la que arrastra el concurso de la Corporación Municipal de Valparaíso (Cormuval) para la designación de 15 directores en los establecimientos educacionales manejados por este organismo.

Basta con recordar el requerimiento que presentó ante la Contraloría Regional de Valparaíso el pasado 20 de abril el diputado Osvaldo Urrutia (UDI), en compañía de los concejales gremialistas Carlos Bannen y Luis Soto, además de la edil Ruth Cáceres (RN), quienes fueron respaldados por parlamentarios del sector que integran la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados..

En el documento, las autoridades de la zona pedían una investigación por presuntos vicios en el proceso antes mencionado, acusando la existencia de intereses entre los postulantes y la presidencia comunal del Colegio de Profesores, el Frente Amplio o, incluso, con la directora del área de Educación, Silvana Sáez.

Cuando ya estaba desatada la polémica, el pasado 22 de abril el alcalde Jorge Sharp, en conjunto con el Concejo Municipal, decidió encargar un informe a la Dirección de Control y a la Dirección de Asesoría Jurídica (DAJ) de la casa consistorial para que revisara la legalidad del proceso, cuyos resultados se obtuvieron el miércoles de esta semana y fueron bastante contundentes: en el documento se evidencias al menos ocho vicios legales en el proceso, los que terminaron por obligar al jefe comunal para que dejase sin efecto el concurso.

Respecto a esta decisión, Sharp subrayó que "dejar sin efecto el concurso nos va a permitir avanzar en esa dirección. Además instruí a la Corporación para que inicie una investigación que determine posibles responsabilidades y un informe con los plazos para la realización de un nuevo proceso", aunque no precisó por qué insistirá en el concurso cuando la propia contraloría interna municipal cuestiona la oportunidad de hacerlo.

Vicios legales

Entre las conclusiones más importantes que aparecen en el informe jurídico, destaca que "no se advierte la intervención de la Secretaria Municipal, como ministro de fe, en actuación alguna de los procedimientos concursales, situación que configura una infracción legal grave, que vicia la validez de todos los concursos", como en la elección de los docentes escogidos para integrar la comisión calificadora, del cual, además, "no se aportó evidencia en orden a que el sorteo haya sido público".

Respecto del citado procedimiento, se expone que "en el acta del concurso no se transcriben o registran los nombres de los elegidos, sino que se adhiere un recorte de Docente Mas 2018, donde se pueden ver datos o siglas de la propia evaluación docente. Dicha práctica resulta riesgosa, susceptible de ser vulnerada, por cuanto posterior a la firma de los asistentes, el papel podría ser retirado y reemplazado".

Otra de las anomalías que se presentaron en el proceso, dicen relación con la ausencia de Silvana Sáez en la comisión calificadora del concurso tres, sin que mediara una inhabilidad legal. Esto, según reza el documento, "configura una infracción legal, de acuerdo a lo manifestado en dictamen N°37.378 de 2013, de la Contraloría General de la República, en virtud del cual sólo es posible admitir un reemplazo cuando concurre una inhabilidad legal".

En lo que respecta a los nexos que tendrían los involucrados en este concurso, se indica que la persona seleccionada para el cargo de director del Instituto Técnico Profesional Marítimo, participó Silvana Sáez "quien era su jefatura directa, por lo cual, a fin de precaver eventuales conflictos de interés, debió abstenerse de participar en la evaluación".

En esa misma línea, se agrega que la docente Cristina Mondaca fue parte de la comisión que escogió a los directivos del Liceo Técnico Femenino y de la Escuela República de México. ¿El problema? El primero de ellos apoya una lista que compite por la presidencia comunal del Colegio de Profesores, la cual está compuesta, entre otros, por la misma Mondaca y el otro seleccionado. "Estimamos que, a fin de precaver eventuales conflictos de interés, dicha profesional debió abstenerse de participar en las evaluaciones, cuestión que en definitiva no realizó, viciándose con ello la selección de los directores señalados", detalla el escrito.

"nos dio la razón"

El informe de contraloría interna del municipio y la determinación del alcalde de dejar desierto el proceso, fueron celebradas por parlamentarios y concejales de Chile Vamos -sobre todo quienes participaron o apoyaron el requerimiento presentado a Contraloría Regional-, considerando que los vicios detectados coinciden con las irregularidades que acusaban.

En ese sentido, la diputada María José Hoffmann (UDI), sostuvo que "la decisión de anular la designación de directores de las escuelas y liceos de la municipalidad de Valparaíso, no hace más que darnos la razón en cuanto a que el proceso estuvo viciado desde su inicio y se realizaron designaciones en condiciones muy irregulares".

Así y todo, la legisladora por el séptimo distrito dijo que espera el pronunciamiento que haga Contraloría al respecto, con el propósito de "establecer responsabilidades y sanciones que correspondan. El alcalde Sharp debe entender que Valparaíso no es el bastión del FA y debe terminar con la designación de sus amigos en puestos clave dentro de la administración municipal".

Por su parte, el exgobernador de Marga Marga y actual director de la Cormuval, Gianni Rivera (DC), aseguró que "el tiempo nos dio la razón. Siempre dijimos que este concurso carecía de legalidad, que había ciertos vicios importantes en diferentes aristas y hoy más que nunca, acá está demostrado que lo que se denunció era efectivo. Me alegro que el alcalde haya hecho caso a ese contundente informe jurídico y haya declarado nulo el proceso, porque todos sabíamos que habían cosas que olían mal".

Rivera exigió una investigación sobre los recursos usados en el concurso, así como las responsabilidades asociadas a dicho gasto dentro de la Corporación porteña, un organismo cuya deuda alcanza varios miles de millones.

En esa línea, la abogada Jeanette Bruna, quien ejerció como asesora jurídica bajo la administración del alcalde Jorge Castro, expuso la necesidad de iniciar un juicio de cuentas dentro de la Corporación y apuntó al actual gerente del organismo, de quien pidió la renuncia.

Asimismo, diputado Osvaldo Urrutia remarcó que "aquí se botaron a la basura $50 millones y me gustaría que la Contraloría se pronuncie con respecto a quién debe responder por esta plata. Este dinero se invirtió en una consultora que posteriormente obligó a desechar este concurso por estar viciado. El presidente de la Cormuval tiene nombre y apellido y es el alcalde .Él debe responder por el dinero y en ese sentido, creo que la Contraloría tiene que hacer un juicio de cuentas".

Corrupción

En tanto, el diputado Pablo Kast (Evópoli), quien en abril hizo la denuncia a Contraloría por las irregularidades en el concurso, expuso que "me parece valioso que se haya anulado el proceso de designación en este concurso, pero lamentablemente, vemos que los hechos de corrupción e irregularidades dentro del sistema público sólo se revierten cuando son detectados y cuando hay una acusación pública de por medio".

En ese sentido agregó que " la Administración Pública, el Estado tiene que modernizarse y contar con una fiscalización más efectiva, sobre todo, en los municipios, que juegan un rol tan importante para la comunidad. Es allí, donde una buena gestión municipal puede cambiarle la vida a cada uno de los vecinos y donde la corrupción hace que la canalización de recursos tan valiosos para ellos, no lleguen nunca".

Mensaje al fa

Asimismo, comentó que "es momento de hacer una reflexión profunda por parte de los miembros del Frente Amplio. En menos de dos semanas llevamos dos hechos graves, uno al mentirle abiertamente a la ciudadanía por parte del diputado Jackson y, ahora, estos hechos de tan irregulares dentro de la municipalidad de Valparaíso, liderada por el alcalde Sharp".

Kast dijo que en la comuna de Providencia ocurrió una situación similar cuando era liderada por personeros vinculados al Revolución Democrática. "Por ende, esperamos que los miembros de este partido político empiecen a poner un estándar de probidad y respeto a las normas jurídicas, acorde a lo que ellos mismos han prometido, respecto a ser un movimiento nuevo que viene a mejorar la política y hacerla más transparente.

¿riesgo de acusación?

Ante la posibilidad de una acusación contra el jefe comunal por toda la polémica suscitada, el concejal Carlos Bannen aseguró que este hecho "es un argumento más para sumar antecedentes para un notable abandono de deberes. Acá se mal utilizaron recursos que no tiene la corporación para un concurso que fue anulado y ese mal uso de dineros ya configura un elemento importante para evaluar una eventual acusación en el futuro.

Por su parte, el edil Marcelo Barraza sostuvo que "si existiera una acusación de notable abandono de deberes, que a mí me parece lo lógico, no participaría. Yo dejaría que en la urna se definiera el próximo alcalde y no de esta forma. La ciudadanía tiene que juzgar esto".

" "No se advierte la intervención de la Secretaria Municipal, como ministro de fe, en actuación alguna de los procedimientos concursales, situación que configura una infracción legal grave".

Informe jurídico

" "Estimamos que, a fin de precaver eventuales conflictos de interés, dicha profesional (Mondaca) debió abstenerse de participar en las evaluaciones, cuestión que en definitiva no realizó".

Informe jurídico

"El mal uso de dineros ya configura un elemento importante para evaluar una acusación en el futuro".

Carlos Banen, Concejal UDI

"Si existiera una acusación de notable abandono de deberes, que me parece lo lógico, no participaría".

Marcelo Barraza, Concejal DC

"Lo corresponde acá es intervenir el Área de Educación, suspendiendo las funciones de su directora".

Andrés Celis, Concejal RN