Equipo Crónica

Tras el rechazo de la Corte de Apelaciones de Santiago ante el reclamo de ilegalidad (Rol 194-2020) presentado por el Consejo de Defensa del Estado (CDE) en representación de la Armada de Chile, la entidad castrense deberá entregar al solicitante la hoja de vida y calificaciones del ex comandante en jefe de la institución y miembro de la Junta de Gobierno, José Toribio Merino Castro, así como los demás documentos que consten en su carpeta de antecedentes, registros que contemplan la totalidad del tiempo que estuvo en servicio en la institución uniformada.

El Consejo Directivo del CPLT estableció en la decisión de este amparo (C3076-19) que la publicidad o difusión que se pueda dar a la hoja de vida del funcionario no vulnera la privacidad de su familia ni su derecho a la honra. Esto último, dado que en sus alegaciones la entidad uniformada sostuvo que "tratándose de la honra del fallecido, existen una serie de disposiciones en las que ésta se proyecta como un derecho propio de sus familiares, considerando que su memoria constituye una prolongación de dicha personalidad, protegida y asegurada como parte de la honra de la familia" (en conformidad al Art. 19 N° 4 de la Constitución).

Ante ello, la Corte de Apelaciones respaldó la decisión del CPLT, concluyendo que "el contenido de la hoja de vida de un funcionario público es de naturaleza eminentemente funcionaria, motivo por el cual tampoco se advierte con su publicidad una vulneración a la privacidad de la familia del exalmirante. En la especie se trata de información pública, pues ha sido elaborada con presupuesto públicos y se encuentra en poder de un órgano de la administración del Estado".

Información es pública

La decisión del Consejo consigna, además, que es la propia Armada la que mantiene en su web institucional información disponible sobre el desempeño del funcionario, formación militar, entre otros antecedentes relacionados con su carrera, y que ha sido elaborada con presupuesto público y se encuentra en poder de un órgano de la administración del Estado.

El CPLT estableció también que se trata de información pública respecto de la cual la Armada no acreditó que su divulgación afecte sus funciones, ni la seguridad de la nación ni el interés nacional. La corte afirmó que "lo solicitado no incide en información técnica militar, no implica la revelación de procedimientos ni estrategias de actuación de la Armada de Chile, ni obstaculiza la planificación de operaciones tácticas de inteligencia o contrainteligencia, ni procedimientos de defensa relativos a la seguridad nacional ni tampoco afecta los planes de empleo de las Fuerzas Armadas."

En sus decisiones, el criterio resolutivo del CPLT ha apuntado a la calidad de pública de información correspondiente a funciones que desempeñan servidores públicos, los que están sujetos a un nivel de escrutinio de una entidad mayor y que supone un control social más intenso respecto de sus antecedentes profesionales. A partir de esta premisa, el CPLT ha ordenado la entrega de instrumentos de medición de desempeño, registros de asistencia, currículum vítae, liquidaciones y otros similares.

En esta decisión del CPLT, la entidad representó a la Armada "su falta de colaboración en la tramitación del presente amparo, tanto al no remitir bajo reserva a este Consejo para su análisis la información reclamada". La institución naval se limitó a entregar una descripción genérica de la información contenida en la hoja de vida, argumentando que su revisión material "resultaba innecesaria para poder reservarla".

"Tampoco se advierte con su publicidad una vulneración a la privacidad de la familia del exalmirante (Merino)".

Fallo C. Apelaciones Santiago

La audiencia de juicio oral simplificado por el delitos de lesiones leves que se iba a realizar hoy en el Juzgado de Garantía de Quilpué, en contra de Víctor Gutiérrez Londoño, sicario que asesinó en la puerta de su casa a un empresario en Concón, fue suspendida por determinación de la Corte Suprema.

En un documento que se encuentra en la causa de Quilpué, anexa a su condición como imputado por el homicidio de Alejandro Correa, se establece que "atendido el Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe por calamidad pública, declarado por Decreto Supremo N° 104, del 18 de marzo de 2020, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública y de conformidad a lo dispuesto por Ley N° 21.226, publicada en el Diario Oficial con fecha 2 de abril de 2020, a fin de proteger la salud de todos los intervinientes y de la dotación de personal de este tribunal y resguardando la garantía constitucional del debido proceso, se ha dispuesto suspender la audiencias ordinarias programadas en la presente causa, durante todo el tiempo de vigencia del Estado de Excepción Constitucional, extiéndase inclusive a su prórroga, para el caso en que ésta se decrete".

Esta causa data de 2018 y es una denuncia por lesiones leves en contra de Gutiérrez Londoño, quien incluso figuró en la carpeta investigativa como prófugo de la justicia.

El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) informó que el reo de la cárcel de Valparaíso, Alejandro Angulo, uno de los cuatro homicidas de Daniel Zamudio -joven que perdió la vida en marzo de 2012 tras una brutal tortura que sufrió en un parque de Santiago-, amenaza con asesinar a más personas y golpear a otras, calificando a los porteños de "basuras hediondas a pescado", todo lo cual quedó registrado en un video que una de las víctimas de los ataques hizo llegar al Movilh.

"Esta es una situación gravísima y que raya en un absurdo cruel, dado que la amenaza se habría originado porque a Angulo le quitaron un joystick. Esto hace preguntarnos, ¿qué hace un sujeto en la cárcel con este tipo de beneficios? Esto es una burla, un abuso", apuntó el Movilh.

La declaración hace hincapié en que "lo ocurrido refleja un nulo arrepentimiento por lo sucedido a Daniel Zamudio y la osadía de amenazar con más crímenes; por lo tanto, esperamos, que estos aspectos se tengan en consideración en tribunales frente a cualquier petición de Angulo para que le rebajen penas o para acceder a beneficios. Este tipo no merece ningún beneficio. Su odio y desprecio a la vida humana lo vuelven un permanente peligro".

Abren investigación

Asimismo, el Movilh expresó su máxima preocupación al Departamento de Promoción y Protección y Derechos Humanos de Gendarmería, al cual pidió una investigación que aclare "el contexto de estas amenazas y el origen del conflicto".

Consultados por este Diario, desde Gendarmería indicaron que "se efectuó un procedimiento de registro y allanamiento en el módulo habitado por dicho privado de libertad. Esto con el objetivo de incautar elementos prohibidos por la administración penitenciaria. Estas acciones se realizan de forma constante y permanente en las distintas unidades penitenciarias de la región".

Por otra parte, indicaron que "ante las amenazas vertidas por el condenado, la institución realizará la denuncia respectiva ante el Ministerio Público. De igual forma, a estas medidas se suma el inicio de una investigación interna para esclarecer cómo ocurrieron los hechos y determinar las medidas a efectuar. El resultado de la misma será informado al Movilh por el Departamento de Promoción y Protección de Derechos Humanos de Gendarmería".

"Esperamos que esto se tenga en cuenta en tribunales frente a cualquier petición de Angulo para que le rebajen penas o para acceder a beneficios".

Declaración del Movilh

Con una inversión cercana a los $ 6.500 millones y tras 18 meses de trabajos, ayer fue abierto al tránsito el nuevo puente Los Castaños de Viña del Mar, que une la avenida del mismo nombre con la calle Simón Bolívar, a través de una estructura de 150 metros de longitud, con dos pistas por sentido. La construcción fue posible gracias a la aprobación cercana de $6.300 millones del Consejo Regional (Core) el año 2017, más $140 millones aportados por el municipio local. "Como Gobierno Regional, estamos muy contentos con la finalización de esta gran obra", subrayó el intendente Jorge Martínez, mientras que el presidente del Core, Manuel Murillo, consignó que "es una gran alegría poder inaugurar este proyecto tan anhelado por los ciudadanos". Por su parte, la alcaldesa Virginia destacó que era un puente necesario "para continuar uniendo a los viñamarinos", recordando, a su vez, que en la nueva losa en el estero Marga Marga funcionará la feria hortofrutícola.