Cristián Rojas M.

La Corporación de Educación, Arte y Cultura (CEAC) acudió a la Contraloría Regional para que investigue lo que denunció como faltas a la probidad e intervención irregular de la seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Constance Harvey, en un proceso licitatorio que estaba siendo decidido por una comisión que fue interrumpida por la autoridad, a quien acusan de incidir en favor de un oferente.

A través de una declaración pública, la CEAC expone que, tras solicitar las actas de la comisión evaluadora, pudieron constatar que "lo expresado por la seremi en la resolución de revocación, haciendo referencia a las incongruencia de las bases, no es un pronunciamiento de la Comisión, ya que la seremi interrumpió su funcionamiento antes de que este órgano se refiriera definitivamente al respecto. De esta forma, se denota que la señora Harvey toma una decisión apresurada, sin siquiera esperar que la comisión hiciera su trabajo, llamando profundamente la atención que esta decisión la tomara inmediatamente después que el oferente Procultura fuera definitivamente rechazado".

Agregan que "creemos firmemente que este acto contiene vicios que deben ser investigados, pues se desprenden del Acta de la Comisión Evaluadora señales de irregularidades cometidas por la seremi, con un interés manifiesto por una de las ofertas presentadas, la cual fue rechazada en dos oportunidades".

Consultada al respecto, Harvey dijo estar tranquila "porque este proceso se ha realizado, finalmente, con toda la transparencia y de manera apegada a la normativa legal, como corresponde, ya que en la licitación anterior se generaron diferencias en la interpretación de las bases, no solamente por parte de los mismos evaluadores, sino que también al revisar las propuestas de los oferentes, y la verdad es que las bases tenían un error que hubo que corregir, para que de esta manera el proceso sea transparente e igualitario para todos".

Explicó que "por eso resolvimos revocar este proceso licitatorio, para que se corrigieran las bases y se realizara un nuevo proceso. Y en estos procesos, la verdad es que los oferentes son libres de participar y de ejercer acciones en los organismos públicos pertinentes, para lo cual siempre voy a estar dispuesta a entregar toda la información y toda la documentación requerida".

En un fallo unánime, la Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de Valparaíso acogió la solicitud del Ministerio Público de aplicar la cautelar de prisión preventiva para los dos imputados sindicados como cómplices del homicidio del empresario Alejandro Correa, cometido el pasado 18 de mayo en las afueras de su domicilio en Bosques de Montemar, en Concón, hecho por el cual está formalizado un ciudadano colombiano, a quien habrían pagado para perpetrar el crimen.

En la resolución de primera instancia, y pese a todas las evidencias presentadas en audiencia, el juez de garantía de Viña del Mar, Rodrigo Cortés Gutiérrez, no acogió la medida cautelar solicitada el fiscal Estefan Kramar para ambos imputados. Se trata de Melissa Palma Valdés (24 años) y Claudio Riveros Canales (39), pareja del ciudadano extranjero y chofer del colectivo utilizado, respectivamente.

Según la investigación, ambos inculpados "concurrieron el día anterior a la casa de la víctima, demostrando que cooperaron a la ejecución del hecho por actos anteriores, lo que permite atribuirles participación en calidad de cómplices del delito de homicidio".

Ante la gravedad de la pena asignada a los delitos, el número de delitos por los cuales han sido formalizados y que no gozan de irreprochable conducta anterior, se concluyó que ambos imputados constituyen un peligro para la seguridad de la sociedad, decretándose la prisión preventiva.