Katherine Escalona M.

Los ocho concejales de Valparaíso (de 10 que componen el cuerpo colegiado) que el miércoles solicitaron la destitución del administrador municipal, Claudio Opazo, ante cuestionamientos por una mala gestión -lo que fue planteado en el polémico Concejo Municipal del miércoles que no llegó a término- oficializaron ayer la convocatoria para una sesión extraordinaria que fue aceptada por la secretaria municipal, Mariella Valdés, quien fijó la reunión para las 16 horas de hoy.

En la instancia, según solicitud de los ediles, al cumplir con el requisito de un tercio para autoconvocarse, se discutirán dos puntos: la remoción del administrador municipal, cuya eventual renuncia sonó con fuerza en la jornada de ayer, y el tema de la censura que plantearon los ediles contra el alcalde Jorge Sharp, tras terminar abruptamente el último Concejo Municipal.

"Se formalizó la solicitud para el Concejo Extraordinario y va a ser mañana, a las 16 horas. La secretaria municipal es, a su vez, ministro de fe; y si hay seis concejales de acuerdo, ya se puede autoconvocar, pero en este caso somos ocho y por ley se aceptó. Será una sesión más. Si el alcalde aparece, él preside; o si no, será Marcelo Barraza (DC), que es quien le sigue en votación", afirmó el concejal Iván Vuskovic (PC).

En medio de un clima de tensión donde este Diario pudo averiguar que incluso Vuskovic habría recibido presiones de su partido para no participar de la destitución, sobre lo cual no se quiso referir el concejal comunista, surgen nuevas declaraciones que amparan la presión política por parte de la Unión Comunal (Unco) a favor del alcalde.

En tanto, ayer, Sharp, a través de un comunicado, convocó a los concejales a una reunión el próximo lunes, a las 9 horas.

"El alcalde invitó al Concejo Municipal para el día lunes a una sesión, pero nosotros igual nos autoconvocamos porque él nos vetó en el último Concejo. Esto lo hicimos por el acuerdo de destitución del administrador municipal, acción que votan a favor 8 de 10 concejales por distintas faltas administrativas e ilegalidades del administrador municipal", aseveró el concejal Marcelo Barraza.

Frente a las declaraciones sobre una persecución política y aprovechamiento en medio de la pandemia, según desliza el comunicado de la Unco, la organización formuló que "hacemos un llamado a las distintas autoridades a posponer sus planes de posicionamiento electoral en este periodo de emergencia". Frente a ello, el edil Barraza explicó que la destitución tiene por objeto "resguardar los fondos municipales".

"El alcalde politiza esta situación y es administrativa. Nace por el desorden en la distribución de las cajas de alimentos, los sumarios inconclusos, el cuestionamiento de los arriendos, los subcontratos y otros temas. Hay un desorden total, una mala gestión y nosotros debemos proteger el presupuesto municipal", dijo.

Sin embargo, contrarios a la remoción están los concejales Zuliana Araya (PPD) y Yuri Zúñiga (Ind). Este último recalcó que "yo no estoy de acuerdo en lo absoluto con la destitución. Conozco a Claudio Opazo y conozco la trayectoria de él, sé la persona idónea que es, una persona honrada, entregada a la gran responsabilidad de ser administrador municipal. Entonces, para mí esto es un oportunismo político, el momento es inoportuno, la gente sólo quiere unidad transversal en todo lo que pasa".

Reunión del lunes

A través de un comunicado, el alcalde Jorge Sharp llamó a un cónclave para este lunes. "Convocamos a los concejales y concejalas a una reunión de trabajo, (...) donde podremos conversar sobre la forma en que se desarrollará nuestra relación en los próximos meses, en torno a lo que prioritariamente nos debe importar, que es la atención, cuidado, protección y acompañamiento a los porteños y porteñas en esta crisis sanitaria, social y económica", dice el escrito.

Esta convocatoria surge, según se detalló, tras la declaración pública que hicieron 8 de los 10 concejales que acusan falta de diálogo. "Si bien no compartimos esa opinión, siempre a lo largo de nuestra gestión hemos coincidido en la necesidad de dialogar y llegar a los acuerdos que sean necesarios para el desarrollo de Valparaíso", se explicó.

"El alcalde politiza esta situación que es administrativa. Nace por el desorden en la distribución de las cajas de alimentos".

Marcelo Barraza, Concejal (DC)

"Conozco a Claudio Opazo y conozco la trayectoria de él, sé la persona idónea que es, una persona honrada".

Yuri Zúñiga, Concejal (Ind.)

El informe de seguimiento de la Contraloría Regional de la República efectuado al "Informe Final de Investigación Especial N° 16 de 2019, sobre eventuales irregularidades en los contratos de concesión de estacionamientos en la Municipalidad de Valparaíso", dio a conocer que, a la fecha, el municipio porteño sólo ha subsanado dos de las seis observaciones que hace la entidad fiscalizadora.

En este sentido, el órgano fiscalizador reiteró a la casa consistorial porteña que agilice el sumario sobre la materia, porque si bien "se deja constancia que el procedimiento disciplinario ordenado instruir en la Municipalidad de Valparaíso (...) fue iniciado por la entidad mediante el decreto alcaldicio N° 58 de 2019, modificado por decreto alcaldicio N° 226 del mismo año", no habría avances al respecto.

Así lo deja ver la Contraloría al precisar que "atendido su estado actual y el tiempo transcurrido, se solicita adoptar las medidas que sean necesarias, a objeto de agilizarlo, ajustándose a los plazos de instrucción conforme lo dispuesto en el artículo 141 de la Ley N° 18.883, sobre Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales".

Otras observaciones

A esta observación se suma el contrato por la "Concesión de la explotación del Servicio de Control de Tiempo de Estacionamiento de Vehículos en Vías Públicas", donde el ente fiscalizador "advirtió una sobreexplotación de 76 cupos de estacionamientos entregados en concesión, situación que constituye una causal de resolución del contrato", estando pendiente el conteo y demarcación de los cupos, por lo que solicitó la correcta demarcación que debe pedir el municipio a la concesionaria.

Asimismo, la Contraloría no dio por subsanada la observación que se refiere a la "Concesión para el Diseño, Ejecución y Explotación de Estacionamientos Subterráneos, Área Plaza O'Higgins y Pasaje Juana Ross", donde el proyecto adjudicado fue sustancialmente alterado con obras de remodelación, lo que "afectó los principios de igualdad de los oferentes y de estricta sujeción a las bases de la licitación".

Por este contrato, no se dio por superada la observación de pago de derechos de concesión donde "se advirtieron hasta 865 días de atraso en el pago de los derechos de concesión a la municipalidad, sin que conste el cobro de intereses corrientes a la concesionaria" y "a su vez, se comprobó un pago en exceso de los derechos de concesión, de $ 389.672", acciones que deberán ser regularizadas en un plazo de 30 días hábiles.

Y por el mismo contrato "se advirtió la sobreexplotación de los 289 cupos de estacionamientos entregados en concesión a la empresa Consorcio Valparaíso S.A., toda vez que existían 294 aparcaderos demarcados, constatándose para ciertos tramos el uso efectivo de una cantidad mayor de cupos", donde se habría destinado a dos inspectores municipales, pero la situación no fue considerada suficiente por la entidad fiscalizadora.

"Atendido su estado actual y el tiempo transcurrido, se solicita adoptar las medidas que sean necesarias, a objeto de agilizarlo".

Extracto de Informe

Por unanimidad, el tribunal colegiado compuesto por los jueces Roxana Valenzuela Reyes (presidenta), Claudio Correa Zacarías y Juan Carlos Maggiolo Caro (redactor), del Tribunal Oral en lo Penal (TOP) de Viña del Mar, rechazó la solicitud de la defensa del imputado John Cobin, de modificar la cautelar de prisión preventiva por malestares en uno de sus ojos.

En la audiencia de revisión de cautelares se estimó que el imputado, quien se encuentra en esa condición desde noviembre del año pasado por dos delitos de homicidio frustrado, disparar injustificadamente en la vía pública y ejercer actos de violencia destinados a alterar la tranquilidad en Reñaca, en el marco de una manifestación por el llamado estallido social, es considerado un peligro para la sociedad y se ordenó a Gendarmería atender su condición.

"Se ordenó oficiar a Gendarmería para efectos de que sea revisado por un médico de la institución y que éste determine si requiere el tratamiento oftalmológico", precisó el TOP de Viña del Mar.