Pamela Boltei

La noche del viernes 17 de julio un incendio arrasó con el segundo piso de la extextil Karmy, ubicada en 1 Norte, a la altura de Limonares. Bomberos barajó, entre sus hipótesis, la opción de que una fogata al interior del recinto fuera la causante de las llamas que se extendieron hasta las primeras horas de la madrugada.

La emergencia, además de alarmar por la posibilidad de que se extendiera el fuego a las viviendas cercanas, fue la gota que rebalsó el vaso de la comunidad aledaña, que hoy clama por ayuda para proteger el barrio de lo que consideran una amenaza inminente de un foco de delincuencia.

Hace más de un año el edificio está abandonado y por más que han intentado acceder a quien sea su dueño, no lo han logrado. Lo que sí han visto es cómo distintas personas entran y salen con cosas, saqueando e incluso habitando allí, situación que los preocupa de sobremanera.

De hecho, cuando ocurrió el incendio, Aurora Crook, vecina y secretaria de la Junta de Vecinos Limonares, sentenció, crudamente: "Se veía venir".

Lugar Abandonado

"Ese lugar está abandonado hace aproximadamente como un año. La última empresa estuvo ahí fue Caffarena, luego fue asaltada y se fueron, posteriormente este terreno se puso en venta y no se logró vender. En el intertanto comenzaron a saquearlo, desmantelarlo y finalmente quemarlo", cuenta Cecilia Rodríguez, presidenta de la Junta de Vecinos Limonares.

Efectivamente, y tras más de 50 años de historia, el 8 de febrero del año pasado la empresa textil Karmy, conocida por su ropa interior "Carter's", se acogió a la nueva ley de quiebras o Ley de Insolvencia y Reemprendimiento y se dictó su liquidación.

Por ello, al ser consultados sobre el incendio de hace dos semanas, señalaron que ellos ya no son dueños del inmueble y que se liquidó. Actualmente, y hace tres meses aproximadamente, pertenece a otros dueños, que hasta el cierre de esta edición no dieron a conocer su posición.

El comandante de Bomberos de Viña del Mar, Gonzalo Román, señaló que ya terminaron la investigación sobre el origen del incendio, y aunque declinó dar mucho detalle, pues se encuentra en manos de la Fiscalía, dijo que "todo indicaría que hubo acción de terceros. No hubo accidente eléctrico, no hubo sobrecarga de línea, no había gas, por lo que ese incendio no se pudo iniciar solo, hubo acción de terceros. ¿Qué pudo ser? Descuido, una fogata, hay una serie de temas que verá la Fiscalía. Eso ha pasado en muchos lugares, como en la casa Italia, que gente que la ocupaba hicieron una fogata y la quemaron entera".

"Que se hagan cargo"

"Nuestro temor como vecinos es constante y tememos que se tomen ese lugar, se escondan, roben a los vecinos que transitan rumbo al Jumbo y de regreso a sus casas, nos asalten , roben y pueden hasta violar", dijo la dirigente.

Por ello es que llaman "a que los propietarios se hagan cargo de este lugar, protegiéndolo y asegurando que nadie entre. Y a las autoridades que son avisadas de esta situación y tomen las medidas correspondientes, ya sea contactándose con los propietarios o vigilancia constante nocturna".

Jorge Cafena, director de Seguridad, Fiscalización y Ordenamiento Comunal de la Municipalidad de Viña del Mar, dijo al ser consultado al respecto que "si bien se trata de un sitio privado, que está en venta, por lo que su resguardo es competencia de los dueños, como municipio realizaremos la fiscalización de las situaciones planteadas por los vecinos y, paralelamente, oficiaremos a la Dirección de Obras para aplicar la normativa vigente en cuanto a la obligación de los dueños de predios privados a disponer un cierre adecuado de los mismos".

"Tememos que se tomen ese lugar, se escondan, roben a los vecinos que transitan al Jumbo, nos asalten, roben y hasta violar".

Cecilia Rodríguez, Pdta. JJ.VV. Limonares

"Claramente, ha habido una avalancha y las solicitudes han aumentado", informó la magistrada Marcela Valenzuela, del Juzgado de Familia de Valparaíso, en relación al trámite que se debe efectuar en la Oficina Judicial Virtual (oficinajudicialvirtual.pjud.cl) para retener fondos previsionales a quienes hagan uso del retiro del 10% y sean deudores de pensiones de alimentos.

Eso sí, aclaró que el acceso a estos recursos sólo será posible si el deudor decide solicitar estos ahorros a su AFP, puesto que "el tribunal no puede obligarlo ni compeler a que haga este trámite", puntualizó.

Junto con enfatizar que la retención de estos dineros es sólo para responder a este compromiso pendiente y no para saldar otras deudas judiciales, aseveró que para que ello ocurra debe existir "una causa que ya esté judicializada, es decir, si una persona no ha pagado durante 20 años y ahora ve la posibilidad de poder recurrir a estos fondos, si no ha demandado alimentos, si no se han fijado alimentos de manera judicial, si no se apega al cumplimiento y si no tiene deudas, no va a operar".

En cuanto al proceso, explicó que una vez que se solicita esta retención se debe realizar el cálculo de la deuda, es decir, una liquidación, con el fin de conocer si efectivamente existe una deuda por pensión de alimentos y cuál es el monto de ella.

Luego de ello se notifica al deudor "de manera tal que él también tenga el derecho de pagar o reclamar este monto en orden a que exista, por ejemplo, un error numérico o que no fue considerado un pago que sí había hecho".

En cuanto a los plazos, consignó que "en términos normales se puede demorar 15 días en liquidar una pensión de alimentos; y ahora con la pandemia puede que estos plazos se extiendan, no obstante los esfuerzos que está haciendo el Poder Judicial en orden a que estas unidades de cumplimiento que operan en los tribunales de justicia, donde están los funcionarios que hacen las liquidaciones, puedan ser reforzadas con mayor personal".

La jueza Marcela Valenzuela recalcó que esta retención no obedece a renta, "por ende, no existe este tope del 50%". Por lo tanto, se podrá imputar el 100% del retiro al pago de la pensión de alimentos.

Diputados de la UDI e integrantes de la comisión de Educación, en conjunto con la Corporación Nacional de Colegios Particulares de Chile (CONACEP A.G.) -que reúne a establecimientos subvencionados y pagados del país-, hicieron un llamado al Gobierno para que en la Cuenta Pública de este viernes se anuncie un subsidio a las familias en relación al copago que efectúan en los colegios particulares subvencionados, considerando que muchos padres y apoderados no han podido cancelar a tiempo las mensualidades de sus hijos al estar desempleados o por haber sufrido una baja significativa en sus ingresos a causa del coronavirus.

"No es una solución legislar en torno a permitir la continuidad de los alumnos en un colegio particular subvencionado, para el año 2021, si el establecimiento y su proyecto educativo colapsa económicamente en 2020. La pregunta que nos debemos hacer, entonces, es qué hacer para que las urgencias financieras de los padres sean atendidas sin que ello afecte la continuidad de los proyectos educativos. Y si para eso el Gobierno apoya a estas familias, principalmente de clase media, en el sentido de aportar en parte a la colegiatura durante esta pandemia, sin duda que será muy bien recibido por los padres", sostuvo el presidente nacional de la agrupación, Hernán Herrera, quien advirtió que el pago de las colegiaturas ha disminuido en más de un 50%, generando una crisis financiera interna en los establecimientos.

"Tenemos que evitar el máximo de las consecuencias de esta pandemia, y una de ellas es que los alumnos no vean en riesgo sus estudios por el hecho de que sus padres no pueden costear las mensualidades de los colegios. Por eso nos parece tan necesario que dentro de las ayudas para la clase media se entregue también un subsidio al copago para que los apoderados tengan que pagar un monto mucho menor, evitando así una mayor deserción a nivel escolar y una crisis financiera en los establecimientos", planteó la diputada María José Hoffmann e integrante de la Comisión, quien hasta ayer también conformaba Jaime Bellolio, el cual asumió como ministro de la Segegob.

Se estima que, en el caso de los padres y apoderados, un subsidio al copago en los colegios particulares subvencionados beneficiaría a alrededor de 700 mil alumnos, lo que se traduce en cerca de 400 mil familias de clase media del país.