Cristián Rojas M,

La Comisión de Libertad Condicional de la Corte de Apelaciones de Valparaíso tendrá una sesión extraordinaria el miércoles 26 de agosto, en la que revisará algunos casos, entre ellos el de Hugo Bustamante, imputado por violación con femicidio e inhumación ilegal de la adolescente Ámbar Cornejo, de 16 años, delitos cometidos el 29 de julio en Villa Alemana mientras gozaba del beneficio de la libertad condicional que le fue otorgado el año 2016, junto a otros 787 reos de la región.

El viernes pasado, día de la audiencia de control de detención de Bustamante, el abogado que actuaba en representación de la Municipalidad de Villa Alemana, Roberto Vásquez, solicitó al Juzgado de Garantía de esa ciudad que remitiera los antecedentes a la Corte de Apelaciones a fin de que se le revoque la libertad condicional. Tras conocer que se revisará el caso de Bustamante, Vásquez destacó que el municipio "valora profundamente el efecto de dicha solicitud, la disposición de dicho ilustrísimo tribunal para revisar la eventual revocación del beneficio del imputado".

Pero la revocación de la libertad condicional no sólo la había solicitado el abogado del municipio de Villa Alemana, ya que su colega, Jeanette Bruna, también lo hizo, en representación del padre de Verónica Vásquez y abuelo de Quenito, el hijo de ella, ambos víctimas de Bustamante el año 2005.

Para la jurista, la instancia anunciada para el 26 de agosto "es un súper buen paso. Sabemos que es difícil que se revoque la libertad condicional ahí, porque son dos causales taxativas y la única a la que podemos optar para argumentar la revocación es el incumplimiento de las medidas de Gendarmería, para lo cual es indispensable el informe detallado que entregue la institución para ese efecto".

Por otra parte, explicó que en forma paralela pedirá "que se nos tenga como parte en la comisión y que se escuchen los argumentos de la víctima, que en este caso iría representada por mí, con el mandato de don Raúl, que es el padre de Verónica y abuelo de Quenito".

Escenarios posibles

Bruna precisó que si la libertad condicional "no se revoca y se espera la condena, él sigue cumpliendo pena pero en libertad, porque siguen corriendo los años de su condena, que por ley, desde que le dieron la libertad condicional, quedó reducida a 20 años, no a 27. Entonces, hasta el 2016 él cumplió 11 años de pena en cárcel y al 2020 han transcurrido cuatro años más de cumplimiento de pena, por lo tanto, lleva 15 años cumplidos, y a lo que podemos optar es a que cumpla en cárcel 5 años más, que es lo que le resta de la pena".

En ese sentido, advirtió que "por cada día que pasa se nos va achicando el tiempo. Si es que no revocan ahora y esperan una condena, entonces va a pasar todo este tiempo en que vamos a depender de la premura que le den a la investigación y condena de Bustamante".

Actualmente el imputado está en prisión preventiva, respecto de lo cual Bruna precisó que, si se mantiene sólo en esa condición, implica que "nos olvidamos del caso de Verónica y Quenito, y simplemente queda con esa medida cautelar. Por eso nuestra lucha ha sido lograr que se cumpla la pena en cárcel, no en libertad, a la que fue sentenciado en 2005, aunque sea lo que reste, pero que la cumpla en prisión".

Argumento y sumatoria

El argumento que está trabajando la jurista dice relación con que Bustamante, al estar en prisión preventiva, ya no estaría concurriendo a firmar mensualmente a Gendarmería, con lo cual incumpliría una de las condiciones para mantener su libertad condicional. "Claro, alguien me va a decir que es justificable que no esté firmando. Sí, pero es por responsabilidad de él", planteó.

La abogada explicó que, de tener éxito, la pena anterior se sumaría a una eventual nueva condena, ya que "si se revoca la libertad condicional, efectivamente, tiene que cumplir los cinco años que le quedan, y cualquier otra nueva condena se va a considerar una vez que termine de cumplirse esta primitiva. Ahora bien, si no se revoca, entonces se tendría que esperar la condena en el actual caso para que proceda la otra causal de la revocación, que es estar condenado por otro delito, y ahí se sumaría solamente lo que reste por cumplir de la pena. Por lo tanto, en ese caso sería muy importante que el juicio fuera rápido".

"Nuestra lucha ha sido lograr que se cumpla la pena en cárcel, no en libertad, a la que fue sentenciado en 2005".

Jeanette Bruna, Abogada de la familia de las, víctimas del año 2005

La ministra vocera de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, salió en defensa de la jueza Silvana Donoso, ministra de la Corte de Apelaciones de Valparaíso que presidía la Comisión de Libertad Condicional que el año 2016 le otorgó el beneficio a Hugo Bustamante, pese a tener dos homicidios a su haber, de los cuales no alcanzó a cumplir ni la mitad de la pena.

Hoy se presentará en la Cámara de Diputados una acusación constitucional en contra de Donoso, respecto de lo cual Chevesich planteó que "acusar a alguien porque está ejerciendo la labor, está aplicando la ley vigente al momento de la decisión adoptada, no nos parece que corresponda (...). La postura de la Corte Suprema, y del Poder Judicial en general, es que en este caso se actuó conforme a la ley".

En esa línea, el Colegio de Abogados de Valparaíso emitió una declaración pública en la que lamentaron los cuestionamientos y "funas" de los que ha sido objeto la jueza Donoso, planteando que ello "puede conducirnos a situaciones de falta de independencia y politización de nuestros tribunales de justicia y sus integrantes, en la que éstos se vean obligados a fallar bajo la presión de diferentes intereses sociales".

Sobre Ámbar, expresaron que "su trágica muerte debe ser motivo de una serena y profunda reflexión, partiendo de la base que ha sido el Estado, el sistema político y el sistema judicial, quienes han fallado en su conjunto".

El Comité de Ministros de Estado que revisa los permisos ambientales de los proyectos de edificación, aprobó los estudios de la inmobiliaria Punta Piqueros que descartan impactos ambientales en el hotel del mismo nombre que se está construyendo sobre unos roqueríos del borde costero de Concón, según informó ayer el Diario La Segunda.

La decisión contradice sucesivos fallos de la Corte Suprema que declararon ilegales los permisos obtenidos, respecto de lo cual el abogado Gabriel Muñoz, que representa a la Corporación Pro Defensa del Patrimonio Histórico y Cultural de Viña del Mar, ONG que ha impugnado el proyecto desde sus inicios, planteó que "es una decisión contradictoria con los fallos de la Corte Suprema, que han sido más de cinco favorables a declarar que es una construcción ilegal en su origen, que no tiene permiso y que tampoco tiene un estudio de impacto ambiental. Esto también fue declarado por la Contraloría General de la República, una vez; por el Tribunal Constitucional una vez; y por el Tribunal Ambiental, en dos oportunidades".

Corporación apelará

El jurista adelantó que "de ser cierta la noticia -porque no nos han notificado-, vamos a recurrir no solamente al Tribunal Ambiental, sino también a la Corte Suprema, para que hagan valer los fallos de esos dos tribunales". En ese sentido, recordó que el año 2014 "también acudimos al Tribunal Ambiental, que declaró ilegal el permiso ambiental que en esa ocasión otorgó el Comité de Ministros. Y también acudimos a la Corte Suprema el año 2016, en fallo en que ratifica lo dicho por el Tribunal Ambiental, declarando que esa decisión era contradictoria e ilegal".

Por su parte, el alcalde de Concón, Óscar Sumonte, aseguró que "esta decisión en ningún caso faculta el reinicio de las obras del hotel, porque hoy día hay una instrucción de la Corte Suprema que dejó nulos todos los permisos".

Ese dato es relevante, puesto que el permiso de obras del hotel data del año 2011, año en que aún no entraba en vigencia el nuevo Plan Regulador Comunal de Concón, por lo que los gestores del proyecto requerirán un nuevo permiso de obras para continuar, ahora bajo los parámetros del instrumento urbanístico que rige en la actualidad.

Desde la inmobiliaria Punta Piqueros señalaron que "la Corte Suprema, en el fallo de 2019, rectificó que el proyecto debía obtener un nuevo permiso de construcción. En estos momentos estamos analizando las vías para contar nuevamente con los permisos y autorizaciones para seguir trabajando conforme a la ley, como lo hemos hecho siempre".

Al respecto, el alcalde conconino confirmó que "ellos ingresaron una nueva solicitud a la Dirección de Obras Municipales, que la está analizando". Sin embargo, Sumonte advirtió que "si quieren un permiso nuevo tienen que atenerse a las nuevas condiciones del Plan Regulador actual, y esas condiciones cambiaron desde cuando se aprobó el permiso original, que fue el 2011. En el nuevo PRC se estableció que en el borde costero no se puede construir este tipo de edificaciones, las que tienen limitaciones que en ningún caso podría cumplir hoy el Hotel Punta Piqueros".

"En ningún caso faculta el reinicio de las obras, porque hay una instrucción de la Corte Suprema que dejó nulos todos los permisos".

Óscar Sumonte, Alcalde de Concón

"Estamos analizando las vías para contar nuevamente con los permisos y autorizaciones para seguir trabajando".

Inmobiliaria Punta Piqueros