Decididamente, el UDI Jorge Castro, el "Negro", exalcalde de Valparaíso, es incombustible. Derrotado en las elecciones municipales de 2016 en que buscaba la reelección, cayó también en las parlamentarias de 2017, pero ahora está disponible para disputar un sillón de diputado en los comicios de noviembre del próximo año.

Decisivo proceso destinado a elegir Presidente de la República, senadores, diputados e integrantes de los Consejos Regionales. Debido a ello, los partidos buscarán a sus candidatos con pinzas para que aporten con sus votos y trabajo en terreno.

En declaraciones a este diario, Castro afirma su disposición para ir a primarias en su partido y participar en esa competencia como candidato por el Distrito 7. Recuerda, además, que en la parlamentaria en que no logró ser elegido hubo mesas "descuadradas" que lo perjudicaron en favor de Osvaldo Urrutia. El distrito elige ocho diputados y está integrado por 12 comunas bastante diversas, desde territorios insulares, como Isla de Pascua y Juan Fernández, hasta ciudades densamente pobladas, como Valparaíso, Viña y San Antonio.

Entrenándose para esa dura batalla, Castro arremete contra su sucesor, Jorge Sharp, quien llegó al sillón de la calle Condell con un mensaje refundacional. Es "campeón del mundo" en redes sociales, afirma, pero "si uno va a la gestión que ha sacado en el propio Pladeco (Plan de Desarrollo Comunal), es un inoperante". Dispara también contra "el concurso de directores o los altos sueldos de personas de su movimiento… y el deporte lo desvalijaron para hacer política".

Castro, junto con aludir el divorcio del jefe comunal con los concejales, critica problemas como el de los estacionamientos de la plaza O'Higgins y el abandono de la Escuela Ramón Barros Luco, y recuerda logros de su gestión mencionando ascensores, Mercado Puerto y la avenida Matta de Placeres.

Ante el diálogo ciudad-puerto que propicia el presidente de EPV, el exalcalde advierte sobre la dificultad para ese debate con un Pladeco "prácticamente estancado", responsabilizando nuevamente a Jorge Sharp.

Y como a su juicio habría que reemplazarlo, presenta como mejor carta al concejal de su partido Carlos Bannen, de alta votación; pero muy caballero, no deja de mencionar a la exgobernadora María de los Ángeles de la Paz.

Pese a que tras las declaraciones de Castro están los intereses y las "movidas" propias del nutrido calendario electoral que se inicia el 25 de octubre con el plebiscito constitucional y culmina con la votación parlamentaria y presidencial del próximo año, en sus dichos hay aspectos que exigen atención, como el perjudicial divorcio entre el Concejo Municipal y el alcalde y la necesidad de avanzar en un efectivo diálogo ciudad-puerto, con un Pladeco que promueva una conversación permanente, estructurada y conducente.

El brutal asesinato de Ámbar Cornejo dejará una huella imborrable en el libro de infamias de nuestra región. El odio y la rabia están al fuego vivo -y con razón- luego de este lamentable hecho.

Esos sentimientos son fuertes promotores de cambios sociales y la indignación colectiva ya ha comenzado a movilizar el engranaje para realizar ajustes al sistema. No obstante, es indispensable tener en cuenta que los sentimientos no mediatizados por la razón, el odio entregado a su propia suerte, son un factor de riesgo institucional que puede hacer que el remedio sea peor que la enfermedad. Las pulsiones populares desbocadas son un peligroso aliado porque tienden a confundir conceptos, transforman la justicia en venganza y apuntan equivocadamente con el dedo con tal de tener un chivo expiatorio.

Pareciera que algunas autoridades de derecha, absortas en la conmoción, han visto en este caso la oportunidad perfecta para lograr apoyo popular a costa de renunciar a la prudencia que debiese caracterizar al político. Diversos diputados, incluso bancadas completas, anunciaron una acusación constitucional contra uno de los jueces que el 2016 concedió la libertad condicional al asesino de Ámbar. Se responsabiliza a esa persona de un problema institucional complejo, pero lo que es peor, se hace a través de una cuestionable interpretación de la Constitución, acusando a una magistrada de "notable abandono de deberes" por aplicar una aberrante norma vigente a esa fecha -que luego fue modificada precisamente para que la libertad condicional no fuese un derecho, sino un beneficio-. No deja de ser irónico que un congresista acuse a una jueza de transgredir las leyes por hacerlas cumplir, al mismo tiempo que vulnera la Carta Fundamental a través de una acusación constitucional de cuestionable fundamento de derecho.

En un sentido análogo, hay políticos del sector que han comenzado a utilizar imprudentemente el término "pena de muerte". Contrariando toda evidencia científica respecto a su efectividad como desincentivo, y pasando por sobre compromisos adquiridos en tratados internacionales, pretenden impulsar una medida que no será aprobada y que sólo generará expectativas incumplidas, enrareciendo aún más el ambiente. Porque, claro, el "sentido común" dicta que la Ley del Talión es la más justa, del mismo modo que el terraplanista está convencido de que su experiencia sensorial pesa más que las complejas ecuaciones de los científicos.

Yo quiero justicia para Ámbar, que ninguna persona deba estar destinada a la desgracia al momento de su nacimiento, que las mujeres puedan caminar tranquilas por las calles y que los delincuentes que son un peligro para la sociedad estén tras las rejas. Pero quiero verdadera justicia, no chivos expiatorios, sino justicia racional a la altura de los desafíos que enfrentamos como sociedad, efectivas medidas de prevención y no sólo leyes con nombres de víctimas. Para ello es indispensable que los políticos hagan autocrítica, dejen el oportunismo a un lado y comiencen a adoptar acuerdos por el bien del país. Es posible que peque de ingenuo, pero creo que dejando la caza de brujas y trabajando en conjunto se pueden hacer modificaciones sustantivas al sistema, para tener uno que haga justicia a la memoria de quienes han sido víctimas del mismo.