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"Entonces, creo que es el peor escenario posible porque a la inacción de la autoridad y del Estado, se agregaría ahora la falta de liderazgo político también a nivel territorial, que es lo que genera postergar más la elección", en circunstancias que "mientras más autoridades elegidas haya y con mayor legitimidad, es probable que tengamos una mejor salida de la crisis política en la cual estábamos entrando cuando llegó la pandemia y de la que yo creo que no hemos salido", agrega el académico.
Manuel Tobar enumera "tres aspectos muy urgentes". Primero, el ingreso del proyecto de ley de rentas regionales, respecto del cual, señala, el ministro Briones "reconoció en la interpelación de enero estar en 'falta' y pidió disculpas por no cumplir el compromiso del Gobierno de enviar esa ley en octubre del 2019, asegurando despacharla al Congreso en marzo de este año", de lo cual han pasado cinco meses sin que se haya concretado.
El segundo es el ingreso del proyecto de ley corta, que da solución a temas pendientes en la Ley de Fortalecimiento de la Regionalización 21.074. Refiere que en un oficio fechado el 31 de julio, el titular de la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere) informó a la Cámara que se ingresará "muy pronto" ese proyecto de ley. "Hace nueve meses su contenido fue redactado por una comisión técnica convocada por el propio Presidente de la República. ¿Por qué la demora?", plantea.
Y en tercer lugar, Tobar menciona la dictación de normas reglamentarias, que habilitan la aplicación de la ley 21.074 publicada el 15 febrero 2018. "La mayoría de estos decretos fueron elaborados por la administración Bachelet, pero fueron retirados del trámite de toma de razón por los subderes de la actual administración, que luego de más de dos años de burocracia los han reingresado a Contraloría", situación que, denuncia, se ha traducido en "la paralización del proceso descentralizador", a la vez que se pregunta "quién responde por esta vergonzosa incompetencia del Ministerio del Interior y la Subdere".
Y en lo que respecta a la ley corta, complementa: "precisiones al mecanismo de transferencia de competencias, resolución de controversias, unidad de control, traspaso de funcionarios, relevamiento simbólico del gobernador regional vía ajuste del protocolo regional y la oportuna definición de la ubicación física de las futuras autoridades de las regiones: el gobernador, como primera autoridad regional, electa y legitimada por la ciudadanía, en las dependencias de las actuales Intendencias; los delegados presidenciales en las actuales Gobernaciones, más aún dada la similitud de su rol de gobierno interior".
La presidenta de la Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización sostiene por su parte que "hay muchas propuestas, al menos cuarenta, en el plan de gobierno referentes a la descentralización, y no se ha dado respuesta a casi ninguna de ellas. De hecho, aún están en trámite y quedan algunos decretos para el traspaso de competencias. El hecho de tener tres titulares de la Subdere ha dilatado y entorpecido un trabajo sostenido en esta materia, como el que quisiéramos".
También, agrega, "fuimos parte -a través de Manuel Tobar- de la Comisión Técnica de Descentralización, y hasta ahora no le hemos visto ninguna iniciativa legal ingresada al Parlamento", situación que se repite con la ley corta y de rentas regionales. "El ministro Briones reconoció que era un compromiso, que iba a poner a trabajar a la Dipres y a la Subdere, y tampoco conocemos ninguna información al respecto".
"Por lo tanto, nos quedamos con una sensación bastante vacía de lo que ha hecho este Gobierno en materia de descentralización. Aún tenemos tiempo, pero no hay que dilatar más la elección de gobernadores, ni buscar subterfugios o fórmulas para entorpecer un proceso que ya inició, porque la Comisión de Gobierno despachó incluso el proyecto sobre plazos y recursos para la elección de segunda vuelta, y por tanto, hemos seguido avanzando. Entonces, creo que hoy día instalar esa discusión cuando hay otros temas en los que avanzar, no vale la pena".
Dice que es "muy necesario dotar a las regiones de mayores recursos para poder impulsar y responder concretamente a las demandas de los territorios y sus prioridades, no las de Santiago, pero para llevar a cabo aquello, se necesita una inyección de recursos distinto a lo que hoy tenemos", pues los presupuestos de los gobiernos regionales alcanzan sólo para resolver carencias que son más propias de los municipios y no para fijar proyectos de carácter regional o impulsos en áreas productivas que marquen el desarrollo de una región.
"Es urgente que tengamos una ley de rentas regionales, donde se establezca que parte de los impuestos de las empresas que funcionan en las respectivas zonas, dejen su gravamen en ellas. Y por otro lado, tener la autonomía suficiente para planificar en qué se ocuparán esos recursos en las regiones. Así de simple. No podemos seguir con el mismo sistema porque está absolutamente fracasado", complementa.
Para Juan Carlos Ferrada, doctor en derecho, el problema mayor se sigue planteando en términos de transferencia de competencias, que considera que hasta ahora ha sido muy menor, "y pienso que a poco andar eso va a generar un conflicto político con las autoridades de índole nacional, porque las autoridades elegidas a nivel regional no van a tener todas las facultades que se requieren para resolver muchos problemas de sus ciudadanos. Hay que hacer una transferencia más relevante de esas competencias a esta nueva institucionalidad política y territorial".
El paso siguiente, observa, debería ser crear mecanismos de descentralización fiscal que permitan que se generen, y no sólo se administren, recursos en el territorio, de modo que haya una mayor autonomía regional en el gasto y control de presupuesto.
Este objetivo colisiona en su opinión con la gran desconfianza del nivel central sobre la eficiencia del gasto público que pueden hacer las regiones, lo que se justificaría si el de aquél fuera muy eficiente, "cosa que no es". Y también con lo que considera un problema endémico de Chile, que es que los ministerios de Hacienda "están absolutamente acostumbrados a manejar desde nivel central todo el gasto público del Estado en su conjunto".
Como se ve, la descentralización no se agota ni mucho menos con la elección de gobernadores regionales. 2
Es insólito que a un mes y medio del inicio de las primarias se cree incertidumbre sobre fecha de la elección".
Las bancadas regionalistas de la Cámara y el Senado, donde son mayoría, le dieron un portazo a la idea de postergar".
Nos quedamos con una sensación bastante vacía de lo que ha hecho este Gobierno en descentralización".
Esta nueva iniciativa esconde el temor del Gobierno de perder todas las gobernaciones regionales"
El Gobierno y la oposición, sobre todo el primero, nunca han estado muy convencidos del proceso regionalizador"
en un acto efectuado en valdivia, en febrero de 2018, la presidenta bachelet firmó las leyes clave de la descentralización.
"BUROCRACIA PARALIZÓ PROCESO DESCENTRALIZADOR"
Pero la agenda descentralizadora no se agota con las elecciones de gobernadores. Tras la promulgación en 2018 de los cuerpos legales que crean el cargo y fortalecen la regionalización mediante la transferencia de competencias, hay varios asuntos pendientes.
"MINISTRO BRIONES RECONOCIÓ EL COMPROMISO"
En el mismo ámbito de los asuntos pendientes, el presidente de Chile Descentralizado agrega a la ley de rentas diversos reglamentos y las normas habilitantes para el ordenamiento territorial, de las cuales una de las principales corresponde a las nuevas facultades de los futuros gobiernos regionales.
LEYES DE PLANTAS Y RENTAS REGIONALES
"Lo que aún está pendiente y es de vital importancia que el Gobierno tramite con celeridad, son los reglamentos que permitan poner en marcha variadas competencias y que hoy duermen en el escritorio del Ejecutivo y también que los intendentes conformen las estructura administrativas para asumir las nuevas responsabilidades", enfatiza el core Manuel Millones, a lo que agrega una ley de plantas regionales y la de rentas regionales, sin lo cual "el proceso descentralizador queda trunco".
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