La solicitud formal de Televisión Nacional, Canal 13 y Fox, dueños de los derechos de transmisión del Festival de Viña hasta 2022, de suspender la LXII versión del evento, en febrero de 2021, asoma como un duro e irreparable golpe no sólo al espectáculo más emblemático de Chile y Latinoamérica, sino también a las cada vez más febles áreas de la economía y turismo de la Región de Valparaíso.

Tanto TVN como Canal 13, por intermedio de sus directores ejecutivos, Francisco Guijón y Maximiliano Luksic, aducen comprensibles apreturas comerciales debido a la emergencia sanitaria, incluyendo la complejidad del traslado de personal y equipos a la Ciudad Jardín (aun cuando se espera que en febrero, la ciudad de Viña del Mar ya habría salido hace un buen rato de la cuarentena), la complejidad de conseguir artistas internacionales dispuestos a venir a Chile y la siempre tensa relación con las compañías de seguros y sus pólizas, las cuales no se harían cargo de una suspensión de último minuto.

Por su parte, la alcaldesa Virginia Reginato se ha mostrado renuente a concordar una posible suspensión -la cual debiese ser de mutuo acuerdo entre las partes- y está dispuesta a hacer cumplir el contrato a las estaciones televisivas, más aún tomando en cuenta que aún faltan seis meses para la realización del evento, el cual -por experiencias anteriores- puede ser organizado y producido desde fines de noviembre.

El punto aquí no es el lógico desmedro que esto pudiese representar para las arcas del municipio y los canales, sino el impacto que ello tendría en el ya agonizante comercio viñamarino, su hotelería, gastronomía y, finalmente, la industria del turismo, uno de los puntales más virtuosos y redistributivos de una Región que, aunque busca otras vetas (portuarias, académicas, agrícolas, mineras y de servicios), siempre termina dependiendo de las visitas capitalinas y extranjeras durante los meses de verano.

Por lo mismo, queda la impresión de que en esta discusión, más allá del municipio y los canales, faltan otros actores e interlocutores. Entre ellos, el propio Gobierno (el intendente Martínez, Economía, Sernatur, entre otros), entes público-privados, como la Corporación Regional de Turismo de la Región de Valparaíso, las asociaciones de hoteleros y de restaurantes, las cámaras de comercio y turismo regionales y municipales, amén de los parlamentarios locales que se deben a sus vecinos y también a los beneficios que otorga la masiva población flotante que llega a la zona entre diciembre y fines de febrero: Viña no puede sobrevivir sin este evento.

Con su hermano menor, el Festival del Huaso de Olmué en el piso, sin público ni transmisión televisiva, con todo lo que ello implica para Olmué, Limache y la industria del interior, aceptar la suspensión del Festival de Viña hasta 2022, sin dar la pelea, pareciera lo más cercano a un suicidio asistido que se haya visto en el último tiempo por estos pagos.

Nuestra historia como Cámara Regional del Comercio de Valparaíso comenzó a escribirse en 1858, y desde entonces ha contribuido al crecimiento regional y nacional por medio de la actividad de las empresas, sus trabajadores, proveedores, clientes y comunidad, haciendo frente a los desafíos que el propio desarrollo económico, social y ambiental ha presentado a la región a través de los años.

Hoy nos enfrentamos a uno de los retos más importantes que nos ha tocado vivir en el último tiempo y, como CRCP, estamos conscientes de la importancia y valor que adquiere nuestro trabajo para salir adelante en este escenario pospandemia. La experiencia -que no es breve- nos ha enseñado que sólo a través de la colaboración entre todos los stakeholder, tanto públicos como privados, podremos superar esta crisis y apostar por un futuro mejor, fomentando la innovación e inspirando a las empresas a adaptarse a esta nueva realidad.

Por ello, hemos tomado un rol activo en la recuperación y reactivación económica de la región. Es así como organizamos ferias para que el comercio más afectado tuviera un espacio protegido y sin costo para poder generar ventas; implementamos la plataforma ContigoPyme.cl e impulsamos instancias de apoyo y apadrinamiento para pymes siniestradas después del 18-O por parte de empresario regionales. Coordinamos, también, la campaña "Siempre por Chile - Alimentos", organizada por la CPC, distribuyendo cajas de alimentos a más de 11 mil familias vulnerables de la región, por parte de 37 empresas y más de 1.100 voluntarios. Junto con ello, y en apoyo al emprendimiento, hemos entregado asesorías desde el Centro de Negocios Sercotec Valparaíso, operado por la Cámara, que en sus cinco años de operación ha logrado ventas, empleos e inversiones en más de 2.200 empresas.

Como entendemos la relevancia de algunas áreas en el desarrollo regional, hemos trabajado junto a nuestros socios en la digitalización del E-Commerce, Turismo, Valor Compartido, Innovación, Mujer-Empresa y Comercio Internacional, con la idea de incorporar el conocimiento acumulado en los diferentes sectores económicos para aplicarlo a los desafíos empresariales que enfrentamos actualmente en nuestra región.

Somos parte de la Mesa para la Reactivación Social y Económica de la región y, junto a Asiva y CChC, trabajamos en un plan de reactivación que le presentamos al intendente y su gabinete económico, para contribuir a una rápida reactivación que permita generar empleos, inversión y actividad para las empresas. En esta misma línea, junto a Corfo y el Gobierno Regional, lanzamos el segundo ciclo de la Gobernanza para la Aceleración del Ecosistema de Innovación y Emprendimiento, un proyecto clave para anticiparse y adecuarse a las nuevas exigencias del mercado; un desafío urgente que es primordial para que las empresas puedan reactivarse con fuerza tras la emergencia y lograr una ventaja competitiva de gran impacto. Debemos, por lo tanto, un gran agradecimiento en estos 162 años al esfuerzo, compromiso y colaboración de socios, directores, autoridades, colaboradores y de todos quienes, día a día, han trabajado incansablemente para que esta Cámara sea un actor relevante en la creación de valor y pueda seguir impulsando a la región hacia el ansiado desarrollo.

En plena crisis aspiramos a que el trabajo colaborativo nos permita enfrentar de la mejor manera una realidad que se muestra incierta y compleja. Nuestra invitación es sencilla: sigamos trabajando de forma innovadora y colaborativa, construyendo un gremio que, aunque en constante evolución, siga atendiendo a las necesidades de sus socios y de la región, para volver a crecer con un estilo pionero, creativo, innovador y colaborativo.

Todos necesitamos, al margen de nuestras preferencias políticas o ideológicas, de la estabilidad de las instituciones, de fortalecer la legitimidad del Estado de derecho y que el sistema social, esto es, el conjunto de funciones y relaciones que nos permiten vivir conforme a cierta normalidad, no se vean interrumpidas ni amenazadas por conflictos latentes y larvados. Finalmente, la vida cotidiana requiere de esas condiciones previas y estructurales.

Es evidente que hemos tenido señales claras y lamentables de tensiones y diferencias que con el actual sistema constitucional no hemos podido resolver. Necesitamos, por esa razón, de un retiro reflexivo como país, sin dramatizar, sin atemorizarnos ni agitarnos más allá de lo que merece la política pluralista y democrática, esa que nos inclina y compromete a tratarnos y reconocernos como iguales, que no pretende dirimir ninguna superioridad epistémica para nuestras verdades o creencias, que nunca autoriza aplastar ni anular al otro. La política, según estos principios, siempre requiere de sobriedad intelectual y también de los ánimos, condición que en ningún caso debe limitar el carácter y la consecuencia en nuestras adhesiones y desempeño como ciudadanos.

Tenemos ya una larga experiencia histórica e intelectual como para no repetir integrismos y ortodoxias irreductibles con ocasión de nuestros conflictos políticos. Esa fue la convicción que compartieron quienes suscribieron el acuerdo de 15 de noviembre del año pasado y optaron por una convocatoria a plebiscito. Ahora, la ciudadanía debe hacer otro esfuerzo que complemente esa oportuna decisión, que consiste no más que en concurrir a votar el día 25 de octubre. Ello será muy relevante porque una baja participación, en la que algunos pueden estar interesados, no ayudará a encauzar con eficacia política el grave conflicto que vivimos. Una decisión clara será la mejor condición para restablecer la paz y el orden social que hemos perdido. La interpelación es para toda la ciudadanía y para todos los sectores políticos.

Durante estos dos meses que todavía faltan para ese día, todos también debemos contribuir a crear un ambiente de confianza y serenidad. No de incertidumbre ni de inseguridad. Ningún abismo ni caos espera al país al término de las votaciones. Seguiremos, cualquiera sea el resultado, teniendo la posibilidad y la responsabilidad de continuar viviendo juntos y procesando nuestras diferencias de modo pacífico y democrático. Pensar en otro sentido desde cualquiera de las dos opciones sería un retroceso cultural y cívico mucho más peligroso. Lo mejor será, desde ya, anticipar nuestro compromiso de reconocer el derecho de las mayorías por el apruebo o por el rechazo y disponernos desde el día siguiente a continuar deliberando en favor de nuestras preferencias.

Esta disposición de los ánimos es el camino y el título más idóneo para exigir el más estricto respeto al orden público. En todo el tiempo que precede a ese día y, desde luego, durante la jornada electoral, cualquier alteración de dicho orden tendrá, sin duda, una connotación antidemocrática y no será la mera expresión de una disidencia o discrepancia legítima. Incluso quienes hayan cambiado de opinión con relación al acuerdo o lo hayan criticado desde su origen carecen de excusas en tal sentido. El plebiscito ha sido convocado de conformidad con la legalidad vigente y en virtud de una reforma a la constitución que aún nos rige.