Explicó que entregó un mandato judicial para la realización de un escrito a favor de la Ley Pascua, "por la preocupación de que se pueda modificar dicha ley que fue objeto del esfuerzo de las familias Rapa Nui y que contiene beneficios para nuestro pueblo", pero que no conoció previamente el tenor de la presentación.

También plantea, entre otras consideraciones: "La normalización de la violencia contra mujeres, niñas o niños, no es parte de la cultura Rapa Nui. La violencia en el contexto de relaciones sexuales, ni las relaciones sexuales no consentidas tienen lugar en las prácticas culturales Rapa Nui, no son aceptables bajo ninguna perspectiva y no pueden ser objeto de ninguna justificación, ni contextualización. La llamada 'fuerza grata' que se ha apuntado no existe y su utilización a nombre de nuestra institución es inaceptable".

En relación a los procesos orientados a la modificación o derogación del articulado en examen, sostiene que "este debate se debe dar al interior del pueblo Rapa Nui, de manera autónoma, con pleno reconocimiento y protección a nuestros valores y prácticas sociales, culturales, religiosos y espirituales propios y respetando la integridad de los valores, prácticas e instituciones de nuestro pueblo Rapa Nui", en el entendido de que "estas prácticas culturales y derecho consuetudinario, deben ser compatibles con los derechos humanos reconocidos en el derecho nacional e internacional".

El 12 de febrero, mediante publicación en el Diario Oficial, la mencionada cartera convocó a consulta indígena para que la comunidad resuelva, a fin de "fortalecer la prevención de todo tipo de delitos, así como también el respeto de diversos tratados internacionales suscritos por el Estado de Chile", pero el proceso se suspendió el 18 de marzo a causa de la pandemia.

"Se tiene que retomar apenas se den las condiciones sanitarias", declara la gobernadora, quien señala que alcanzaron a registrarse avances antes de la suspensión, pero, agrega, el hecho de que se haya convocado a referéndum y también el asunto haya llegado hasta el Tribunal Constitucional, "levantó un tema que estaba presente desde antes, pero permanecía un poco invisibilizado". Y al igual que la consejera regional Elizabeth Arévalo Pakarati, valora que en complemento al proceso de consulta se produzca uno de entrega de información a las familias, lo que es clave para la adecuada comprensión de la materia a definir.

En cuanto a las posiciones existentes en la Isla, la gobernadora refiere que "claramente, hay que decir que existen dos posturas y la que tiene más adherentes a mi entender es la de la derogación o modificación. Incluso, es claro el planteamiento del Consejo de Ancianos de lo que es su posición desde su representatividad, que declara que la violación es inaceptable e injustificable".

Elizabeth Arévalo: "Siempre ha habido división. No lo quiero negar. Yo creo que se debe a que parte de la comunidad tiene la impresión de que con la posibilidad de derogación de estos dos artículos que nos afectan, se abre también la puerta a que se revise la Ley Pascua, que en muchas cosas nos favorece. Pero no queremos que se toque la ley en su totalidad, sino que sólo se deroguen o modifiquen estos dos artículos".

"Hoy vemos que se está tomando otro camino, en que organizaciones y redes de apoyo contra la violencia de género y la vulneración de los niños y la familia, se están empoderando en el tema, y al igual que el magistrado, han levantado la petición al TC para un pronunciamiento al respecto. Entonces, son dos vías paralelas y válidas" para el logro del objetivo.

Arévalo expone que es particularmente delicada la situación que se produce cuando en una comunidad pequeña como la rapanui, personas condenadas que pueden ver rebajada su pena y cumplir sólo un tercio de ella en presidio, se encuentran con frecuencia con las víctimas. "Entonces ahí hay un riesgo de revictimización, y no se puede lograr una adecuada reparación cuando ellas van a estar permanentemente frente a los victimarios".

"Pero creo que estamos avanzando mucho en el tema, y que con esto se visibiliza la necesidad de poder derogar porque, al final, lo que nosotros encontramos acá es que no hay una igualdad ante la ley, y esto implica un cierto grado de discriminación. Es casi discriminación dentro de la comunidad", recalca.

Por su parte, el arqueólogo José Miguel Ramírez, quien fue administrador del Parque Nacional Rapa Nui entre 1993 y 1999, actualmente investigador del Centro de Estudios Avanzados de la Universidad de Playa Ancha, plantea que "el tema de la mujer está en la mesa hace más de 20 años, pero ha crecido con el cambio del rol femenino en la sociedad rapanui, que es patriarcal, pero las mujeres han cambiado y exigen un nuevo trato".

El académico no cree que un cambio en la ley vaya a modificar la sociedad. "No pienso que mayores penas tengan un efecto disuasivo, pero el proceso es acumulativo y depende en mayor medida de la educación. Si las nuevas generaciones reciben una formación de valores distinta... van a tratar mejor a sus pololas, y a todos los demás. Por lo que se ve, no soy muy optimista", agrega.

Respecto de la derogación o modificación de los artículos plantea que "a juicio nuestro, nada justifica hoy que esos delitos tengan condenas reducidas en la Isla en comparación con el resto del país. Por eso nuestra intención es que apenas pase la pandemia se retome nuestra consulta para cambiar esos artículos de la Ley Pascua pensando en que mujeres y niños de Rapa Nui no pueden esperar más. Mientras tanto, junto a la gobernadora Tarita Rapu seguiremos avanzando en medidas de nuestra Mesa Social?"

Y en relación al conflicto que se generó cuando la representación del Consejo de Ancianos justificó ante el Tribunal Constitucional la violencia o "fuerza grata" para vencer la oposición del otro durante la seducción o ejercicio de la sexualidad, aunque luego el organismo se retractara, Sebastián Villarreal valora que la institución declarara que la violencia contra mujeres y niños no forma parte de la cultura en Rapa Nui y que tampoco tienen cabida en el contexto de relaciones sexuales.

"El Consejo de Ancianos expresó con mucha fuerza que ellos, al igual que nosotros, no reconocen lo que se llama 'fuerza grata' y por eso es tan importante este trabajo que estamos realizando juntos en la Mesa Social para concretar la consulta indígena. Lo que queremos es que este debate se produzca al interior del pueblo Rapa Nui con el objeto final de reconocer y relevar sus verdaderos valores y prácticas sociales, culturales y espirituales", resume.

El proceso, por lo que se ve, ya no tiene vuelta atrás. 2

Parte de la comunidad piensa que con la posibilidad de derogación de estos artículos, se abre la puerta a que se revise la Ley Pascua"

El tema de la mujer está en la mesa hace más de 20 años, pero ha crecido con el cambio de su rol en la sociedad rapanui, ellas exigen nuevo trato"

Claramente, hay que decir que existen dos posturas y la que tiene más adherentes a mi entender es la de la derogación o modificación"

A juicio nuestro, nada

justifica hoy que esos delitos tengan condenas reducidas

en la Isla en comparación con el resto del país"

UN EXTENSO TÉNGASE PRESENTE

Simultáneamente, Carlos Edmunds Paoa revocó el poder al equipo jurídico responsable del alegato e hizo llegar un extenso Téngase Presente al TC, donde explica que el retirado mandato encargaba presentar un planteamiento "que reforzara nuestra legislación especial de protección, en base a los tratados internacionales vigentes en Chile y nuestra propia Constitución. Sin embargo, se advirtió que, en ningún caso, para los fines encomendados se esgrimieren argumentos que justificasen el delito imputado", por cuanto "la violación es siempre inaceptable e injustificable, lo que recalco de manera enfática".

CONSULTA INDÍGENA SOBRE EL TEMA

La discusión sobre la modificación o derogación de los artículos 13 y 14 no es nueva en la Isla y así lo recuerda la gobernadora provincial Tarita Rapu. "En 2016 hubo una marcha en que participaron entre 600 y 700 mujeres que entregaron una carta a la gobernadora de esa época. Y nosotros lo veníamos trabajando desde 2018 cuando el Ministerio de Desarrollo Social y Familia (MDSF) instaló una mesa social, en que uno de los temas era el del articulado que había quedado comprometido. Finalmente en enero de este año se acordó realizar el referéndum".

dos vías paralelas y válidas

La consejera regional refiere también que la demanda por la derogación o modificación partió hace años y en el segundo semestre de 2019 "no solamente las mujeres, sino la organización civil y las diferentes directoras que ha tenido el Centro de la Mujer, logramos tener recepción por parte del Ministerio de Desarrollo Social" para el inicio del proceso de consulta.

mesa social para rapa nui

Al subsecretario de Servicios Sociales del MDS, Sebastián Villarreal, le corresponde encabezar la Mesa Social para Rapa Nui junto a la gobernadora Rapu, a fin de construir soluciones en favor de la población vulnerable del territorio.

"En ese contexto es que, a fines de 2019, se definió la necesidad de iniciar un proceso de consulta indígena de revisión de esos artículos", cuya planificación partió en enero, se convocó en febrero y ante la pandemia se suspendió en marzo, "pero lo mantenemos presente como tema prioritario apenas las condiciones sanitarias lo permitan puesto que es una necesidad sentida en la Isla y un compromiso de la Mesa Social", expone el subsecretario.

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Sebastián Villarreal

Subsecretario MDSF

La pregunta tiene en cuenta, además, que en el caso no solo concurren normas especiales de protección a la víctima sino también que hay normas especiales que protegen al formalizado en tanto parte de un pueblo indígena.

La ley cuestionada tiene su origen en la política de incorporación del territorio Rapa Nui al territorio chileno, que propició el Presidente Frei Montalva y que tomó como premisa el profundo abismo que separaba a las culturas chilena y Rapa Nui en aspectos críticos para las leyes penales como la propiedad y la sexualidad.

El caso no es, como a veces quiere presentarse, el de una colisión entre tradiciones culturales o entre normas punitivas estatales y consuetudinarias. Por el contrario, es el de una posible contradicción entre dos sanciones estatales, una general y otra especial, habida cuenta de un supuesto condicionamiento cultural que cambiaría el reproche de los delitos sexuales.

Esta ley especial promovería una penalidad menor a la que recibiría el mismo delito en caso de ser cometido por quien no sea "natural" de la isla. Para resolver el problema el Tribunal Constitucional seguramente recurrirá a todas las herramientas que tiene disponibles para discernir si, en el caso concreto, la diferencia de trato tiene justificación.

Habrá de responder, entre otros, a la pregunta por la licitud de los fines de rebaja de penalidad y, particularmente, por la proporcionalidad de esa medida para resguardar la identidad y las características culturales de un pueblo frente, en este caso, a la necesidad de resguardar la dignidad, la integridad y la libertad sexual de las mujeres.

Aquí reside el nudo de la cuestión: encontrar justificación a estas alturas del siglo a una penalidad reducida en términos generales, por una vía distinta de las eximentes y de las atenuantes, a delitos mayoritariamente cometidos en contra de mujeres. Aquí es donde la Ley 16.641 muestra todas sus debilidades, puesto que dentro de los delitos no distingue circunstancias ni permite al juez calibrar la necesidad de reducir el reproche penal.

En otras palabras, para aminorar la penalidad da igual si una relación sexual sancionada por la ley es consentida conforme con un estándar cultural más laxo (como sucede cuando la mujer tiene menos de 14 años) como cuando el consentimiento es sustituido por la agresión y la sumisión. En el caso en cuestión, la víctima habría sido violada a la salida de una discoteque y luego abandonada por su agresor. De este último relato no parece entonces surgir ninguna razón para considerar que se trata de un hecho menos grave y que por lo tanto merece un menor reproche al que establecen las leyes generales. 2

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El Tribunal Constitucional acaba de declarar admisible un requerimiento de inaplicabilidad en contra de dos artículos de la Ley 16.641, conocida como Ley Pascua. El requerimiento no persigue derogar la ley sino solo declarar que para un caso concreto ella produce un efecto contrario a la Constitución.

La cuestión no proviene de ninguna autoridad ancestral Rapa Nui sino del Juez Titular del Juzgado Mixto, que demanda al Tribunal Constitucional la respuesta a la siguiente pregunta: ¿es efectivo que las normas que reducen la penalidad de los delitos sexuales cometidos "por naturales de la Isla" contradicen los mandatos de protección a la mujer contenidos en la Constitución, en la Convención de Belén do Pará o en la Convención sobre discriminación contra la mujer?

Columna de Opinión