El presidente del consejo directivo del Servicio Electoral, Patricio Santamaría, planteó, como posible alternativa para permitir el voto de personas infectadas con covid-19 en el plebiscito, legislar con celeridad sobre el sufragio domiciliario, idea a la que se abrió el presidente de la Cámara de Diputados, Diego Paulsen, pero de la que tomó distancia el Gobierno.

"Se están terminando las posibilidades para poder garantizar el ejercicio del derecho a sufragio de las personas con covid positivo, pero básicamente por la decisión de la autoridad sanitaria en estos momentos, que ha señalado que no pueden salir de sus casas", sostuvo Santamaría en radio Universo.

Para solucionar aquello, planteó: "Yo creo que hay espacio, se puede legislar, si aquí se ha legislado en 24 horas algunos temas. De hecho, nosotros hemos estado en conversaciones y sabemos que Correos ha tenido disponibilidad para que las personas se mantengan en su casa y se inscriban previamente. Con mucha rapidez yo creo que podemos hacerlo. Uno abre un plazo de diez días para que se inscriban en una lista, se les lleva la cédula a la casa, marcan su preferencia y Correos se ha ofrecido para actuar como ministro de fe, como lo hacen en el caso del voto postal, y lo lleva al centro de votación".

Consultado sobre de quién depende un proyecto de ley al respecto, expuso que "debiera ser el Ejecutivo". Y añadió: "Nosotros tenemos hasta el 10 de septiembre y queremos solucionar este tema antes".

La moneda

Ayer, Patricio Santamaría; Raúl García, director nacional del Servel; y los consejeros de este servicio asistieron a La Moneda a una reunión con el presidente Sebastián Piñera, para analizar todos los elementos que aseguren el desarrollo de un plebiscito informado, participativo y seguro desde un punto de vista sanitario.

En la cita estuvo el ministro del Interior, Víctor Pérez, que después abordó la idea de Santamaría. "Llevar adelante una legislación para modificar aspectos sustanciales de nuestro sistema electoral a 60 o 65 días de un acto electoral, es absolutamente inviable y eso concordamos con el Servel", dijo.

Menos enfático fue el ministro Secretario General de la Presidencia, Cristián Monckeberg, sostuvo que "la ley puede ser a lo mejor el mecanismo más fácil de llevar adelante; el tema es implementar ese procedimiento, porque el voto tiene que ser secreto, y nosotros tenemos un sistema electoral que ha funcionado de manera impecable durante los últimos años, donde incluso una diferencia de un voto por mesa no ha traído ninguna discusión".

"Por lo mismo -manifestó-, si vamos a avanzar en modificaciones de ese tipo, tienen que ser muy bien implementadas. Estamos a menos de 60 días del plebiscito y, por lo tanto, las dificultades son las que pueden poner cuesta arriba una implementación de ese tipo. El voto a distancia, el voto por correo, no existe en nuestra legislación y no ha existido nunca".

Cámara de diputados

Distinto piensa el presidente de la Cámara de Diputados, Diego Paulsen (RN), quien se abrió a agilizar la tramitación de un proyecto de ley que permita a los pacientes de covid-19 sufragar. Dijo que él apoyaría una iniciativa en ese sentido: "Es una buena intención que garantiza un derecho que está en nuestra Constitución y nosotros somos los primeros en deber garantizar aquello a todos los ciudadanos el 25 de octubre". Planteó que "estamos a tiempo de implementarla" y por esto afirmó: "Si requiere cualquier urgencia de tramitación en el Congreso, nosotros podemos legislar de lunes a domingo y no tendremos problemas en hacerlo para poder organizar aquello".

A su juicio, ha habido antes buena disposición del Ejecutivo y este "podría estar abierto a cualquier iniciativa, aun irrogando gasto, porque tenemos que garantizar el derecho".

El 88% de los aprendizajes de un año podrían perder, en promedio, los estudiantes chilenos si las clases presenciales continúan suspendidas hasta el término del año escolar. Los más afectados serían los estudiantes de menores recursos, que perderían, en promedio, el 95% de sus aprendizajes; los de mayores recursos, 64%.

Así lo proyectan el Ministerio de Educación y el Banco Mundial en el estudio conjunto "Impacto del covid-19 en los resultados de aprendizaje y escolaridad en Chile".

"Este es un estudio duro y que nos pone un desafío no sólo como Mineduc, sino también como sociedad. Es transversalmente aceptado que las clases presenciales son el mejor antídoto para enfrentar esta crisis en materia educacional, pero mientras no se pueda volver en algunos lugares, vamos a trabajar por mitigar lo más posible estas consecuencias. Y para hacerlo debemos poner a los estudiantes y a la comunidad escolar en el centro de la discusión", dijo el ministro de Educación, Raúl Figueroa.

En la investigación se midió varios indicadores del sistema educativo, como el impacto en los resultados de aprendizaje, la escolaridad, los resultados de la prueba PISA, la efectividad de las medidas de mitigación, entre otros. Según el Mineduc y el Banco Mundial, se constató "un retroceso evidente" en esos indicadores. Por ejemplo, si la interrupción de clases presenciales se prolonga por 10 meses, se determinó que la escolaridad ajustada según aprendizaje en Chile podría caer de 9,6 a 8,3 años, es decir, retrocedería 1,3 años.

Si las escuelas sólo estuvieran cerradas seis meses -tiempo que la mayoría cumplirá sin clases presenciales en tres semanas más-, sus alumnos podrían perder, en promedio, el 42% de los aprendizajes de un año.

También se abordó la efectividad de las medidas de mitigación por la pandemia. En el caso de quienes van a establecimientos públicos, la educación a distancia podría mitigar sólo un 6% el efecto del cierre de escuelas, en el escenario de que no haya clases presenciales todo el año; para quienes asisten a colegios particulares pagados, la educación a distancia podría mitigar un 35% del efecto del cierre. El trabajo destaca que el país aún puede mitigar las pérdidas educativas de corto y largo plazo, sobre todo para los más vulnerables.