El pasado seis de agosto, un espantoso caso conmocionó al país y a la comuna de Villa Alemana, en particular. El hallazgo del cuerpo de la joven Ámbar Cornejo, quien estuvo desaparecida cerca de una semana, causó molestia en la ciudadanía, sobre todo porque el principal sospechoso, Hugo Bustamante, quedó libre en 2016 a pesar de haber cometido un brutal doble homicidio en 2005. Pero tiempo después, se descubrió también una oscura historia en el entorno de la joven.

La falta de apoyo económico, oportunidades laborales, apoyo en materia de salud mental, socavan cualquier sistema de protección".

La ley de violencia intrafamiliar no está pensada exclusivamente para proteger a la mujer frente a la vulnerabilidad que tiene al sufrir violencia".

casos recientes de homicidio contra mujeres han dejando en evidencia la desprotección que muchas veces enfrentan, aun cuando sus presuntos agresores tenían órdenes de alejamiento.

Hace casi una semana, otro macabro crimen volvió a enlutar al país. Esto porque en la comuna de Linares, al interior de un automóvil que estaba en un motel de la localidad, fue encontrado el cuerpo de la carabinera Norma Vásquez. El presunto homicida, el subteniente Gary Valenzuela, se encontraba separado de sus funciones y a la espera de que se ratificara su destitución, luego de que la misma uniformada interpusiera una denuncia por abuso sexual en su contra el 17 de julio de este año.

Aunque con raíces distintas, ambos casos tiene algo en común: órdenes de alejamiento en contra de sus presuntos asesinos. En lo que respecta a Bustamante, el Juzgado de Familia de Villa Alemana dictó la medida el 4 agosto contra él y la madre de la menor, accediendo a la petición de un abogado del Sename que seguía el caso de la adolescente, debido al ambiente disfuncional en el cual se desenvolvía y que la misma denunció a su progenitora y su conviviente de haberla encerrado en un departamento en enero de este año. En cuanto a Gary Valenzuela, la restricción estaba vinculada a la agresión sexual denunciada por la uniformada.

Estos casos revelan un grave problema que existe en nuestra sociedad y que tiene que ver con una violencia que persiste hoy en día contra la mujer, lo cual queda claramente graficado cuando observamos las cifras relacionadas con la violencia intrafamiliar (VIF). De acuerdo con el boletín semestral del Ministerio Público, entre enero y junio del presente año en la región se registró un delito de abandono, 28 delitos sexuales, cinco femicidios, cuatro homicidios, 3.294 lesiones, 33 de maltrato, 277 de maltrato habitual y cinco de secuestro. Pero las cifras más graves a nivel local fueron las amenazas (2.651) y los parricidios (9). En el caso de los primeros, se trata del tercer registro más alto del país, luego de la Región Metropolitana Centro Norte (3.553) y Sur (2.671); en cuanto a la cifra de parricidios, es la cantidad más alta del país, representando el 33% del total.

Pero esto no es todo: según informó a este Diario la Fiscalía Regional, hasta la fecha se registran 1.575 víctimas de VIF con causas vigentes y en todos los casos se decretó la medida cautelar de alejamiento, comprendidas en el artículo 9° de la Ley 20.066. El Gran Valparaíso es la zona que concentra la mayor cantidad de casos (710), donde la Ciudad Puerto lidera estas lamentables cifras (273). En cuanto a las capitales del resto de provincias comprendidas en la región, San Felipe se encuentra en primer lugar (179), seguida de San Antonio (170), Quillota (132), Los Andes (111), La Ligua (50) e Isla de Pascua (9).

TRAMITACIÓN DE CAUSAS

Las cifras entregadas anteriormente muestran lo preocupante que se ha vuelto la violencia familiar en el país, que pareciera no tener fin. Además, y si bien en muchos casos las causas quedan con alguna medida cautelar en contra del ofensor, sigue siendo un proceso judicialmente complejo y que puede tomar varios meses.

La magistrada Marcela Valenzuela, del Juzgado de Familia de Valparaíso, explica que para iniciar el proceso, la víctima puede concurrir personalmente o patrocinada, que en la mayoría de los casos, es por el Centro de la Mujer del municipio o del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género (SERNAMEG). "Se inicia la denuncia de demanda y hay un plazo de cinco días donde tienes que llamar a audiencia preparatoria y ahí pueden pasar muchas cosas: se puede acabar por sentencia, porque no es VIF; por incompetencia, porque es más que violencia que vemos nosotros y entra en los caracteres de delito; o porque llegan con una especie de acuerdo, que se llama 'suspensión condicional de la dictación de la sentencia', y es cuando él se compromete a ciertas condiciones, como no acercarse a la víctima durante más de dos años", indica.

Nicolás Reyes Acevedo

reportajes@mercurio valpo.cl

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