La propuesta del Gobierno al Congreso para posponer la elección de gobernadores regionales -ya postergadas una vez para abril de 2021- y que ésta se realice junto con la elección presidencial de noviembre del mismo año, amarrando a ella un paquete de levantamiento de las inhabilidades para postulación a ciertos cargos, llama la atención por el eventual "traje a la medida" que la clase política buscaría imponer para paliar la ausencia de candidatos de los partidos, el severo castigo que se les dio a los alcaldes y el considerable retraso en el traspaso de competencias reales para los futuros jefes de gobierno regionales.

Si bien es cierto que actualmente vivimos tiempos excepcionales por la crisis sanitaria de la pandemia del coronavirus y la casi segura reconfiguración del escenario que supondría la aprobación del proceso constituyente, la señal no es buena: ya el senador socialista José Miguel Insulza, los independientes Carlos Bianchi y Pedro Araya, y el RN Rafael Prohens se abrieron a la posibilidad de postergar nuevamente los comicios, en tanto el radical Alejandro Guillier y los también RN Francisco Chahuán, Marcela Sabat, Manuel José Ossandón, Juan Castro y Carmen Gloria Aravena la rechazaron de plano. En boca de dos de ellos, esto representaría "jugar con las regiones" y "mostraría más un cálculo político que la voluntad real de descentralización".

Respecto de las inhabilidades: un posible acuerdo permitirá la postulación de alcaldes, ministros y subsecretarios a las parlamentarias (renunciando el 11 de marzo a sus cargos); en las municipales, diputados, senadores, alcaldes, concejales y cores. En la misma línea, al cargo de gobernadores regionales podrían postular diputados, senadores, alcaldes, concejales, cores, ministros, subsecretarios e intendentes.

Hagamos ficción: dicho eso, podría darse el caso de que Virginia Reginato vaya como parlamentaria o gobernadora regional, que el intendente Jorge Martínez postule también a este último cargo, o que los diputados Rodrigo González y Osvaldo Urrutia cumplan su sueño de pelearse la alcaldía de Viña. ¿Habla ello de renovación en la política y se cumple de esta manera con el espíritu de la ley de inhabilidad en reelección a cargos públicos? Sólo se escuchan grillos.

Todo ello deberá verse en los próximos días, aun cuando por estos pagos aún resentimos la estricta obediencia de nuestro Gobierno Regional a todas y cada una de las decisiones -aun equivocadas- del poder central. Nadie exige rebeldía. No se trata de eso. Pero sí que se tenga la capacidad de disentir, como lo hizo el intendente de Concepción o la seremi de Salud de Arica respecto del poco meditado Plan "Fondéate en tu casa" dictado para estas Fiestas Patrias.

¿Habrá luz al final de camino? ¿Se prestarán los parlamentarios regionales para un nuevo acuerdo de "cocina"?

Si uno se pregunta por la legitimidad de una constitución, de una ley o cualquier otra norma jurídica, los procedimientos institucionales para su establecimiento, muchas veces, pueden hacer toda la diferencia. En cambio, si queremos evaluar la legitimidad de tales actos y atendemos a su contenido, nadie debería sorprenderse si después de un gran esfuerzo de convergencia no logramos dar con el pleno acuerdo. Por esta razón, es muy importante concordar los procedimientos antes y luego discutir sobre el contenido de lo que queremos decidir.

Las normas constitucionales que nos rigen actualmente fueron generadas sin una contraparte política que pudiera concurrir a esos procedimientos de validación y legitimación democrática en igualdad de condiciones. Desde luego, no fue consultada al efecto. A nadie se le preguntó antes si queríamos dejar sin efecto la Constitución de 1925. No hubo plebiscito con algún apruebo o rechazo previo. Tampoco se sabe de una Convención Constitucional elegida para proponer al país un nuevo texto, lo que hubo fue una comisión redactora designada por la dictadura, ya por todos conocida. Al final, una convocatoria a un plebiscito que no cumplió ningún requisito indispensable para su legitimidad democrática. Así fue, sin pudor alguno.

Todo el proceso político que luego vino estuvo condicionado por esa ventaja de facto, por el hecho de la fuerza. Las reformas de 1989, forzadas por la derrota de la dictadura en el plebiscito de 1988, dejaron ver algún pudor ante lo impresentable que era el texto original de 1980, que en realidad nunca rigió porque la misma Constitución establecía un régimen político transitorio hasta 1990. Esas reformas fueron "otorgadas" por la dictadura, pues dicho plebiscito fue convocado por el mismo órgano que había accedido al poder mediante un golpe de Estado. Si bien se consideró un plebiscito de ratificación, tampoco fue producto de un procedimiento definido por la ciudadanía, como el que ocurrirá ahora, el 25 de octubre próximo. También con las reformas de 2005 se avanzó contra los resabios autoritarios del texto de 1980, pero pudo más la razón política antes que la integridad y la consecuencia democrática. Las ventajas constitucionales para seguir decidiendo, aun siendo minoría, se mantuvieron sin ambages y sin rubor, para conservar y reproducir las definiciones ideológicas fundamentales legadas por la dictadura.

Los procedimientos de origen que dan igualdad a las partes son tan relevantes que, no obstante, lo que se dice como un tópico verbal, no hubo tal democracia de los acuerdos a partir de los años 90. Lo que así se ha llamado fue la democracia o la política de las ventajas constitucionales. Uno de los sectores políticos no necesitaba conciliar ni conceder al otro ninguno de sus objetivos fundamentales. En todo caso, lo que ocurrió durante todos estos años no fue nada extraño. Cuando un sistema político no garantiza un equilibrio en la transacción, una equivalencia en las expectativas y posibilidades de ganar o perder en el resultado, los acuerdos son aparentes. La Constitución de 1980 se ha encargado de ese efecto y por ello es falso que hayamos vivido en el consenso de partes que tenían una misma condición política e institucional. Por estas razones es tan importante que vayamos a votar en el mes de octubre próximo.

Aunque a ratos parezca que hay varios actores políticos adictos a diferentes yerbas, lo cierto es que no todos los chilenos nos tragamos todas las cosas que se dicen sobre el proceso constituyente. En el último tiempo se han formulado una serie de afirmaciones, propuestas o teorías tan injustificadas como falsas. Vamos viendo algunas de ellas.

Se afirma que sólo quienes voten Apruebo pueden defender legítimamente a la Constitución de 1980 en el marco del trabajo constituyente, como si quienes apoyamos el Rechazo gozáramos de una incompatibilidad indecorosa o padeciéramos de una enfermedad contagiosa. Error. La opción Rechazo es tan válida y legítima como el Apruebo. Y para quienes defendemos el actual régimen institucional y republicano y su texto constitucional, que ya no es la Constitución de Pinochet ni de Lagos, apoyar el Rechazo es un deber.

El proceso constituyente que se abriría, más de allá de mantener vigente la incertidumbre durante un largo plazo, no asegura tampoco el éxito del proceso. Somos muchos quienes quedamos huérfanos de la tercera opción: reformar la actual Constitución. Pero los políticos privilegiaron sus intereses y privilegios, mediante la polarización de los chilenos, quienes deberemos escoger entre dos opciones binarias.

Frente a aquellos que pretenden encarar el proceso de constituyente de mala fe, recurriendo a partir del día siguiente al acuerdo político del 15/N, a toda clase de interpretaciones caprichosas y antojadizas sobre sus alcances, también debemos ser claros y firmes. El trabajo constituyente no debe partir de una hoja en blanco, en el sentido refundacional de un texto constitucional. No fue necesario hacerlo el año 1989 ni el 2005, cuando se realizaron las dos principales reformas constitucionales de los últimos cuarenta años. Es perfectamente posible repetirlo.

Más aún, he afirmado públicamente que el texto basal del trabajo constituyente debe descansar en la actual Constitución, más aquellas reformas necesarias para modernizarla o perfeccionarla, cuyas principales recomendaciones figuran en el programa de gobierno de la actual administración. Ahí están las propuestas. No es necesario salir, por motivos de conveniencia, timidez o pusilanimidad, a renunciar a nuestras convicciones y principios para abrazarnos a las propuestas refundacionales, populistas e irresponsables de otros. Sólo exijo consecuencia y dignidad.

Pocos chilenos saben que el éxito del proceso constituyente descansa en el reglamento interno de la Convención. La reforma constitucional delegó en dicho reglamento todo lo relativo al funcionamiento y acuerdos del proceso, mismo que deberá ser aprobado por 2/3 de los constituyentes. Ese mismo quórum es aplicable a todos los acuerdos de la Convención, incluyendo, por cierto, el texto final de una nueva Constitución.

Aun cuando los impulsores de los resquicios constitucionales han insistido en que el texto debe votarse artículo por artículo, excluyendo así del texto aquello que no quieren y demostrando su mala fe, lo cierto es que en la mayoría de los procesos constituyentes realizados en diversos países se aprobó el nuevo texto constitucional como un todo. Ello tiene lógica si ha de cumplir el rol de ley fundamental. Evidente resulta, pues, la importancia de la redacción del reglamento interno, para evitar triquiñuelas o cuchufletas constitucionales.