Cómo mejorar el control municipal
Las crisis son espacios fértiles para la corrupción. En el preciso minuto que las instituciones extreman sus esfuerzos para ayudar a los más afligidos por una catástrofe, ya sea por apuro o falta de control, dejan al desnudo muchas de las vulnerabilidades del sistema.
Y siempre hay alguien atento para aprovechar esas brechas, advierte con preocupación Susana Sierra, directora ejecutiva de BH Compliance y hoy presidenta de Chile Transparente, una organización enfocada en monitorear el desempeño de las instituciones públicas y la transparencia de sus operaciones.
- ¿Por qué las crisis abren espacios a delitos de corrupción?
- Porque se flexibilizan los controles y protocolos que disponen las organizaciones del sector público y privado. Por la urgencia de responder a la emergencia o de sobrevivir económicamente, se tiende a relajar el cumplimiento.
- ¿Cuál cree es más perjudicial en este ámbito: el estallido social o la pandemia?
- Si comparamos ambos escenarios, estallido y pandemia, vemos una ocurrencia mayor de casos de corrupción con motivo de la crisis del covid-19, dada la necesidad de adquirir grandes volúmenes de insumos y contratar servicios sanitarios. En Chile hoy se investigan procesos de compra con eventuales sobreprecios y la contratación de servicios de residencias sanitarias que involucran a funcionarios del mismo Ministerio o familiares, con la posibilidad de tráfico de influencias. Además, de los cambios de giros de empresas para operar como esenciales.
- ¿Y en el sector privado?
- En el caso del sector privado, los delitos más comunes en este mismo proceso de compra-venta con el Estado, son el soborno y el cohecho. Y entre privados, podemos ver administración desleal, receptación e incluso el lavado de activos por la urgencia de disponer de liquidez en crisis económica. Es preocupante también el caso de las empresas que cambiaron su giro para seguir operando durante las cuarentenas.
- En la Región de Valparaíso, la Contraloría hizo advertencias sobre la mala contratación de residencias sanitarias. ¿Qué medidas cree que deben adoptar las autoridades para evitar este tipo de situaciones?
- Hay una necesidad mayor de disponer de una estructura y procedimientos que eviten la corrupción en las instituciones del Estado. Contraloría actúa muchas veces posterior a la comisión del posible delito, luego de una denuncia. Pero la clave es la prevención. Si no existe esto, es fundamental asegurar procesos de contratación transparentes, con acceso a la información relevante tanto para los incumbentes como para la ciudadanía.
- ¿Cómo se compatibiliza el control adecuado con la rapidez y urgencia que demanda una situación de emergencia?
- Con modelos de prevención de delitos y áreas de contraloría autónomas que trabajen en línea o en permanente comunicación con los tomadores de decisión.
- A nivel regional, ¿qué organismos son más vulnerables ante este tipo de falencias?
- Los municipios son los organismos más susceptibles a la corrupción porque concentran muchas responsabilidades: programas sociales, transferencias desde el gobierno central, presupuestos de salud y educación, obras de inversión y un alto volumen de compras públicas.
- ¿Identifica alguna deficiencia estructural en los municipios que los hace más vulnerables?
- Hay una deficiencia institucional que no ha sido abordada bajo un enfoque preventivo. Se ha dejado a la voluntariedad. Hay muy pocas municipalidades que cuentan con áreas de anticorrupción en las municipalidades. Esa debilidad es aún mayor con los caudillismos que existen y que hoy la resuelve en una parte la ley que limita la reelección.
- ¿A qué se refiere con los caudillismos?
- El alcalde o alcaldesa no tiene incentivos para ser más transparente si no hay una cultura de control y fiscalización, tanto al interior del municipio y el Concejo, como desde la misma ciudadanía.
- ¿Entonces, cree que debería haber un plan especial de Contraloría u otro organismo en aquellos municipios donde los alcaldes estuvieron varios periodos en el cargo?
- Es importante tener claro que a mayor tiempo en la posición de poder, sin controles externos, y al empezar a sentirse más "cómodo", los controles se pueden relajar, y también se pueden normalizar algunas conductas, por lo que las probabilidades de corrupción aumentan.
- Debido a la ley que limitó la reelección, habrá muchos cambios de alcaldes en las comunas. En Valparaíso, 18 alcaldes deberán abandonar su gestión. ¿Qué debe hacer un alcalde recién electo para auditar la gestión del anterior?
- El 2017 se modificó la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades con el objeto de facultar al concejo municipal para que solicite una auditoría externa a la gestión alcaldicia, al término del período correspondiente. Es importante que el nuevo alcalde no sólo se preocupe de auditar al anterior, sino también de auditar y transparentar su propia gestión.
Castigo electoral
- ¿Cree que el electorado castiga los actos de corrupción? Se lo pregunto a propósito de las elecciones de abril.
- Históricamente ha sido bajo el castigo electoral cuando se toma conocimiento de un caso de corrupción. Esto se debe a que la misma sociedad ha naturalizado las malas prácticas de algunas instituciones, como el conflicto de interés y el nepotismo. Mientras no exista un dictamen judicial, las personas desconfían de las motivaciones de una denuncia y las desestiman por un eventual "interés político" de un tercero.
- "Históricamente", dice usted. ¿Observa algún cambio en ese escenario?
- Sí, la crisis política y social que partió con mayor claridad en octubre 2019 tiene un ingrediente clave: el desapego entre las autoridades y la ciudadanía y la creciente pérdida de confianza. Esa demanda nos hace pensar que en la próxima elección se verían castigados quienes han cometido malas prácticas.
- ¿Qué le parece la disposición del Gobierno a impulsar proyecto de ley que elimine las inhabilidades de alcaldes y otras autoridades para postular a las próximas elecciones?
- No es recomendable quitar las inhabilidades, dada la crisis de legitimidad que hoy vive la actividad política. Aumentarían los niveles de desconfianza y tensionaría el ambiente, pues le resta transparencia a la discusión legislativa. La lectura sería que las mismas autoridades están modificando leyes en beneficio propio.
Respecto del mejor control municipal para evitar actos de corrupción, Susana Sierra propone que "las áreas de compliance y contraloría de las organizaciones trabajen de la mano con los tomadores de decisión, es decir sus directores y línea ejecutiva. Quienes lideran deben tener un compromiso manifiesto por la integridad". Y añade que en cuanto a "la operatividad, la sugerencia siempre es disponer de mecanismos preventivos y de monitoreo, en especial en los procesos de compra y licitación"."No es recomendable quitar las inhabilidades dada la crisis de legitimidad que vive la política"
El mal ejemplo de Perú que vuela sobre elección de gobernadores
Susana Sierra también planteó la necesidad de mirar con atención la nueva figura de Gobernador Regional, cuyas elecciones previstas para abril del próximo año podrían postergarse ante la falta de atribuciones adecuadas y un presupuesto claro para la nueva autoridad. "El principal instrumento financiero de administración directa que tendrá esta autoridad será el Fondo Nacional de Desarrollo Regional, sumamente relevante en materia de inversión pública. Dada la magnitud de este presupuesto, se debe velar por un ejercicio transparente y procurar el buen uso de los recursos", explicó.
Precisó, además, que "en otros países, por ejemplo Perú, esta figura ha sido campo fértil para la corrupción. El tema de asignación de recursos y transferencia de competencias es crítico".
Por ello, advirtió Sierra, no es recomendable dejar la Ley de Rentas Regionales (es decir, cómo financiará su plan de trabajo la nueva autoridad), para después de la elección.