Redacción

El general director de Carabineros, Mario Rozas, abordó por primera vez en público el sumario de la Contraloría a siete generales de la institución por sus eventuales responsabilidades administrativas en la aplicación de protocolos del uso de la fuerza en el marco del estallido social.

"(Quiero) agradecer el respaldo de la autoridad de Gobierno, de la gente de bien. Todo nuestro despliegue de control y prevención desde octubre ha sido en situaciones muy adversas. Hemos tenido más de 15 mil eventos de graves alteraciones al orden público y hemos sido en muchas ocasiones sobredemandados y, sobre esa base, hemos tenido que ir adecuando nuestros cursos de acción. Lo que sí puedo garantizar a nuestros compatriotas es que los carabineros nos levantamos en las mañanas para hacer el bien sin mirar a quien", dijo Mario Rozas.

"Me remito a un prestigioso medio de nuestro país: hay muchos estrategas de fútbol y pareciera que en el último tiempo hay muchos estrategas policiales, por lo tanto, eso atenta contra lo que estamos desarrollando", agregó.

Respaldo

En tanto, el ministro del Interior, Víctor Pérez -quien lo acompañaba-, afirmó que "el Gobierno ha sido extraordinariamente claro; hemos respaldado el actuar de Carabineros. El actual alto mando ha tenido que enfrentar una situación extraordinariamente compleja en los niveles de violencia, por lo tanto, creemos que las acciones que desarrollaron están dentro del marco de la ley".

"Estamos seguros de que los cargos que haga llegar la Contraloría van a ser desvirtuados. Lo importante, por parte del Gobierno, es que no se puede debilitar la acción de Carabineros en momentos tan sensibles como los que estamos viviendo en pandemia o saliendo de un estallido social", dijo.

Contraloría

La Contraloría, no obstante, defendió su facultad de fiscalizar responsabilidades administrativas, pues se funda en la Constitución y en la Ley 10.336, que permite al contralor o un funcionario de la Contraloría facultado por aquél instruir un sumario. Dijo que el sumario actual busca "establecer la eventual responsabilidad administrativa de funcionarios públicos ante la infracción de deberes legales y estatutarios y, de corresponder, termina con la aplicación de sanciones fundadas en un racional y justo proceso".

El organismo detalló que del 18 de octubre al 31 de diciembre de 2019, recibió 457 denuncias "debidamente individualizadas" sobre la acción de Carabineros, por lo que tenía "el deber legal de actuar"; y que informó el sumario al general director y al director de Auditoría Interna de Carabineros en marzo, y que les dijo que puede haber "responsabilidades administrativas".

El directorio de la empresa Ripley acordó iniciar un proceso para evaluar la venta de su participación minoritaria en la sociedad Nuevos Desarrollos, la que opera ocho centros comerciales de la cadena Mall Plaza en Arica, Iquique, Copiapó, Santiago (4) y Concepción.

La decisión, tomada por el directorio de Ripley Corp y comunicada ayer a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) a través de un hecho esencial, refiere a la participación en el 22,5% de las acciones emitidas y pagadas que la compañía posee a través de su filial Ripley Inversiones. Dicha participación fue adquirida en enero de 2009.

Luego de la publicación del hecho esencial, las acciones de Ripley subían 3,8% en la Bolsa de Comercio de Santiago, mientras que las de Mall Plaza ascendían 0,11%.

Las razones

"La razón de Ripley Corp S.A. para evaluar la venta de esta participación es que se trata de una participación minoritaria pasiva, cuya enajenación, de concretarse, permitiría liberar recursos para ser reinvertidos en iniciativas de mayor valor estratégico para Ripley Corp S.A. y reducir endeudamiento", dijo la firma en el documento enviado a la CMF.

"En cuanto a los posibles efectos en los resultados y situación financiera de Ripley Corp S.A. que tendría la venta de esta participación en caso de materializarse, dada la etapa preliminar del proceso, por el momento no es posible anticipar o cuantificar dichos efectos", agregó la compañía.

Más de 181 mil personas del transporte público y escolar pueden postular desde ayer al bono de apoyo único de $350.000, que será pagado en un máximo de 20 días hábiles.

La iniciativa, que nace de un acuerdo entre el Gobierno y gremios del sector, y que fue aprobada por el Congreso, fue destacada por la ministra de Transportes, Gloria Hutt, pues la crisis, según dijo, ha afectado sobre todo a actividades "tan sensibles como el transporte remunerado de pasajeros". El problema es que "muchas veces sus ingresos no se encuentran lo suficientemente documentados, lo que ha dificultado su acceso a los distintos programas de ayuda".

El bono está destinado a los transportistas de taxis, colectivos rurales, colectivos urbanos, taxis ejecutivos, de turismo, buses y minibuses urbanos y rurales, además de vehículos del transporte escolar. El bono podrá ser solicitado por 74.159 conductores y 107.146 propietarios de vehículos, en la web www.mtt.gob.cl.

Para acceder al bono, los propietarios son los primeros que deben ingresar a la web, con su RUN y clave única. Allí deben precisar diversos aspectos y adjuntar copia de la licencia de conductor profesional si es el caso, así como inscribir a el o los conductores del vehículo; estos podrán hacer la solicitud del bono tras recibir un correo de notificación.

Además, los dueños de los vehículos podrán acceder a un préstamo estatal de emergencia de $320.500, con tasa del 0% de interés real y podrá ser solicitado hasta tres veces.

La postulación al préstamo se podrá hacer en la misma web los próximos días, con una cuota al mes: las primeras dos entre septiembre y el 31 de diciembre, y la tercera entre marzo y mayo de 2021. Deberá ser pagado en cuotas desde septiembre de 2021.