La solicitud al Gobierno por parte del intendente, Jorge Martínez, de la extensión del decreto de escasez hídrica para la parte continental de la Región de Valparaíso -vigente hasta el 26 de septiembre-, es de suma importancia, por cuanto pese a la sensación ambiental de que ha sido un año lluvioso, lo cierto es que los problemas en el sector norte de la zona siguen siendo devastadores.

Para ello, explica el propio Martínez, se enviaron a La Moneda todos los antecedentes hace quince días, incluyendo los informes de la Dirección General de Aguas, la Dirección Hidráulica, del Ministerio de Obras Públicas y de la Seremi de Agricultura, para obtener los fondos que permitirán hacer frente a la delicada situación que viven los valles interiores de las comunas de las regiones de Valparaíso y Coquimbo, con la resultante afectación de los sectores agrícolas, productivos, ganaderos, la pequeña minería, el riego y la producción hidroenergética, entre otros. Las incombatibles reducciones del caudal de las distintas cuencas hidrológicas afluentes han redundado, lamentablemente, en una peor calidad de vida y el agravamiento de las condiciones de vulnerabilidad socioeconómica en las zonas referidas. Especial mención merecen las comunas de La Ligua, Cabildo y Petorca, declaradas como zonas afectadas por la catástrofe desde inicios de la década pasada y cuyo infortunio no ha podido ser revertido pese a las amplias facultades, para adoptar y aplicar las medidas tendientes a solucionar los problemas, que han recibido las autoridades a contar de las sucesivas renovaciones de decretos.

Hoy, Martínez pone en valor los planes Petorca y Aconcagua y los fondos adicionales aportados por el Gobierno central para la recuperación económica y social, las que se utilizarán, cuenta, en 40 APR, obras de canalización y tecnologización de riego, entre otras.

Su postura, empero, no es aplaudida por los dirigentes sociales de Petorca y el Movimiento de Defensa del Agua, la Tierra y la Protección del Medio Ambiente (Modatima), quienes critican la ausencia de políticas públicas para implementar instrumentos de ordenamiento territorial espacial y la histórica baja y nula fiscalización de las obras irregulares de captación de aguas subterráneas.

Sobre la mesa quedan las inquietantes declaraciones del relator especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) por el derecho humano al agua y saneamiento, el ingeniero brasileño Léo Heller, quien cuestionó una supuesta priorización de energía y otros productos en desmedro del consumo de agua humana y animal en la Provincia de Petorca. En ese sentido, la extensión del decreto no es la solución mágica a la sequía, pero sí da cierto alivio a la mediana y pequeña agricultura de tales localidades.

La política es el proceso de tomar decisiones que se aplican a todos los miembros de una comunidad humana. En una democracia, la forma es dialogar para tomar acuerdos y resolver problemas comunes. Así se manifiesta la diversidad y la pluralidad cuando reconocemos que no puede haber una sola manera de entender la convivencia. La organización del Estado lleva a que las decisiones colectivas sean adoptadas por el pueblo mediante mecanismos de participación. Es aquí, como decía Isócrates hace 2.400 años, que la Constitución es el alma de los pueblos.

El Estado de derecho se basa en la aceptación que se consienten las reglas o leyes preestablecidas, y que tiene en la Constitución la legitimidad que le dan los representantes del pueblo que la aprueba. Ese Estado de derecho democrático es, por tanto, la antítesis de los Estados autoritarios o dictatoriales, donde la retórica del Estado de derecho es sólo un instrumento de manipulación y de falsificación ideológica.

En todo Estado de derecho, como ya lo planteaban Habermas y otros teóricos, hay una directa relación con la comunidad política que lo legitima. La política es así la única vía democrática y su demérito implica simultáneamente desaprobar el Estado de derecho mismo. Lo interesante es que el Estado de derecho, como lo analizaba ampliamente Luhmann, construye también su propia autonomía y legitima sus procedimientos internos. El principio de legalidad y de los derechos fundamentales, si bien tiene una base política que lo legitima, pasa a ser un referente que lo sustenta.

La ley tiene distintos tiempos y sufre contradicciones entre su esencia y su apariencia, esto es, entre la forma en que es creada y la forma en que es representada. Se manifiesta la dualidad conflicto-consenso, que nace como proceso de disputa de intereses y que luego se formaliza y pasa a tener una identidad propia. Siendo justa o injusta es ley. Esto es así porque el consenso es la búsqueda del consentimiento. Ello no significa que la ley sea neutral, al contrario, es la expresión de la política. El consenso no expresa unanimidad, sino más bien, y valga la redundancia, una manera acordada de buscar acuerdo. El consenso minimiza el normal conflicto, sin necesariamente eliminar una opinión disidente.

Desde el punto de vista del manejo de los conflictos, el consenso no requiere del consentimiento activo. Basta con que aquellos que se oponen a una decisión toleren la disidencia. En este sentido, una decisión por consenso es una aceptación de no oposición. Este razonamiento, que es parte del origen de la democracia griega, de la que somos herederos, significa que en procesos de negociación resulta fundamental acordar que no debemos estar en desacuerdo formal. En otras palabras, (y esto es lo esencial) el consenso no se da en el contenido, sino en la forma. Es decir, no es necesario que tengamos que estar de acuerdo con una decisión, sólo tenemos que estar de acuerdo de llegar a una decisión. Ello garantiza la estabilidad, protege el Estado de derecho.