A las puertas del Consejo General de Renovación Nacional (RN), el diputado Luis Pardo, representante del Distrito 6, que incluye importantes comunas del interior de la Región, muestra abierta discrepancia con su correligionario el senador Francisco Chahuán.

Pardo opina que existe incompatibilidad en la aspiración del senador de ser presidente de su colectividad y de ahí saltar a una candidatura a la Presidencia de la República. Claro que hay distancia y tiempos: el encuentro de RN es este sábado y la presidencial, primera vuelta, el 21 de noviembre del próximo año. Lógicamente, Pardo, de acuerdo a su posición, no formará parte de la lista de Chahuán en la interna partidaria. El diputado, además, postula el aplazamiento de la elección de gobernador provincial para hacerla coincidir con la votación general de noviembre del próximo año.

Pero ya con anterioridad, Francisco Chahuán, junto a otros senadores, anunció su rechazo a una eventual postergación, pero Pardo argumenta que "no me parece responsable elegir una autoridad que no va a poder responder a las demandas y a las aspiraciones por las cuales la gente va a votar". Y en sentido, insiste en el viejo tema, todavía no resuelto, de definir las competencias de la nueva autoridad y los presupuestos y recursos necesarios "para responder a las demandas ciudadanas con cuya solución se van a comprometer en la campaña". Tiene razón, pues el candidato a gobernador podría estar girando con un cheque sin fondos… Pero en política eso no es novedad.

El aplazamiento de la votación de abril, sin embargo, no garantiza que para una nueva fecha aparezcan competencias y recursos que hasta ahora no han llegado, pese a que el punto se viene advirtiendo desde hace tiempo.

Continuando en el campo del Gobierno Regional, Luis Pardo rechaza las críticas a la gestión del intendente, Jorge Martínez, incluso de su sector, relativas al gasto, donde sobre la lealtad partidaria primarían "otros propósitos", afirma.

El alcance de las diferencias entre el diputado y Francisco Chahuán, senador elegido con alta votación, pueden estar demostrando las fisuras internas en RN, colectividad oficialista que debe entregar definiciones importantes en la reunión del próximo sábado, bajo la presidencia del senador Rafael Prohens, reemplazante de Mario Desbordes ahora en La Moneda. Está el tema del plebiscito, con la posición de los duros de fuerte apoyo al "Rechazo", y está también el tema presidencial, que deja de ser meramente interno en un escenario del oficialismo donde hay muy buenas noticias para la opción "socialdemócrata" de Lavín, más allá de las fronteras de la UDI.

Diferencias y definiciones políticas locales de proyección nacional en medio de una pandemia que, pese a algunas luces, no afloja.

Sin temor a equivocarme, esta debe ser la pregunta que con mayor frecuencia he escuchado desde que asumí como seremi de Bienes Nacionales en la Región de Valparaíso. Y qué duda cabe de aquello, si sumada a la errada idea de que cada "sitio eriazo" es propiedad del Fisco, una de las principales tareas que tenemos como Ministerio de Bienes Nacionales en el país es poner en valor el patrimonio que se administra. Frente a esto, vale aclarar que en los últimos meses, y pese a las múltiples denuncias que hemos recibido, no tenemos nuevas tomas en terrenos administrados por nuestro ministerio.

El patrimonio del Estado en materia territorial se clasifica en dos grandes grupos: los inmuebles administrados por el Ministerio de Bienes Nacionales y los bienes nacionales de uso público (BNP). Estos últimos pertenecen y pueden ser usados por todos los chilenos, y un buen ejemplo de ellos son las calles y áreas verdes de una ciudad. La Ley Orgánica de Municipalidades establece que a cada municipio le corresponde administrar los bienes municipales y BNP.

Desde el 18 de octubre a la fecha, nuestro trabajo cobró mayor notoriedad en la región en este sentido, debido a una serie de tomas de terreno que han sido comentadas en los medios de comunicación y en la opinión pública. Sin embargo, es necesario precisar que estas tomas se han producido específicamente en terrenos de propiedad privada, en terrenos que se encuentran en administración por otros servicios o también en terrenos de administración municipal, como lo son los bienes nacionales de uso público.

Se suele pensar que estos últimos son administrados por el Ministerio de Bienes Nacionales y que, por lo tanto, le corresponde a este último hacerse cargo de los respectivos desalojos, pero lo cierto es que como aconteció en Viña del Mar con la toma del sector Las Brisas y también en Valparaíso con la toma de Quebrada Tortuga en Playa Ancha, fueron los respectivos alcaldes los que solicitaron los desalojos correspondientes en el ejercicio propio de sus funciones, haciendo valer sus facultades señaladas en la Orgánica de Municipalidades.

La naturaleza de las ocupaciones también varía. Los más complejos son los asentamientos precarios (campamentos). En este sentido, en la región tenemos 13 terrenos de Bienes Nacionales que se encuentran albergando ocupaciones de este tipo, de los cuales ocho forman parte del catastro de campamentos Serviu. Estos casos están siendo tratados de manera integral, tanto por nuestro ministerio como por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, a través del Serviu en mesas de trabajo de larga data, siempre pensando en atender necesidades habitacionales reales de las personas, sin espacio a tolerar casos de inescrupulosos que se asientan en un lugar para lucrar y al mismo tiempo engañar a terceros.

Finalmente, la invitación es a que la próxima vez que nos hagamos la genuina pregunta ¿de quién es el terreno? al ver los lamentables episodios de ocupaciones ilegales o tomas de terreno, es importante tener en cuenta que el Ministerio de Bienes Nacionales está diligentemente trabajando, poniendo a disposición sus equipos para, primeramente, definir la naturaleza del dominio del terreno y, después, colaborar con quienes sean responsables de su administración, de modo que puedan tomar las respectivas y rápidas medidas para su desocupación.

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