Katherine Escalona M.

Los nuevos datos que surgieron tras la investigación y reformulación de cargos de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) contra Enap Refinería Aconcagua S.A. por el episodio de contaminación del 21 de agosto de 2018, que causó diversos síntomas de intoxicación en Quintero y Puchuncaví a más de 1.700 personas, es un elemento que valida la Fiscalía del Biobío, que lleva adelante una investigación penal en contra seis ejecutivos de la estatal.

Por esto, el Ministerio Público del Biobío confirmó que "la fiscal regional, Marcela Cartagena, y la fiscal Ana María Aldana (especializada en delitos medioambientales) tienen programada una reunión (a distancia) durante estos días con la SMA, donde uno de los puntos, sin duda, es la formulación de los cargos en el marco de las atribuciones de la SMA", y afirmaron que el proceso de la SMA es independiente de la investigación penal que lleva el ente persecutor.

El 28 de noviembre del año pasado, la Fiscalía del Biobío formalizó la investigación por presunto delito ambiental en contra de Edmundo Piraíno, gerente de Enap Refinería Aconcagua; Álvaro Hillerns, gerente de Enap Refinerías Biobío; Patricia Cabalá, jefa del Departamento de Operaciones de Enap Refinería Biobío; Juan Pablo Rhodes, jefe del Terminal Marítimo Quintero Enap Refinerías Aconcagua; Jorge Farías, jefe del Área Marítima de Enap Refinería Biobío; y Carlos Lizana, jefe del área terrestre del Terminal Marítimo Quintero Enap Refinería Aconcagua.

La formalización se extendió por tres jornadas, en las cuales se presentaron todos los antecedentes del tratamiento del crudo iraní, que primero llegó a Talcahuano y luego se trasladó a la Bahía de Quintero. Por los hechos, el Juzgado de Garantía de Talcahuano determinó -el 30 de noviembre de 2019- arraigo nacional y firma mensual a los imputados por su eventual participación en el hecho de contaminación que causó intoxicaciones en ambas localidades y puso en riesgo la salud de las personas. El plazo de investigación, que aún está vigente, fue de 18 meses.

Enap descarta hechos

Pese a la reformulación de cargos de la SMA, Enap descarta participación en el hecho y deja ver que existiría una especie de persecución por parte de la autoridad medioambiental. Afirman que la SMA pretende sostener una cuarta hipótesis de lo que pasó, siendo que no hubo solamente un episodio contaminante.

Sobre la reformulación de cargos de la SMA, Enap precisó que "nos sorprende la decisión de la SMA, luego de haber transcurrido más de 500 días desde el cierre de la investigación y de haber demostrado Enap, de manera fehaciente -y con respaldo técnico de reputados expertos- que las infracciones que se le imputaron no han causado efecto alguno en la salud de la población".

La estatal detalló que "hasta ahora la SMA y otras autoridades han sostenido al menos tres tesis distintas para responsabilizar a Enap y explicar cómo, supuestamente, habrían ocurrido los hechos. Con esta nueva decisión de reabrir la investigación, la SMA pretende sostener una cuarta tesis con hechos potenciales y afirmaciones condicionales, sólo con la finalidad de intentar atribuir nuevamente la responsabilidad a Enap, olvidando que los eventos de intoxicación sólo se detuvieron luego de la entrada en vigencia de los planes operacionales de reducción de emisiones aplicables a todas las empresas del complejo industrial".

Por ello, "reiteramos nuestra convicción de que no tenemos responsabilidad alguna en los lamentables hechos ocurridos en Quintero y Puchuncaví, por lo cual nos encontramos evaluando el curso de acción para seguir defendiendo los intereses de Enap", consignaron.

Querellantes

Contrarios a la opinión de la empresa, los abogados querellantes de la causa reconocieron que los antecedentes aportados por la SMA sustentan el hilo conductor que planteó el Ministerio Público, del tratamiento del crudo iraní (Iranian Heavy), lo que fue expuesto en la formalización de cargos contra seis ejecutivos de la estatal.

El abogado Remberto Valdés, quien representa a 1.187 intoxicados en la bahía de Quintero, planteó que "es una información excelente, que confirma la tesis de esta parte querellante, que confirma además la tesis que desarrolló la Fiscalía del Biobío por su imputación de cargos y también es la confirmación de la Corte de Apelaciones de Concepción, que sustentó las medidas cautelares en contra de los seis ejecutivos de Enap".

Con esto, dijo que "estamos optimistas en cuanto a que el resultado - tanto penal como civil- va a ser favorable a las víctimas, pero me llama la atención la atención que Enap, que es estatal, siga en su posición de soberbia y no indemnice aún a las personas que intoxicó. Que no haya dado disculpas o tomado ninguna decisión proactiva y, por el contrario, esté invirtiendo millones de pesos, de todos los contribuyentes para pagar la defensa de los ejecutivos".

El abogado Remberto Valdés hizo un llamado al Presidente Sebastián Piñera para que "tome cartas en el asunto, porque esta es una empresa estatal y la moralidad, la probidad, debe ser máxima, lo dice la Constitución y la ley. El Presidente debiese disponer que Enap pague las indemnizaciones a estas personas para proteger su salud".

El abogado de la Municipalidad de Quintero, Luis Araya, quien también es querellante en la causa, precisó que "la línea investigativa que da a conocer la SMA nosotros la conocíamos por los antecedentes de la Fiscalía del Biobío que la determinó, pero hoy (ayer) nos enteramos que existen estos dos estudios que encargó la SMA y, naturalmente, vamos a solicitar esos resultados que van a ser anexados a la carpeta investigativa si no lo hace antes el Ministerio Público, porque seguramente ellos lo va a tomar en consideración".

Afirmó que "queremos oficiar a la SMA porque sería interesante saber acerca de la posibilidad de estos mismos estudios en Talcahuano, si los hicieron, para ver si obedecen a la misma dinámica. Nos enteramos de que Enap actúa ocultando información, omitiendo información a los procesos de investigación de la SMA, lo hemos hecho presente cada vez que nos ha correspondido comparecer a las audiencias y, naturalmente, una vez más, haremos presente este acto".

"Queremos oficiar a la SMA porque sería interesante saber acerca de la posibilidad de estos mismos estudios en Talcahuano".

Luis Araya, Querellante

"Llama la atención que Enap, que es estatal, siga en su posición de soberbia y no indemnice aún a las personas".

Remberto Valdés, Querellante

Hace seis años, el 24 de septiembre de 2014, una catástrofe ambiental se desató en la bahía de Quintero. En la madrugada, en el Terminal Marítimo de Enap, el buque tanque "Mimosa" derramó más de 37 mil litros de petróleo al mar por un desperfecto en el trasvasije del combustible.

La mancha oleosa en pocas horas llegó hasta Cachagua y el daño ambiental causado se veía de gran magnitud. Los más afectados fueron los pescadores, quienes no pudieron trabajar por meses y hoy, sin medidas de mitigación o reparación al respecto, recuerdan acongojados ese día.

La presidenta de la caleta de pescadores de Loncura, en Quintero, Susana Cavada, aseveró que "cuando ocurrió ese episodio, hace seis años, estuvimos seis meses sin salida a la bahía desde Quintero hasta Cachagua por los alimentos contaminados. En el 2015, el Instituto de Fomento Pesquero (IFOP) hizo un estudio que arrojó que había arsénico. El gobierno gastó $350 millones en hacer un libro y una investigación, a lo cual hasta la fecha no hay resultados".

Cavada acotó que "hemos tenido mucho daño y, hasta ahora, estamos a la espera de una indemnización, pero por la pandemia está todo dilatado. Estamos desilusionados y hemos sufrido bastante porque, al final, el Gobierno de Chile tampoco ha dicho cuál es la empresa que contamina y qué está sucediendo. Después del 'Mimosa' hubo más derrames y no conclusiones".

El abogado de la Municipalidad de Quintero, Luis Araya, en tanto, explicó que aún están a la espera de los avances de la demanda por daño ambiental contra Enap, que se dictó el cúmplase el 7 de octubre por el Segundo Tribunal Ambiental.

"Vino el estallido social, el tema de la pandemia y todo se ve alterado, nada de lo que teníamos presupuestado se ha podido cumplir a cabalidad. (...) Enap ha presentado las distintas gestiones que han estado realizando, pero nosotros tenemos que ver los resultados prácticos. Estamos esperando los avances para hacer nuestro propio análisis técnico y si no nos resulta satisfactorio denunciar el incumplimiento al Segundo Tribunal Ambiental para que adopte las medidas pertinentes", dijo Araya.

Mientras, la seremi del Medio Ambiente, Victoria Gazmuri, lamentó el episodio y destacó que "hemos tomado acciones en la bahía como es el inicio formal de la elaboración de una Norma Secundaria de Calidad Ambiental (NSCA), primera norma para aguas marinas y sedimentos en Chile, la que busca regular las concentraciones de parámetros asociados a las actividades industriales y actividades de saneamiento (tratamiento de aguas servidas) que se desarrollan en la bahía".

"Hemos tenido mucho daño y hasta ahora estamos a la espera de una indemnización, pero por la pandemia está todo dilatado".

Susana Cavada, Presidenta Caleta de Loncura

"Hemos tomado acciones (...) como es el inicio formal de la elaboración de una Norma Secundaria de Calidad Ambiental".

Victoria Gazmuri, Seremi de Medio Ambiente