Claudio Ramírez

La Empresa Portuaria de Valparaíso (EPV) anunció ayer que decidió poner fin al contrato de concesión con el Valparaíso Terminal de Pasajeros (VTP). A través de un hecho esencial, la estatal comunicó su determinación aduciendo "incumplimiento" por parte de la empresa, filial de Agunsa y del Grupo Urenda.

"Con fecha 25 de septiembre de 2020, Empresa Portuaria Valparaíso ha notificado a su concesionario Valparaíso Terminal de Pasajeros S.A. del término del contrato de concesión que las vincula, motivado por el incumplimiento, de esta última, de las obligaciones que el contrato le impone", subraya el documento enviado a la Comisión Para el Mercado Financiero (CMF) y firmado por el gerente general de EPV, Franco Gandolfo.

Una decisión que no deja de sorprender pues, a principios de agosto, fue precisamente el terminal el que ingresó al Primer Juzgado Civil de Valparaíso una acción legal solicitando el término del contrato con la estatal y una millonaria indemnización por la misma razón.

Acciones judiciales

De hecho, similar objetivo fue el que dejó planteado en su comunicación al regulador la empresa portuaria al momento de anunciar el término del contrato de concesión con el VTP. "Junto con lo anterior, la Empresa Portuaria Valparaíso ha hecho reserva de los derechos y acciones para perseguir la responsabilidad de Valparaíso Terminal de Pasajeros S.A. en el término del contrato y la indemnización de los perjuicios que de ello se derivan", advirtió el documento.

Sin embargo, este conflicto en su fase cúlmine data de mediados de junio pasado, cuando el VTP envió a la empresa portuaria una carta de notificación de incumplimiento contractual. Y en consecuencia, a fines de julio el terminal de pasajeros notificó a la estatal del término del contrato de provisión de infraestructura e instalación y concesión portuaria de un área para la atención de pasajeros de cruceros de turismo.

Tras ello llegó la acción judicial del VTP donde acusa a la portuaria de infringir el ordenamiento jurídico, legal, reglamentario y contractual aplicable, "atentando contra los principios consagrados en la Ley N° 19.542 que moderniza el sector portuario estatal".

Allí alude también a la pérdida de la preferencia en los sitios de atraque, particularmente en TPS, obligando a las líneas de cruceros "a realizar una planificación de arribo de naves imposible de cumplir", lo que fue una de las razones de que una parte de la industria emigrara al puerto de San Antonio.

"EPV también incumplió la obligación de actuar de buena fe al mantener un cobro excesivo por concepto de Tarifas de Uso de Puerto (TUP) a naves de cruceros, en perjuicio de VTP (74,4% superiores a aquellas cobradas por Empresa Portuaria de San Antonio por igual servicio), como asimismo el permitir un cobro excesivo de tarifas por "Servicios Especiales" a las naves de pasajeros, por parte de los concesionarios de los frentes de atraque", manifestó VTP al momento de interponer una demanda que hoy es parte de un conflicto que ayer abrió un nuevo capítulo con la decisión comunicada al CMF.

Industria en crisis

A eso se suma el momento actual que vive el sector de los cruceros, con una industria paralizada y que, por ahora, no da señales de reactivación, especialmente para el hemisferio sur y países como Chile, que no tiene un mercado interno relevante en ese sentido.

Este medio tomó contacto con la estatal para profundizar en las razones que lo llevaron a tomar tal decisión, pero por el momento prefirió no emitir más comentarios sobre el libelo. Lo mismo en el caso del concesionario.

De acuerdo a datos de la Asociación de AFP, en la Región de Valparaíso 859.966 personas ya hicieron una solicitud de retiro correspondiente al proyecto del "diez por ciento", lo que equivale a un 84% de los afiliados a nivel local.

El monto promedio de cada uno de los procedimientos hasta ahora en el territorio es de $1.366.787, lo que representa un 39% del saldo acumulado de los afiliados. En tanto, la mediana corresponde a un 19% del mismo. Ambos indicadores están muy por sobre el 10% que considera el proyecto, recordando que las personas tienen plazo de un año para hacerlo efectivo.

Total de ahorros

Hay que consignar además que un 19% de los afiliados sacó la totalidad de sus ahorros, vaciando sus cuentas. En tanto, un 46% retiró un porcentaje superior al 10% de sus fondos, debido al mínimo de referencia de $1 millón (35 UF), mientras que un 29% retiró el 10% de su saldo y, por último, un 6% sacó menos del 10%, por el tope máximo de $4,3 millones (150 UF).

"Aun cuando el primer retiro de fondos ha significado un alivio importante para quienes han podido resolver con ese dinero distintas necesidades surgidas producto de la pandemia, no podemos olvidar el impacto que esto produce en las pensiones futuras", comentó el gerente de la Asociación de AFP, Fernando Larraín.

De los afiliados que gestionaron sus solicitudes, un 54% corresponde a hombres y un 46% a mujeres. Ellas retiraron montos menores, casi $1,2 millones promedio versus el $1,6 millones de los hombres, lo que representa casi la mitad de sus ahorros acumulados. La edad promedio de los solicitantes es de 40,8 años.

En el caso eventual de un nuevo retiro de fondos con las mismas características del primer proyecto, la entidad estima que 362.760 afiliados de la región podrían quedar sin ahorros para pensión.

A un mes del plebiscito del 25 de octubre, ayer la Segunda Junta Electoral de Valparaíso llevó a cabo el sorteo de vocales de mesa y también de los miembros de los colegios escrutadores, cuya misión es reunir las actas de los escrutinios realizados en las mesas receptoras de sufragios y sumar los votos que en ellas se consignen.

De acuerdo a lo precisado por el secretario de la Segunda Junta Electoral de Valparaíso, Marcos Díaz León, el procedimiento desarrollado "es de vital importancia, puesto que se elige en forma aleatoria a las personas que van a recibir los votos y revisar las actas de votación. Se trata de personas que no han sido designadas por ninguna autoridad pública, ni por el Gobierno ni por la municipalidad, por lo que se le garantiza al ciudadano común y corriente que no habrá intervención electoral".

Tras este proceso, el próximo paso es la publicación de la lista de los vocales de mesa y de los miembros de los colegios escrutadores, más los respectivos locales de votación, lo que se concretará el 3 de octubre, a través de El Mercurio de Valparaíso, misma fecha en que se enviarán las notificaciones a través de correo certificado a los respectivos domicilios de quienes resultaron elegidos.

Díaz indicó que quienes quieran excusarse del cumplimiento de estas obligaciones podrán hacerlo los días 5, 6 y 7 de octubre, presentando sus argumentos ante la junta electoral.

Cabe consignar que la Segunda Junta Electoral de Valparaíso, que incluye las circunscripciones de Barón, Playa Ancha, Placilla de Peñuelas y Laguna Verde, totaliza 2.110 vocales para 422 mesas receptoras de sufragios y 30 miembros para tres colegios escrutadores.

"Se elige en forma aleatoria a las personas que van a recibir los votos y revisar las actas de votación".

Marcos Díaz León, Secretario Segunda Junta Electoral de Valparaíso