Tomas y barreras en crisis habitacional
La Región de Valparaíso lidera el número de ocupaciones irregulares de terrenos ante la creciente demanda de viviendas. Tras carencias urgentes se detectan casos de lucro y engaño con la necesidad de las familias, con falsas promesas de urbanización y regularización.
Un estudio del Ministerio de la Vivienda pone en cifras la realidad de la crisis habitacional que afecta al país. Este trabajo da cuenta del aumento de las tomas de terreno a lo largo del territorio, totalizando 104 entre octubre de 2019 y septiembre de este año.
La mayor cantidad de ocupaciones irregulares de todo el país se registra en la Región de Valparaíso, con un total de 50, más que la Metropolitana que anota 47. Por comunas el mayor aumento de tomas corresponde a Temuco, pero a continuación están Viña del Mar y San Antonio. El incremento de familias que residen en esos precarios lugares llega en todo el país a 21.883 y Valparaíso contabiliza 6.644, cifras que se suman a ocupaciones ya existentes.
El ministro de la Vivienda, Felipe Ward señala que esta creciente realidad se debe a que "hay un deterioro especialmente a partir de la pandemia en la situación económica de las familias; muchas personas se ven imposibilitadas de seguir pagando el arriendo y toman la decisión de irse a una toma; lo mismo ocurre con personas en condiciones de hacinamiento o allegadas".
Tras estas ocupaciones irregulares hay graves problemas. El peor, las malas condiciones de esas soluciones habitacionales generalmente emplazadas en terrenos que no son aptos para la vivienda y requieren altas inversiones en urbanización que difícilmente llegan. Tal es el caso concreto de Valparaíso y Viña del Mar, con ocupaciones de laderas de cerros o quebradas, lugares expuestos a derrumbes, inundaciones e incendios.
El otro problema es que tras la necesidad real se ha detectado lucro y engaño a las familias afectadas con falsas promesas de urbanización y regularización. Existe, lo denuncia Mario Olavarría alcalde de Colina, un "mercado negro inmobiliario", lo que exige investigación y sanciones.
La cuestión de fondo es que las ocupaciones irregulares, que vienen desde hace mucho tiempo, revelan que las políticas oficiales de vivienda no han ido al ritmo de crecimiento de la población y no se adaptan a los ingreso insuficientes o irregulares de los sectores más pobres. Los subsidios, aporte a las familias con recursos públicos, no siempre asumen esa realidad o bien su otorgamiento es lento y engorroso. Precisando el punto Sebastián Bowen, director de Techo, afirma que "necesitamos políticas habitacionales mucho más inclusivas. Aún existen barreras muy altas para la población vulnerable para acceder a una vivienda formal".
La meta de una solución integral a la crisis habitacional parece lejana con esas "barreras muy altas", pero ello no puede ser obstáculo para atacar el problema sumando a los esfuerzos del Estado una acción coordinada con la participación de municipalidades, sector privado y entidades de servicio con experiencia como es el caso de Techo.