Una de las tareas prioritarias que va de la mano con la evolución en materia sanitaria de la región es la recuperación del empleo, donde las cifras son decidoras respecto a los costos que han tenido las restricciones impuestas por la autoridad para controlar la pandemia.

Y en esa línea, el subsidio anunciado por La Moneda el fin de semana representa un instrumento necesario, que en el caso de la zona será más efectivo en la medida que comunas como Valparaíso y Viña del Mar logren salir de la cuarentena.

"Esta región, en particular, ha sido golpeada fuertemente por el desempleo porque es una región con vocación turística y que por la cantidad de población que tiene, cerca de 2 millones de habitantes, tiene mucha actividad comercial, (...) en la construcción también", comentó el intendente, Jorge Martínez, quien lideró el lanzamiento regional de esta medida en el restaurante "Aquí Jaime" de Concón.

"Esperamos que esta pérdida se pueda empezar a recuperar. En la región hay más de 40 mil empleos congelados, suspendidos y ya hemos perdido con mucho dolor más de 190 mil empleos", dijo el jefe regional , añadiendo que a partir de este subsidio se debe comenzar a recobrar las plazas de trabajo afectadas por la pandemia que suman más de 200 mil, entre suspendidas y perdidas definitivamente.

Al respecto, la seremi del Trabajo, María Violeta Silva, remarcó que el subsidio complementa la red de protección social "que hemos implementado desde marzo (…) lo hicimos con la ley de protección del empleo que hemos ido adaptando a medida que ha ido evolucionando la pandemia".

Añadió que ahora se debe apuntar a la recuperación económica y social y, en ese sentido, recalcó que es fundamental que "las pymes puedan ponerse de pie y volver a contratar personas". En ese plano, mencionó que el subsidio al empleo es una política pública eficiente. "Hemos fortalecido los mecanismos para su implementación a través del Sence y para fiscalizar a las grandes empresas para que no haya abuso en su uso".

Construcción

Uno de los sectores que está alerta es el de la Construcción, que sólo al mes de julio de este año vio cómo los ocupados disminuyeron un 32,1%. "Esto representa 24.400 trabajadores y familias que ya no cuentan con su ingreso. A ellos hay que sumar un alto número de trabajadores suspendidos y los miles de puestos de trabajo indirectos que genera nuestra industria", comentó la presidenta de la CChC Valparaíso, Marisol Cortez.

Además, subrayó que es fundamental que los incentivos como los anunciados por el Gobierno sean el complemento de una prudente, pero sostenida reactivación de los distintos sectores productivos, especialmente de los intensivos en puestos de trabajo. "En nuestro caso, esto significa reiniciar las obras que están detenidas y mantenerlas operando de acuerdo al estricto cumplimiento del protocolo sanitario que hemos desarrollado en conjunto con las autoridades, así como acelerar la licitación de los proyectos que componen el plan de reactivación del Gobierno y que involucren altos montos de inversión y creación de empleo".

Por último, agregó que es necesario que las obras que se reactiven, una vez levantadas las cuarentenas, no sean paralizadas en caso que las comunas retrocedan de fases.

Flexibilizar criterios

La presidenta regional de Unapyme, Gianina Figueroa, indicó que se requiere una mayor flexibilización dada la actual situación de sectores como el turismo y los servicios tras varios meses sin funcionar con normalidad. "Exigir que para la recontratación y para la nueva contratación, como requisito deban tener las cotizaciones pagadas al día, es restringir una vez más cómo ha sido la tónica en todos los instrumentos de fomento y créditos con aval del Estado".

"Lamentamos que no se entienda, que casi seis meses de no ventas, tiene como consecuencia una serie de problemas de liquidez y pago de obligaciones y de no flexibilizar el criterio será un anuncio más, que favorecerá sin duda a empresas grandes, tal vez medianas, pero un amplio sector de empresas de menor tamaño quedará fuera. Esperamos que si de verdad se piensa favorecer a un millón de trabajadores, se flexibilice, sino este anuncio será igual que el Fogape".

Añadió que lo positivo son los criterios de género y discapacidad, considerando que en el caso de las mujeres la merma es considerable.

La profesora de la Escuela de Negocios de la UAI e investigadora del CEPR y el COES, Diana Krüger, señaló que para la recuperación de empleos son claves las condiciones sanitarias. "Esto debería inyectar liquidez especialmente a las pymes y en nuestra región sobre todo donde han cerrado varios restaurantes emblemáticos. Y en general el comercio, las gastronomía o la construcción se van a ver beneficiados con esta medida y se convertirá en una gran ayuda", dijo la académica, agregando que es difícil saber si será suficiente.

"Sí es necesario para empresas que han logrado sobrevivir, pero para aquellas que están en un momento muy crítico y que no han accedido a los programas que entregó con anterioridad el Gobierno no va a ser suficiente. (...) No nos va a llevar al estado prepandemia, pero sí es bueno si se suma a las otras medidas", subrayó.

"En la región hay más de 40 mil empleos congelados, suspendidos y ya hemos perdido con mucho dolor más de 190 mil empleos".

Jorge Martínez, Intendente regional

"Sí es necesario para empresas que han logrado sobrevivir, pero para aquellas que están en un momento muy crítico no va a ser suficiente".

Diana Krüger, Profesora Esc. de Negocios UAI

Para el economista de la UVM, Alejandro Corvalán, en el subsidio planteado, si bien reconoce que existe una consideración con el empleo femenino, señaló que no es el ideal. "Hay una debilidad en el subsidio en los temas de género. Las mujeres han sido uno de los sectores más afectados dentro de la fuerza de trabajo y las tasas de participación femenina en el empleo han disminuido hasta lo que eran hace 10 años. En el subsidio dado a conocer, la diferencia que hay en general, con respecto a las mujeres, es de sólo un 10 % y, a mi juicio, es claramente insuficiente como fórmula para estimular su contratación", indicó.

El Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) pidió, a través de un escrito, al Tribunal Ambiental desestimar todos los recursos de reclamación que ha recibido este último organismo en el marco de la tramitación ambiental del proyecto de expansión del Terminal Dos de Valparaíso.

Esto, tras la resolución dada a conocer hace unos meses por el comité de ministros que aprobó la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) de la iniciativa.

Entre los recursos interpuestos figura uno de la propia Empresa Portuaria de Valparaíso (EPV) que busca resolver una observación que el citado comité realizó respecto al tema de la accesibilidad y que, de acuerdo a lo expresado en su momento por la estatal, podría ser complejo, pues aquello iría ligado a otro proyecto que es el relacionado con la accesibilidad a los terminales.

"Podemos llegar al absurdo de que hagamos el Acceso Sur, pero no sea el proyecto que cumpla con el requisito de operación del T2 que, aparentemente, le incorporó el comité. (…) Eso nos ponía en la obligación de ir a obtener una resolución cierta", comentó en su oportunidad el presidente del directorio de la estatal, Fernando Ramírez, a la hora de explicar la decisión de la empresa de concurrir al Tribunal Ambiental, añadiendo que la idea era que se dejaran sin efecto esas observaciones.

No es una condición

Lo cierto es que el SEA tiene una opinión distinta en ese plano y así lo deja en claro en el documento presentado. La entidad menciona que no se trata de una nueva condición, sino que el comité de ministros "explicitó un hecho que es parte de la evaluación ambiental del proyecto" y que no depende de la iniciativa de mejoramiento de accesibilidad, una iniciativa que sigue en fases tempranas de tramitación y que, por lo mismo, aún debe transitar por varias etapas antes de obtener su RCA.

"El Comité de Ministros únicamente se limitó a señalar la misma declaración que hizo el titular, sin que aquello signifique haber supeditado la ejecución de este proyecto al proyecto que se encuentra en evaluación y si el reclamante tuvo duda al respecto, lo que debió hacer es presentar una solicitud de aclaración (o bien, interpretación)", menciona el escrito presentado ante el Tribunal Ambiental por el SEA.

En esa línea, precisa que corresponde a una declaración dispuesta en el contexto de la evaluación del impacto vial, no debiendo ser considerada como una nueva condición que agregue exigencias adicionales al proyecto que asumió la estatal luego de que, en marzo del año pasado, el concesionario TCVAL decidiera hacer efectiva la cláusula de "way out" y no persistir en la obra que se adjudicó en 2013 y que a la fecha representa una inversión superior a los US$ 550 millones.

Otras reclamaciones

En las conclusiones del documento interpuesto en el proceso, el SEA también solicita al Tribunal descartar las otras reclamaciones presentadas relacionadas con tópicos como los efectos de un tsunami en la infraestructura, el componente paisaje y los aspectos patrimoniales, entre otros, pues señala que la iniciativa ya se hizo cargo de tales elementos.

A ello agrega que el proyecto descartó correctamente los impactos adversos significativos asociados al riesgo para la salud de la población debido a emisiones atmosféricas, y adicionalmente, no se verificaron los requisitos legales para abrir un nuevo proceso PAC por modificación sustantiva del cálculo de emisiones.