Katherine Escalona M.

En exactos 30 minutos y a través de Facebook Live, el alcalde Jorge Sharp reconoció ayer la gravedad del informe de Contraloría que revela el pago de más de $ 931 millones en subvenciones, la remuneración de adolescentes y una serie de irregularidades administrativas en la Corporación Municipal de Valparaíso para el Desarrollo Social (Cormuval), por lo cual ejecutará acciones, siendo una de las más concretas la petición de renuncia de la directora del Departamento de Educación, Silvana Sáez.

"Le he pedido la renuncia a directora del área, Silvana Sáez, básicamente por las conclusiones del informe. Nos parece que es lo que corresponde en estos casos y, por tanto, en los próximos días vamos a anunciar al nuevo director o nueva directora del área de educación de la Corporación Municipal. (...) Uno tiene que actuar y cada quien tiene que asumir la responsabilidad que le corresponde", aseveró Sharp.

A esto, precisó el alcalde, se anexó la solicitud de reuniones con el contralor nacional, Jorge Bermúdez, la Fiscalía Regional y la Defensoría de la Niñez, esta última para ver la situación respecto a remuneraciones a adolescentes que da cuenta la auditoría que fiscalizó desde el 1 de enero de 2017 al 30 de junio de 2019, fecha en que ya había asumido Sharp.

"Aquí no hay que adornar las cosas. El informe es categórico, es muy claro en muchos aspectos. Es categórico porque da cuenta de cosas que se venían haciendo hace muchos años de mala manera en la Corporación Municipal y se había tendido a naturalizar, y se había asumido como prácticas legítimas y válidas para el sistemas de educación pública de Valparaíso. En ese sentido, yo creo que es un informe que al ser categórico y muy claro, nos demanda a tomar una serie de acciones que son indispensables para poder corregir y poder abordar cada uno de los aspectos", recalcó Sharp.

Administración de pinto

Pero ¿cómo se explica la labor remunerada de alumnos? El alcalde afirmó que la situación en el Liceo Técnico Valparaíso y María Luisa Bombal se gestó en la época del exalcalde Hernán Pinto y recalcó que nadie denunció la situación. "Desde fines de la década del 90 e inicios de la década del 2000 el alcalde Pinto, en su momento, tomó la determinación en la Corporación Municipal de levantar en los liceos, (...) lo que se llaman áreas productivas asociadas a estas prácticas profesionales", aseveró.

En estas áreas, reconoció Sharp, "se prestaban ciertos servicios que eran entendidos e interpretados como prácticas profesionales de los jóvenes. Por tanto, esta situación se viene arrastrando hace muchos años" y acotó que "lo que la Contraloría, en definitiva, nos dice que esta forma de trabajar estos temas al interior de estas escuelas está mal porque las áreas productivas no están vinculadas a los procesos pedagógicos".

Cuestionó que la Contraloría no fiscalizara antes la situación ni nadie y aclaró que "tomamos conocimiento a fines del 2018, a inicios del 2019, antes no hubo ninguna mención de la Contraloría, de la Superintendencia, de los concejales, de la directora del área, de los directores de ambos colegios" y "primera vez que la Contraloría viene a investigar esto es a partir de una denuncia que se realiza a fines del 2018", momento en que, insistió, se tomaron acciones, entre ellas, suspender las compras.

Además, Sharp explicó que los más de $ 931 millones cuestionados "son platas que se pagaron". Sin embargo, la Contraloría objetó el pago porque no correspondía a las áreas educativas. "Cuando supimos tomamos decisiones, actuamos", reconoció, junto con informar que entregaron todos los antecedentes cuando estaba en curso la investigación, hecho que es cuestionado en el informe.

Concluyó que, como acciones concretas, denunciará si hay vulnerabilidad a adolescentes y aportará todos los antecedentes. "Actuaremos con todo el rigor, no nos va a temblar la mano", dijo y afirmó que apoyará a ambos liceos y aplicará todo lo que mandata la Contraloría, entre ello, el sumario. Además, asumió la responsabilidad por no haber detectado los problemas antes y mandó un mensaje por posibles reacciones: "No se pasen de listos".

Concejales cuestionan

Los concejales refutaron la declaración de Sharp y fueron tajantes en afirmar que sí denunciaron, en su momento, la situación. Anoche se reunieron a las 22 horas para analizar el caso.

El presidente de la Comisión de Finanzas, Iván Vuskovic (PC), recalcó que "era necesario que destituyeran a alguien relativo a este asunto y es la misma persona del concurso de directores. Esto es una práctica del pasado porque nosotros hace dos años lo levantamos en la Comisión de Educación y nos dieron respuestas evasivas. Es lamentable".

El presidente de la Comisión de Educación, Carlos Bannen (UDI), destacó que "nos parece impresentable que el alcalde Sharp se pasó todo su periodo alcaldicio echando la culpa a las administraciones anteriores, nunca reconoció ningún tipo de error. En este caso hay hechos realmente graves, eventuales delitos".

De la misma forma, el edil Luis Soto (UDI) dijo que "estamos en presencia de un resultado de extrema gravedad que espero poder estudiar todas las acciones legales que correspondan, no estoy cerrados ante la gravedad de los hechos y donde se involucra a menores de edad".

Mientras, Marcelo Barraza (DC) aclaró que "el informe es tajante respecto de la explotación de menores y vamos a interponer nuestras propias acciones. El alcalde Pinto tenía regulada la situación, por eso no hubo informe de Contraloría, estaba regulado, pero lo que estamos viendo hoy día es un negocio, acá no hay autocrítica".

"El alcalde Pinto, en su momento, tomó la determinación de levantar en los liceos (...) lo que se llaman áreas productivas".

Jorge Sharp, Alcalde de Valparaíso

"Sharp se pasó todo su periodo alcaldicio echando la culpa a administraciones anteriores, nunca reconoció ningún tipo de error".

Carlos Bannen, Pdte. Comisión de Educación

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A través de un comunicado, la directora de Educación de la Corporación Municipal de Valparaíso (Cormuval), Silvana Sáez, rechazó la solicitud de renuncia del alcalde Jorge Sharp y desmintió al jefe comunal, dando a conocer que él sí tenía conocimiento de los cuestionamientos de Contraloría con anterioridad.

En su declaración dijo que iniciará acciones legales, ya que no tiene contrato, y aportará todos los datos a la Fiscalía sobre quiénes tomaron las determinaciones y llevan las finanzas de la entidad. A este Diario declaró que "todo lo que tenga que ver con el área financiera: los pagos, las compras, los certificados de disponibilidad presupuestaria, las contrataciones y las remuneraciones no son parte de nuestra pertinencia de gestión y también se lo hice saber en su momento en que no teníamos nosotros acceso a la información ni financiera ni administrativa para efectos de la gestión".

Dijo que "quienes han tomado las decisiones en ese ámbito las tengo y las voy a poner a disposición del Ministerio Público porque a mí más que nadie me interesa mostrar que este desorden administrativo financiero es conocido y sabido por el alcalde desde hace mucho rato, personalmente se lo he expresado". Ahondó en que "creo que hay una desafectación del alcalde respecto a la Corporación y no ha tenido la capacidad de ordenar y resolver esto prontamente".

Con 17 años de trabajo, aclaró que "esta es la peor experiencia que he tenido en lo político y lo administrativo. El trabajar con alguien que está absolutamente desafectado de las cosas vitales de la ciudad como es la educación pública".

Sáez agregó que "no existen investigaciones sobre quiénes son los responsables de esta situación, pero yo tengo absoluta claridad que hay responsabilidad de Marcelo Garrido (secretario general de la Cormuval), Julia Pereira (ex directora de Finanzas) y Rodrigo Vallejos (director del área jurídica de la Corporación), que son el equipo más cercano a la alcaldía que terminan gestionando el área completa de la Corporación" y, según aclaró en su momento, tomaron la decisión de aumentar las compras internas.