Katherine Escalona M.

Un poco más de tres horas duro ayer el Concejo Municipal autoconvocado por los ediles y en el que se abordó el informe final de Contraloría N° 273 sobre la Cormuval, que reveló una serie de anomalías dentro de la entidad, entre ellas el mal uso de la subvención escolar y actividades comerciales indebidas en liceos por más de $ 931 millones, más remuneración por servicios no académicos a estudiantes.

La discusión no estuvo exenta de polémica. La sesión fue la más compleja de este año en Valparaíso y, sin mediar un diálogo, los ediles después de escuchar los argumentos del alcalde Sharp y tras exponer de forma individual, expresaron su molestia por la falta de respuesta por parte de la administración sobre responsabilidades en este caso.

Gritos y emplazamientos fueron parte de la tónica, donde el orden lo tuvo que poner la secretaria municipal, Mariella Valdés. El punto de discusión fue la votación que querían hacer los ediles para interponer una querella en conjunto, iniciativa que fue replanteada por el alcalde Sharp, quien propuso votar por acciones legales que interpondrá él.

La propuesta del jefe comunal fue aceptada por los concejales, con voto en contra de la edil Ruth Cáceres (RN), quien argumentó que no accedió a la propuesta porque no había confianza en la administración. Mientras, los demás concejales sí aprobaron, pero argumentaron que sólo lo hacían para tener un resultado legal frente a la grave información que reveló Contraloría.

Además, los ediles del bloque de los ocho dejaron constancia que, en forma conjunta, interpondrán una querella criminal contra quienes resulten responsables y fueron enfáticos en apuntar a la responsabilidad de representantes de la Cormuval, entre ellos, su secretario general, Marcelo Garrido, a quien solicitaron su renuncia.

Cuestionamientos

El alcalde, tal como lo hizo por Facebook Live el martes, explicó el informe y dijo que tomará todas las acciones al respecto. Aseveró que "vamos a hacer todo lo que está en nuestro poder para obrar en el más breve plazo en el mandato que nos entrega Contraloría".

El jefe comunal volvió a reconocer que la "acción productiva" por remuneración de alumnos se realiza en el municipio desde fines de los noventa y precisó que "hay cosas que no hemos hecho bien. (...) Claramente que nos hemos equivocado, claramente hemos tenido, en definitiva, un actuar donde perfectamente podríamos haber hecho las cosas de manera distinta".

Pese a esto, los concejales criticaron el accionar del jefe comunal. El concejal Eugenio Trincado (DC) afirmó que "usted reconoció que antes esto se hacía y eso no es así. En los períodos anteriores está actividad comercial (...) lo hacía una empresa que se lo adjudicaba a través de una licitación". Agregó que "se licitaba y usted esa regla la cambio el año 2017".

Por eventuales responsabilidades en el caso, la concejala Ruth Cáceres dijo que Sharp "cortó el hilo por lo más delgado, doña Silvana Sáez" y aclaró que "vuelvo a reiterar que debería salir el gerente Marcelo Garrido, Julia Pereira, la directora de Control Interno, por su cargo, y Julio Vallejos, director Jurídico, porque son directamente responsables de este tema, y usted, porque es el presidente de la Corporación".

El edil Luis Soto (UDI) puntualizó que "usted ha citado las responsabilidades y yo le quiero recordar que en el marco jurídico de las corporaciones municipales el alcalde ejerce la presidencia, el marco jurídico en el que usted es el responsable, tiene una responsabilidad administrativa, política y judicial".

Daniel Morales (MVC) detalló que "cuando el alcalde asiste a un Concejo autoconvocado para hacer suya la iniciativa de presentar una querella a quien resulte responsable, sabiendo que sus funcionarios involucrados no tendrán responsabilidad administrativa alguna, convierte el motivo del autoconvocado en un hecho completamente absurdo, donde él mismo se estaría autoquerellando".

Marcelo Barraza (DC) consignó que "quedó demostrado que no tiene capacidad de conducción ni de liderazgo. Demuestra no tener control de lo que ocurre dentro de su administración; sin embargo, las respuestas y excusas son las mismas siempre. La conformación de equipos municipales para intervenir la corporación, a cargo de funcionarios municipales de su confianza para realizar esta revisión a la plana Directiva de la Cormuval, (...) son los amigos revisando a los amigos".

"Hay cosas que no hemos hecho bien. (...) Claramente que nos hemos equivocado".

Jorge Sharp, Alcalde de Valparaíso

En una consistente presentación, el presidente de la Comisión de Educación del Concejo Municipal, Carlos Bannen (UDI), refutó las declaraciones del alcalde Jorge Sharp en relación al informe de Contraloría de la Cormuval y además reveló que el miércoles recibió un documento de la Superintendencia de Educación, que da cuenta de más de $2 mil millones en saldos no acreditados por la entidad municipal, en el marco del Servicio Local de Educación Pública (SLEP).

Los hechos fueron calificados como graves y Bannen reconoció que "además de este escándalo del informe de la Contraloría, hoy (ayer) tomé conocimiento de un oficio de la Superintendencia de Educación, que dice qué hay saldos no acreditados de la Cormuval por más de $2.237 millones respecto de la rendición del año pasado".

Por el monto, de acuerdo al documento, la Corporación Municipal de Valparaíso para el Desarrollo Social (Cormuval), "no contestó ni solicitó aumento de plazo para la entrega de la información" y el oficio advierte que "este es un comportamiento riesgoso, ya que es posible que el sostenedor haya declarado gastos que no fueron efectivamente efectuados".

Ante esto, Bannen aclaró que "espero no tengamos más nefastas noticias de la gestión de la Cormuval ad portas del traspaso al Servicio Local de Educación Pública (SLEP)" y enfatizó que este nuevo antecedente, más el informe de Contraloría, serán analizados en cabalidad en la reunión de hoy en la Comisión de Educación, que comienza a las 9.30 horas.

Y agregó que "es realmente preocupante lo que sucede en la Cormuval. No solo tenemos conocimiento de este informe de Contraloría que obligará a reintegrar más de $931 millones, por una serie de irregularidades. La Cormuval nos muestra que esto cada día puede ser peor, malos manejos y una serie de situaciones que nos muestran un panorama desolador. Al Concejo Municipal siempre se le dijo que todo estaba en orden, que estaba bien hecho. La realidad es totalmente lo contrario".

"Espero no tengamos más nefastas noticias de la gestión de la Cormuval ad portas del traspaso al SLEP".

Carlos Bannen, Pdte. Comisión de Educación

Ayer, el alcalde Jorge Sharp sostuvo una reunión con la Defensoría de la Niñez, tras las denuncias dadas a conocer en el informe de Contraloría que da cuenta de una remuneración por servicios no académicos a estudiantes de los liceos María Luisa Bombal y Técnico de Valparaíso.

En la oportunidad, según confirmó la defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, la entidad pidió nuevos antecedentes al municipio porteño por el caso y amplió las diligencias por la eventualidad de "trabajo de menores" en los establecimientos educacionales.

"Habida cuenta de este informe final que emite el órgano contralor, hemos solicitado información adicional al municipio, que quedó de sernos remitida a la brevedad, misma que podremos comparar y cotejar con la información contenida en el informe de la Contraloría, de manera tal, de esa forma poder analizar cuál es la situación específica de estos liceos y tomar las acciones que, desde nuestra perspectiva y competencias proceda", aclaró Muñoz.

Agregó que existe "una necesidad de abordar esta situación de las prácticas en los liceos o colegios técnicos de manera más general, razón por la cual solicitaré una reunión tanto con el Mineduc como con la Subsecretaría del Trabajo".

Sobre la reunión, el alcalde Jorge Sharp precisó que "manifestamos nuestra completa decisión como municipalidad de colaborar con cada una de las acciones que va a desarrollar la Defensoría de la Niñez. Queremos ser muy claros de que, en Valparaíso, no vamos a tolerar ninguna forma de trabajo adolescente que esté fuera del marco de la ley, ese es el compromiso".