Cristián Rojas M.

La polémica sesión de la Junta Directiva de la Universidad de Playa Ancha efectuada el 24 de agosto, en la que hubo gritos, descalificaciones y peticiones de renuncia, trajo coletazos, como la renuncia de la vicerrectora de Finanzas, también la de la presidenta de la Junta, y la creación de una comisión integrada por tres decanos y el director jurídico del plantel, quienes instruyeron al rector para que solicite al Presidente de la República que remueva a sus dos representantes en la instancia, Jorge González (coordinador de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez) y Fernando Reitz (director ejecutivo de inmobiliaria Dhelos).

Ambos, junto al representante de los académicos en la Junta Directiva, Carlos Hernández, habían solicitado en reiteradas ocasiones la información contable de la Fundación OTEC UPLA, a raíz de un préstamo de 380 millones de pesos que le hizo la Upla, información que nunca les fue entregada, por lo que acudieron a la Contraloría General de la República, caldeando aún más los ánimos.

Al respecto, el rector del plantel, Patricio Sanhueza, declaró que lo vivido en la acalorada sesión "superó todos los límites. Que un director (González) solicite la renuncia de una vicerrectora, careciendo de competencia para ello, de una forma tan liviana y despectiva como lo ocurrido, sin ningún tipo de respeto por ella ni por su labor, y que ponga en duda su honestidad, honorabilidad y labor, es de una irresponsabilidad absoluta que no podemos permitir".

A través de una declaración pública dirigida a la comunidad universitaria del plantel, y firmada por la Comisión de Finanzas de la Junta Directiva, González, Reitz y Hernández, exponen que el pasado lunes 5 de octubre, el contralor de la UPLA, Luis Bork, cesó en el cargo de director de Junta Directiva a Hernández.

Cuestionan cesación

En el documento señalan que "esta cesación se hizo de forma perentoria, (...) argumentando una supuesta incompatibilidad con la membresía en el Consejo de su facultad. El Contralor Bork solicitó la renuncia, a pesar de haber sido él mismo, quien aprobó el nombramiento del profesor Hernández como miembro de la Junta Directiva, sin observaciones, y con pleno conocimiento de la situación".

Los firmantes estiman que "esa solicitud de renuncia al profesor Hernández fue la última gestión para impedir la entrega de la información contable (y auditorias correspondientes) de la Fundación OTEC UPLA, la cual fue solicitada a la Contraloría Regional por parte de los miembros de la Comisión de Finanzas el día viernes dos de octubre pasado".

Al respecto, Carlos Hernández expuso que "nos encontramos con que había algunos dineros que fueron traspasados a la Fundación y nosotros pedimos que se aclararan, y desde ese momento empezó una tensión difícil en la relación entre nosotros, el rector y algunos directivos de la institución. Prueba de eso es que el rector tiene problemas solamente con tres directores, lo que llama mucho la atención, y por rara coincidencia, justo son los tres integrantes de la Comisión de Finanzas".

En tanto, Jorge González hizo hincapié en "que quede claro que el profesor Carlos Hernández no ha sido sacado de la Junta Directiva, él presentó un recurso de reposición dirigido al contralor de la universidad, Luis Bork".

A su vez, Hernández explicó que "en mi caso se aplicó un artículo que estaba en los estatutos de la Junta Directiva, de 1982, que señalaba que hay una incompatibilidad en los cargos de consejero de Facultad y miembro de la Junta Directiva. Pero el nuevo estatuto administrativo lo deroga, ya no está vigente y sigo ejerciendo el cargo, así que lo que ellos dicen, que yo cesé el 5 de octubre, no es válido. Yo soy todavía director vigente ante la Junta Directiva".

Asimismo, hizo hincapié en que "yo no fui designado, fui elegido por mis pares, con una alta votación, entonces me causa mucha extrañeza que se aplique eso, cuando debió haberse aplicado en el momento que hicieron el decreto que me nombró director. Ha pasado más de un año y ahora recién se dan cuenta de que existe una incompatibilidad, que la verdad, desde el punto de vista legal, no existe".

En tal sentido, el recurso de reposición que presentó Hernández al contralor Bork argumenta que "conforme a nuestra legislación administrativa general, a la cual se encuentra sujeta la UPLA como parte de la Administración del Estado (artículo 1º de la Ley Nº 18.575), la persona que sea nombrada para un empleo incompatible, cesará por el solo ministerio de la ley en el cargo anterior, si asumiere el nuevo empleo".

"no nos va a destituir"

En cuanto a la solicitud que hizo el rector Sanhueza para que el Presidente Piñera remueva de sus cargos a sus dos representantes en la Junta Directiva, Jorge González avizora que "el Gobierno, obviamente, no nos va a destituir, el Gobierno nos puso a nosotros justamente porque somos como somos".

González emplazó a "que expliquen por qué se concentran en decir que nosotros somos gritones, que somos ignorantes. ¿Por qué no van a lo sustantivo? ¿Hace cuánto tiempo que estamos pidiendo la información contable? Y en la medida que no se nos entrega ha renunciado un presidente del directorio, otra presidenta del directorio, renunció la vicerrectora de Finanzas, ahora se le pidió la renuncia al secretario general y al representante de los académicos. ¿Por qué sucede eso y no se entrega la información?".

En ese contexto, remarcó que todo lo ocurrido "fue después que acudimos a la Contraloría, pero eso fue después de haber agotado todas las instancias internas. Nos hemos demorado diez meses en llegar hasta este punto, solicitando información".

"no tienen capacidades"

El director jurídico de la Upla, Raúl Celis, subrayó que "la pregunta que hay que hacerse es ¿por qué durante 30 años no se produjeron problemas con la Junta Directiva? ¿Por qué, justamente con esta Junta Directiva y con estos integrantes se producen problemas? No es casualidad, y si eso hoy día ocurre, es por la intervención de personas que no tienen las capacidades para desempeñarse en esos cargos".

En cuanto a la salida de Hernández, Celis explicó que "lo que ocurre es que después de la sesión del 24 de agosto se nombró una comisión, formada por tres decanos y yo, para que hiciera una presentación al Consejo Académico. Esa comisión revisó el video de esa sesión y propuso diversas medidas, de manera que no fui yo quien ha propuesto nada, sino que fue una comisión", la que además pidió "la remoción de los dos representantes del Presidente de la República en la Junta Directiva, y esa propuesta fue aceptada por unanimidad por el Consejo Académico".

En cuanto a la negativa a a entregar la información contable, aseguró que "eso no es efectivo, ellos no han podido, o no han querido entender, particularmente el señor González, que una cosa es la Universidad de Playa Ancha, y otra muy distinta es la Fundación OTEC UPLA. Ambas tienen personalidad jurídica distinta, ambas tienen administraciones distintas".

Auditoría externa

En ese contexto, Celis sostuvo que "lo que ellos cuestionan es un préstamo que hizo la universidad a la fundación, por poco más de 380 millones de pesos. Ese préstamo lo aprobó la Junta Directiva, entonces ellos quieren entrar a revisar acuerdos que ya aprobó la Junta y revisar ejercicios contables de la fundación, de los años 2017 y 2018, que ya están auditados, por auditores externos, como lo establece la ley para todas las universidades públicas, y siguiendo las reglas que establece la Contraloría General de la República".

Para Celis, "lo que existe en el fondo por parte de esos miembros de la Junta es cuestionar el sistema de educación pública, cuestionar a las universidades estatales. Aquí lo que hay, en el fondo, es un problema político".

La polémica también fue abordada por el diputado Osvaldo Urrutia (UDI), quien planteó que "la Fundación OTEC UPLA ha tenido pérdidas por más de 1.200 millones de pesos en los dos últimos ejercicios presupuestarios y, dado su nivel de insolvencia, no ha podido devolver los más de $380 millones que le traspasó la UPLA el año pasado".

Añadió que "resulta a lo menos curioso que el rector de la Upla pida la destitución de los integrantes de la Junta Directiva de esa universidad por estar solicitando información financiera y contable. También resulta incomprensible que haya cesado de sus funciones en la Junta Directiva al representante de los académicos por supuestas incompatibilidades para ejercer dicho cargo , situación de que recién ahora , en medio de esta crisis, se habrían dado cuenta".

Por ello el diputado Urrutia estima que "quien nada hace, nada teme. Esconder información a los integrantes de la Junta Directiva y pretender sacarlos por secretaría para que no hagan su trabajo me parece muy grave e impresentable para los directivos de una universidad del Estado, que pertenece a todos los chilenos".

"El rector, por rara coincidencia, sólo tiene problemas con los miembros de la Comisión Finanzas".

Carlos Hernández, Representante de los académicos en la Junta Directiva

"El Gobierno no nos va a destituir; nos puso a nosotros justamente porque somos como somos".

Jorge González, Representante del Presidente de la República en la Junta Directiva

"Lo que existe en el fondo por parte de esos miembros de la Junta es cuestionar a las universidades estatales".

Raúl Celis, Director jurídico de la UPLA

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