Ediles presentan querella por fraude al Fisco y malversación de fondos por caso Cormuval
VALPARAÍSO. Acción es contra todos quienes resulten responsables de los hechos objetados por Contraloría. Piden que Fiscalía cite a declarar a Sharp como imputado.
El bloque compuesto por ocho de los diez concejales de Valparaíso - Daniel Morales (MVC), Luis Soto (UDI), Ruth Cáceres (RN), Marcelo Barraza (DC), Eugenio Trincado (DC), Iván Vuskovic (PC), Claudio Reyes (MVC) y Carlos Bannen (UDI)- presentó ayer una querella criminal en el Juzgado de Garantía de la Ciudad Puerto por los posibles delitos de fraude al Fisco y malversación de fondos públicos tras el informe de la Contraloría N°237, que reveló un grave desorden administrativo en la Corporación Municipal (Cormuval) entre el período comprendido entre el 1 de enero de 2017 y el 30 de junio de 2019.
En la querella quedó establecido que la acción legal es en contra de todos los que resulten responsables de estos ilícitos por el mal uso de más de $931 millones en el Liceo Técnico de Valparaíso y el Liceo María Luisa Bombal -entre ellos el subsidio escolar-, y "eventualmente, contra la Municipalidad de Valparaíso, sin perjuicio que la investigación permita determinar la existencia de otros tipos penales".
El presidente de la Comisión de Educación, Carlos Bannen, aseveró que "acá hay que ser claros, no se sabe dónde fue a parar mucha de la plata correspondiente a ingresos, así como tampoco están acreditados ciertos gastos. Los arqueos de caja dan como resultado que falta plata, pero además hay otras cosas complejas, como arriendo de espacios de las escuelas, tales como canchas, cuyos ingresos y cuánto se cobraba tampoco sabemos".
De la misma forma, Claudio Reyes precisó que la querella "es parte del acuerdo tomado en el último Concejo autoconvocado. En definitiva, son dos las querellas que se presentarán, una por parte de la mayoría de los concejales y la otra por el Concejo en pleno, incluido el alcalde, y ambas tienen como objetivo (...) dilucidar las responsabilidades de orden penal".
Daniel Morales dijo que "estamos dando cumplimiento a lo que anunciamos en el Concejo autoconvocado". Iván Vuskovic aclaró que "esto se trata de llegar al fondo, de manera de poder aclarar las responsabilidades porque, hasta hoy, no hay decisiones claras. Se habla de áreas productivas, pero no cómo lo hizo esta administración".
"áreas productivas"
El concepto de "áreas productivas", a través de la cual los alumnos recibían una remuneración, es una de las anomalías más cuestionadas en el informe, que instruye un juicio de cuentas para restituir los fondos públicos mal utilizados.
El edil Barraza recalcó que "el alcalde (Jorge Sharp) miente al decir que esto se hacía hace 15 años, porque el informe es claro e investigó desde el 2017. Así también lo corroboró -en su momento- Silvana Sáez, quien dijo que los responsables eran de finanzas de la Cormuval. Aquí no se hacen licitaciones como se hacían antiguamente, sino que se pagan a través de la Cormuval".
Mientras, la concejala Cáceres puntualizó que "veo que el alcalde ha hecho muy mal su trabajo en la administración de la Cormuval y acá se buscan las responsabilidades en todas las irregularidades detectadas por la Contraloría. Las áreas productivas son independiente de los talleres y las áreas técnicas de los alumnos, y acá no se sabe de qué estamos hablando".
El alcalde Jorge Sharp - quien no se refirió exactamente a la querella de los concejales- insistió en que "las áreas productivas de los liceos técnicos de Valparaíso existen por lo menos hace 15 años. La Contraloría, en su indagatoria, llegó a la conclusión de que estas áreas productivas no estaban vinculadas a los procesos educativos de cada uno de estos establecimientos. Esto significa que reparó el uso de $930 millones en el período 2017 y 2018. No quiere decir que la plata se haya perdido, sino que simplemente se utilizó para un fin que es objetado". Agregó que se harán cargo de las objeciones y presentarán acciones legales.
Petición de diligencias
Frente a lo complejo de los antecedentes y los delitos descritos en la querella -los concejales recalcaron que fueron expuestos en las comisiones de educación del 17 y 22 de mayo del año pasado, donde se mencionó la venta de colaciones-, los ediles pidieron diversas diligencias al Ministerio Público para aclarar el manejo de las finanzas en la Cormuval.
Solicitaron a la Fiscalía que cite a declarar a 15 personas, entre ellos el alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, "en calidad de imputado", y al secretario general de la Cormuval, Marcelo Garrido Palma, también en calidad de imputado.
Los concejales también anexaron la petición de "destinar la investigación de este caso a la Policía de Investigaciones (PDI)", para que pueda indagar el caso con diferentes unidades especializadas para aclarar la situación y asignar a la Brigada Investigadora de Delitos Económicos (Bridec) los "peritajes para determinar destino de fondos cuyos comprobantes no existen".
"No se sabe dónde fue a parar mucha de la plata correspondiente a ingresos, así como tampoco están acreditados ciertos gastos".
Carlos Bannen, Pdte. Comisión de Educación
"El alcalde (Jorge Sharp) miente al decir que esto se hacía hace 15 años, porque el informe es claro e investigó desde el 2017".
Marcelo Barraza, Concejal (DC)
$ 931 millones fueron objetados por la Contraloría, tras una auditoría realizada en la Cormuval.