El diputado Rodrigo González (PPD), miembro de la Comisión de Educación de la Cámara Baja, presentará un reclamo formal en esa instancia y una solicitud de explicación ante el ministro de la cartera, Raúl Figueroa, luego de los detalles que se han sabido por la prensa sobre la polémica reunión de la Junta Directiva de la Universidad de Playa Ancha (UPLA) efectuada el 24 de agosto.

"Resulta lamentable el tono escandaloso que se ha dado a la solicitud de antecedentes de dos directores de la Junta Directiva de la UPLA a la Contraloría General de la República, lo que constituye una acción y derecho legítimos, pero no da derecho a hacer daño y denostar", advirtió de entrada el parlamentario, añadiendo que "se observa en esta conducta y la publicidad dada al hecho una clara intencionalidad de afectar y dañar a la universidad y la gestión de sus autoridades, lo que es lamentable" .

En ese contexto, advirtió que "presentaré ante la Comisión de Educación de la Cámara un reclamo formal y una solicitud de explicación ante el Ministro de Educación y el Presidente de la República por esta actitud manifiestamente hostil y reñida con la alta función que tienen los directivos nombrados por el Ejecutivo para colaborar con la labor docente, de investigación y extensión de las universidades estatales, la que debe realizarse guardando el respeto y la seriedad que requiere la misión entregada, exigiendo, por cierto, que toda la situación y su contexto sea clarificada".

González estima que "la publicidad dada a la reunión de la Junta Directiva del mes de agosto y el revuelo levantado no son acciones que expresen el sano deseo de clarificar la situación administrativa y la buena gestión de sus recursos, sino más bien la de dañar a la universidad y la educación superior estatal, afectando a todo un plantel, a sus docentes, administrativos y estudiantes, de quienes me siento solidario".

Solicitud a contraloría

Por otra parte, la solicitud de pronunciamiento a Contraloría que hicieron los tres miembros de la Junta Directiva que están en el centro de la polémica, expone que el informe de los auditores independientes sobre los estados de situación financiera al 31 de diciembre de 2018 y 2017 de la Fundación OTEC UPLA, señala que ésta "no dispone de recursos financieros para cumplir con la totalidad de sus pasivos operacionales, así como de las obligaciones derivadas de las obligaciones bancarias que mantiene la Fundación, por lo tanto, además de las subvenciones Sence e ingresos por capacitaciones, requiere obtener recursos financieros adicionales".

Pese a que la Corte de Apelaciones de Valparaíso declaró inadmisible el recurso de protección que interpuso el exdiputado Gonzalo Ibáñez con el fin de suspender el plebiscito por razones sanitarias, éste insistió ante el tribunal de alzada con un recurso de reposición, advirtiendo que si no tiene éxito, acudirá a la Corte Suprema.

En su escrito, Ibáñez señala que el fallo que declaró inadmisible su recurso de protección "no es tal, sino que es un acto que se puede calificar de denegación de justicia, porque de él se desprende que los actos de naturaleza política y que se ocupan de temas de política estatal no pueden ser objeto de este recurso y, por ende, que sus contenidos deben entenderse que nunca pueden afectar las garantías constitucionales para cuya protección el Art. 20° de nuestra Constitución creó este recurso".

En esa línea, plantea que el fallo es un "craso error. Desde luego, el Inc. 4° de la Constitución Política obliga al Estado y, por supuesto a sus órganos, a un pleno respeto de los derechos y garantías que la misma Constitución establece. Y, ello, porque el Estado puede ser deficiente en ese respeto. En seguida, el Art. 5° establece en su I)nc. 2° que 'el ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. Es deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos, garantizados por esta Constitución'".