La Brigada Investigadora del Cibercrimen Metropolitana detuvo ayer en la comuna de Limache a un ingeniero informático, de 26 años, como el presunto autor del hackeo a los servidores de la División de Gobierno Digital (DGD).

Las diligencias investigativas por el delito de sabotaje informático estaban en poder de la policía civil, luego que el pasado 8 de octubre se detectara el acceso no autorizado a los sistemas de la DGD, por lo que se hizo la denuncia al Ministerio Público. En forma paralela se investigó una supuesta vulnerabilidad en las Claves Únicas, por lo que se recomendó a los ciudadanos modificar su contraseña.

De acuerdo a los antecedentes recopilados, el ingeniero experto en ciberseguridad se desempeñaba como consultor de una empresa del rubro y, tras el allanamiento de su domicilio, se detectó que mantenía todo el equipamiento necesario para realizar hackeos desde su casa. De hecho, en el historial de navegación de su computador se constataron visitas a la página del Gobierno Digital.

Ante la PDI el profesional habría reconocido haber ingresado al sitio y pasará hoy a control de detención, en tanto se realizan nuevas diligencias para dar con otros posibles responsables del hecho.

El ministro secretario General de la Presidencia, Cristián Monckeberg, valoró "la rápida acción de la Fiscalía y la PDI, que ha permitido la detención del presunto autor del ingreso ilícito al sistema de Gobierno Digital". Añadió frente al caso que "no es un delito común, pero cada vez se van haciendo más reiterativos y, por lo tanto, vamos a colaborar con toda la información que es necesaria para poder entregar esa información a la Fiscalía, a la investigación y a la Justicia para que se sancione a los responsables una vez que el juicio y la investigación vaya avanzando a partir de esta detención".

Información expuesta

Cabe recordar que a través de un comunicado, la División de Gobierno Digital, dependiente del Ministerio Secretaría General de la Presidencia (Segpres), informó el pasado 14 de octubre que no había "evidencia" de que se haya accedido a los datos de Clave Única, tras el hackeo, aunque se iniciará un proceso de actualización de las contraseñaras de las personas que posean dicha clave.

Se explicó que "no existe una base de datos en que estén disponibles las contraseñas de Clave Única de los chilenos. Lo que se almacena no es la contraseña, sino un código complejo o cifrado no reversible, que se genera cada vez que se enrola a un usuario. Esto quiere decir que no es posible utilizar una fórmula o función para obtener la contraseña original, a partir de este código cifrado".

Posteriormente, el 17 de octubre la Segpres amplió esta información, detallando, a través de un comunicado, que "en el proceso de análisis de los sistemas de la DGD que se está llevando adelante se ha confirmado que información alojada en servidores administrados por la División se vio expuesta a terceros".

"De hecho -se agregó-, el día jueves 15 los atacantes divulgaron un archivo con información relativa a trámites digitales de algunos órganos de la administración del Estado, archivo cuyo contenido está siendo aún objeto de análisis para determinar con precisión la naturaleza de la información y la gravedad de su alcance, todo lo cual será oportunamente puesto en conocimiento del público, en conjunto con las medidas que se adopten para dar tranquilidad a la ciudadanía". Tal antecedente fue informado a la Fiscalía Centro Norte y a la Brigada Investigadora del Cibercrimen Metropolitana de la PDI, a cargo de las indagatorias del caso.

Actualización

En su comparecencia ante los medios en La Moneda, el ministro Cristián Monckeberg reiteró que "hasta hoy, siguen sin existir antecedentes de que se haya podido acceder a las claves de algún ciudadano o ciudadana que la tenga activa. En este caso, las más de 9 millones de claves únicas que están hoy en funcionamiento".

"Hay más de 1.200.000 claves únicas que se han actualizado producto del llamado que le hicimos a la ciudadanía de activarse en esta materia, y por lo mismo, vamos a seguir avanzando en mayores niveles de seguridad y, lógicamente, en actualizar esas claves", precisó.

"Hasta hoy, siguen sin existir antecedentes de que se haya podido acceder a las claves de algún ciudadano o ciudadana que la tenga activa".

Cristián Monckeberg, Ministro Segpres

Las palabras del exintendente regional, Gabriel Aldoney (PS), generaron molestia en el partido a nivel local, incluso en quienes lo apoyaban para una eventual candidatura a gobernador regional, a la cual finalmente no se inscribió y fue elegido el exrector de la Universidad de Valparaíso, Aldo Valle.

Aldoney criticó la decisión "cupular", desde la "dirigencia nacional" y señaló que Valle "no sé si cuenta con la experiencia política".

El alcalde de Quilpué, Mauricio Viñambres, quien fue uno de los que le dijeron a Aldoney que fuera como candidato a esa instancia, lamentó sus dichos. "Los actores más o menos relevantes de la región opinamos y se tomó la decisión de que fuera Aldo Valle, quien fue de las Juventudes Socialistas, presidente del Partido Socialista regional, presidente del PPD. Lo que no tiene es la cotidianeidad partidaria, la politiquería. Para considerar el nombre de alguien hay que ponerlo en la mesa y me gustaría saber, Gabriel, dónde mandó una carta, con quién más habló. Aldo Valle tiene mayor experiencia en política que Gabriel Aldoney, y eso me consta".

El diputado Marcelo Schilling, quien estuvo viendo este tema, dijo que "la forma para decidir el respaldo a Aldo Valle es la que tradicionalmente utiliza el Partido Socialista y está definida en sus estatutos, no sé qué se pasó a llevar. Había dos personas inscritas también, pero por la necesidad de atender al clamor ciudadano de renovación de la política y presentación de figuras independientes, el partido apoyó a Aldo Valle, que es una figura de la región y también nacional, fue presidente del CRUCh, exrector de la Universidad de Valparaíso. La muñeca que mostró al mantener unido al Consejo de Rectores, en un periodo álgido del movimiento estudiantil, y la capacidad de levantar una universidad de las ruinas hasta la situación de solvencia y prestigio de hoy hablan por sí solos. No sé qué parámetros usa mi amigo Gabriel Aldoney para suponer que no tiene capacidad política".

El exgobernador, César Barra, dijo: "Me hubiese gustado que Gabriel hubiese manifestado su aspiración a ser candidato antes. Yo se lo planteé y manifestó objeciones por la capacidad limitada del cargo. Sus declaraciones son disonantes con el espíritu unitario que ha despertado la candidatura de Aldo Valle en nuestras filas".

"Para atender al clamor ciudadano de renovación de la política y de figuras independientes, el partido apoyó a Valle".

Marcelo Schilling, DiputadoPS

Tras una investigación conjunta entre la Brigada Investigadora del Cibercrimen Valparaíso en coordinación con la Fiscalía Local de Viña del Mar, se detuvo a dos implicados en el delito de adquisición y almacenamiento de material pornográfico infantil, tras sendos operativos policiales realizados en Limache y en la Ciudad Jardín.

Los detectives, en base a una orden de investigar, realizaron diversas diligencias con la finalidad de identificar y detener a integrantes de una red virtual destinada a la adquisición y almacenamiento de este tipo de material infantil prohibido, utilizando para ello una plataforma de mensajería en la Deep Web, lugar desde donde lo descargaban y compartían en foros con extranjeros.

De acuerdo a lo informado por el jefe del Cibercrimen Valparaíso, subprefecto Christian Barrientos, uno de los detenidos mantenía antecedentes en Canadá por este mismo delito, información que fue canalizada por OCN Interpol.

Los imputados, C.E.V.I. (34 años), domiciliado en Limache, y F.A.P.P. (35) en el sector de Santa Inés, fueron puestos a disposición del Juzgado de Garantía de Viña del Mar, para efectuar el control de detención respectivo.

El fiscal de Viña del Mar, Juan de la Fuente, detalló que el Ministerio Público solicitó la prisión preventiva para ambos imputados, sin embargo, el tribunal resolvió el arresto total.

El persecutor confirmó que, desde distintas IP, se detectó la descarga de gran cantidad de material pornográfico infantil. Ambos fueron formalizados por este delito.

Detalló que el tribunal no accedió a la cautelar de prisión preventiva, considerando que existían otras medidas que aseguraran la seguridad de la sociedad. Se otorgó un plazo de 60 días para investigar estos hechos.