Katherine Escalona M.

Ayer, en Concejo Municipal, el alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, planteó a los ediles la idea de pedir al Presidente Sebastián Piñera declarar zona de catástrofe a la comuna, debido a la proliferación de tomas y campamentos y las pérdidas económicas que ha sufrido la ciudad por la pandemia, y la falta de habitabilidad que existe en la ciudad.

"Vamos a solicitarle al Presidente Piñera la necesidad de decretar zona de catástrofe de los campamentos de Valparaíso, esta es una forma de anteponernos ante cualquier emergencia que se pueda suscitar dentro de los próximos meses con la idea de priorizar recursos, funcionarios y profesionales", aseveró el jefe comunal.

Además, Sharp destacó que se busca suplir "excepciones urbanísticas para, en primer lugar, reducir la posibilidad de eventos catastróficos como incendios. En segundo lugar, integrar debidamente a los campamentos de Valparaíso a la ciudad. Ello implica el acceso a servicios básicos, a modelos de desarrollo apropiados y a viviendas dignas en la medida de las necesidades y deseos de los habitantes de Valparaíso".

Explicación y reparos

Para sustentar la idea alcaldicia se presentó una propuesta en donde se estableció que ha existido un alza en los campamentos y es necesario resolver la problemática. En la presentación se evidenció, según catastro del Servicio de Vivienda y Urbanismo (Serviu), que en el 2019 había un total de 65 campamentos, número mayor al detectado el 2011, cuando se registraban 57, situación que no ha tenido variación respecto al año pasado donde, según catastro municipal, hasta octubre del 2020, se registraron 76 campamentos y más de 40 tomas.

Las emergencias, explicó el municipio, en los incendios del 2014, 2019 y 2020 dejaron un total de 629 hogares siniestrados en campamentos. A esta situación se suma el suministro de agua potable a 16 campamentos que no tienen acceso a este bien elemental.

Los antecedentes fueron recogidos por los ediles que criticaron la situación porque, principalmente, según ellos, no se sustenta al no existir proyectos definidos en los territorios. Uno de los ediles más críticos fue el concejal Daniel Morales (MVC), quien postuló que "este anuncio se puede asimilar al llamado desesperado, sorpresivo y unilateral que el alcalde hace a los grandes empresarios, solo que esta vez es hacia el Estado y esto es grave porque, en vez de ocupar herramientas vigentes disponibles en la ley, tendientes a repoblar las zonas históricas centrales, hoy despobladas, empobrecidas y muy deterioradas, opta por generar expectativas en quienes tienen un problema real de acceso a la vivienda, para luego poder endosar su responsabilidad en otros".

Morales recalcó que "para regularizar los campamentos se requiere que estos estén urbanizados, es decir, con todos los servicios. (...) Y para que esto suceda, estaríamos hablando de millones de dólares, mientras que al repoblar el centro, ese costo es cero". En ese contexto presentó una propuesta de utilizar sitios eriazos, de terrenos históricos, como los disponibles en Cordillera.

Iván Vuskovic (PC) dijo que "aquí el problema es que el Presidente no dé la declaratoria y ahí queda todo el planteamiento. Puede quedar todo en buenas intenciones y debe haber un equilibrio entre el trato a los campamentos y a las tomas respecto a la gente que hace todas las gestiones para optar a la vivienda. Ellos esperan hasta 5 y 8 años, hacen todo un esfuerzo y acá se debe compatibilizar".

Luis Soto recalcó que "es fundamental, si queremos llevar al Gobierno Central esta propuesta, tener claro cuáles son las carteras, los proyectos que están para poder para dar una alternativa de solución real para las familias. La cantidad de campamentos y tomas se contrapone a la oferta habitacional que, de alguna manera, en Valparaíso estamos al debe, pero no solamente tenemos que considerar los procesos de recuperación de vivienda, sino que también tenemos que pensar en un programa de mantención de las viviendas sociales".

Y agregó que "lamentablemente, esta administración se ha perdido tres años y medio de poder trabajar cohesionadamente con los distintos actores y poder llegar al gobierno en tiempo oportuno. Hoy están lanzando una batería de ideas cuando quedan 5 meses de su gestión. Para algunos concejales es una clara señal de desesperación".

"Esta es una forma de anteponernos de cualquier emergencia que se pueda suscitar".

Jorge Sharp, Alcalde de Valparaíso

"Para regularizar los campamentos se requiere que estos estén urbanizados, es decir, con todos los servicios".

Daniel Morales, Concejal (MVC)

La solicitud de información respecto a un video que da cuenta de vejaciones y golpes a un alumno de la Escuela Naval de la Armada de Chile solicitó el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), pese a tratarse, de acuerdo a lo informado por la propia Armada, de un compacto que data de 2018.

El corto, que fue publicado ayer por varias cuentas de Instagram en redes sociales, pero señalando que esto habría ocurrido el 4 de agosto de este año en la celebración del aniversario de la Escuela Naval en Playa Ancha, Valparaíso, muestra a un joven amarrado con el torso desnudo y vendado de ojos y manos, siendo golpeado por varios hombres en una habitación pequeña y entre risas. En un momento, los agresores dicen que se trata de la generación 2019, y en otro, rayan su pecho con las palabras que lo menoscaban. Todo esto ocurre sin que la persona afectada pueda hacer algo para evitarlo, pues se encontraba atado y rodeado por varias de las personas que lo golpeaban.

Al respecto, la Armada dijo en un comunicado que se trata de una situación que no ocurrió ahora, sino que hace dos años: "Este habría ocurrido el año 2018 y ese tipo de actividades no se encuentran autorizadas en la Institución. Al respecto, se practicarán las averiguaciones internas necesarias a fin de adoptar las medidas que correspondan sobre el particular. La Armada de Chile señala que lo ocurrido se aleja de los valores y principios formadores que la caracterizan".

Movilh: "Grave abuso"

De todas maneras, el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) denunció ante el comandante en jefe de la Armada, almirante Julio Leiva Molina, "una grave situación de abuso" y que "encomiende una breve investigación sobre lo ocurrido, se sancione a los responsables, se garanticen medidas de seguridad para la víctima y se adopten políticas para prevenir".

En tanto, el INDH dijo en su cuenta oficial de Twitter que "ante la existencia de videos en internet, que denuncian supuestos malos tratos a personas por parte de la Armada, el INDH informa: 1) Revisaremos su veracidad, en contenido, fecha y lugar 2) Oficiaremos a la 1ra Zona Naval para obtener info oficial 3) No hemos recibido denuncias".

Añadió: "En años anteriores el INDH ha recibido denuncias de maltrato en distintos recintos o lugares de la Armada y, en algunos de estos casos, han existido condenas. Seguiremos de cerca la denuncia que circula en redes y estaremos informando oportunamente nuevos hallazgos.

El Tribunal Ambiental de Santiago acogió la reclamación presentada por Enap en contra de la resolución de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), producto de la cual se había iniciado un proceso sancionatorio en contra de la empresa estatal.

La dura disputa legal entre el ente regulador y Enap se desató a fines de septiembre, tras la decisión de la SMA de reabrir la investigación por los episodios de contaminación en Quintero-Puchuncaví del año 2018, donde resultaron más de 500 personas afectadas, y la reformulación de 7 cargos en contra de la empresa.

Enap cuestionó duramente el fallo, dando cuenta que la SMA pretende sostener una "cuarta tesis", con "hecho potenciales y afirmaciones condicionales" a objeto de atribuirle responsabilidad en los episodios de contaminación.

Tras acoger su reclamación, el Tribunal Ambiental dio un plazo de 10 días a la SMA para presentar sus descargos. En el escrito, la petrolera estatal aludió directamente al superintendente Cristóbal de la Maza, acusando una eventual "falta al principio de la imparcialidad".

El tribunal solicitó además una copia del expediente administrativo que sirvió de base para dictar la resolución impugnada.

La admisibilidad tuvo el voto en contra del ministro presidente del Tribunal Ambiental (Cristián Delpiano), quien estimó que el procedimiento administrativo sancionador en curso "contempla los mecanismos para controvertir la situación planteada en autos", por lo que el acto impugnado "es un acto trámite que no causa indefensión".