Públicos o privados, los jardines infantiles cumplen un rol social fundamental. Por un lado, su tarea es una contribución decisiva para el trabajo femenino, al hacerse cargo del cuidado infantil durante algunas horas, facilitando así la actividad de las madres fuera del hogar. Y, por otro, la actividad, el juego, la integración de los niños en el jardín, se proyecta en la iniciación para el ingreso al proceso escolar.

Se insiste, además, en la importancia de la formación temprana como base para avanzar hasta los niveles más elevados del conocimiento.

Tomando en consideración estas realidades, resulta inquietante la situación que enfrentan a lo largo de todo el país cientos de jardines infantiles particulares que debido a la pandemia han cesado actividades y han quedado privados de ingresos.

La coordinadora nacional de la Federación de Salas Cunas y Jardines Infantiles, Ana Ramírez, detalla que de 440 jardines afiliados, 250 han cerrado, dejando más de 3 mil cesantes. Advierte que son cerca de 115 mil niños los que se van a quedar sin jardín y acusa que "no hemos recibido apoyo parte del Gobierno, salvo el ofrecimiento de créditos Fogape y de Sercotec, en cuyo fondo Reactívate ninguna de nuestras sostenedoras -98% mujeres- quedó seleccionada".

El miércoles pasó por las calles de Viña del Mar y Valparaíso una caravana de vehículos de sostenedores afectados que llegó hasta el Congreso, donde se hizo entrega de una carta a Jaime Quintana, presidente de la Comisión de Educación del Senado. El documento da cuenta que "a nivel nacional, a julio, el 74% de los recintos particulares no estaba recibiendo mensualidades y un 73% de las familias había retirado a los niños y niñas del sistema. A la fecha, nos atrevemos a señalar que dichas cifra se acercan al 95%".

Mildred Jaramillo, sostenedora de un jardín en Viña del Mar y coordinadora regional de la Federación, acusa indiferencia oficial. Afirma que en abril el Congreso aprobó un proyecto de resolución para lograr un subsidio de emergencia para los jardines, "pero el Ejecutivo lo dejó ahí, sin visarlo".

Graficando la crisis, Tamara Hard, sostenedora de un recinto en Agua Santa, expone que "en marzo la mayoría de los alumnos se fueron, los papás dejaron de pagar, y para los jardines no hay ninguna subvención… BancoEstado negó casi todos los créditos".

Considerando la proyección del problema, que va desde la incertidumbre de miles de familias hasta lo educacional, pasando por lo laboral, la indiferencia oficial no es aceptable, pues el trato a las solicitudes de apoyo no puede tener el mismo criterio que el de cualquiera actividad comercial o productiva. Para entender el problema, más allá de sostenedores y sus intereses, legítimos por cierto, hay que poner a los niños y su futuro en primer lugar.

El país vivió una jornada cívica el domingo 25 de octubre que fue ejemplar, con una alta participación y una contundencia en los resultados que ratificó el camino institucional que se tomó el 15 de noviembre del 2019. Hace un año el país estaba inmerso en una crisis social y política que desbordó no solo al Gobierno, sino también al sistema político, como asimismo a una parte sustantiva de la élite. Además, de dicho shock social y político, hemos vivido durante este año los impactos de la pandemia del covid-19 en un contexto de recesión mundial; la magnitud de ambas crisis aún no la hemos cuantificado totalmente, pero sin duda será significativa en todo orden. La salida real a ella requerirá no solo una mirada y actitud generosa que vaya más allá de las trincheras de todos los actores, sino también esfuerzos sustantivos en mejorar el funcionamiento real de los mercados y también claramente un mejor Estado.

En una lúcida entrevista en el diario El País, la destacada historiadora e investigadora Sol Serrano nos señalaba que "así como un plebiscito nos había devuelto la democracia, el del 25 de octubre podría devolvernos la política". Es una enorme tarea para todos, que deberá superar la desconfianza que tenemos como sociedad e ir reduciendo gradual y sistemáticamente los niveles de desigualdad. Hoy los problemas de Chile no son solo los derivados de una nueva Constitución, sino que también hay otros que requerirán más conocimientos, más rigor interdisciplinario y también más participación y diversidad para poder abordarlos de manera eficaz, como asimismo un nuevo diálogo multidimensional e intergeneracional y territorial.

En el ámbito económico, ya sabemos que tendremos en los próximos dos años un escenario de complejidad económica derivados de los impactos de la recesión global sanitaria y los enormes esfuerzos para recuperar en el corto y mediano plazo la economía, los empleos perdidos, la caída de los ingresos y el aumento de la pobreza. En términos de largo plazo los retos son de una complejidad inédita; por ejemplo, la realidad de los trabajos frente a la Cuarta Revolución Industrial nos alerta que en el mercado laboral chileno los trabajos en alto riesgo de automatización alcanzan un 17% y la probabilidad promedio de automatización alcanza un 42%, según el documento N° 58 de Caples UC; o los requerimientos que deberá abordar el cobre para ir avanzando las exigencias de ir reduciendo las emisiones de gases efecto invernadero para alcanzar la meta fijada por la COP de París el 2015, en el marco del cambio climático.

Finalmente, hay que reconocer que el camino será complejo y ello requerirá mucho esfuerzo de todos, trabajo en equipo y una alta cuota de realismo como nos recuerda la última Encuesta Suplementaria de Ingresos (ESI) del 2019, del INE, donde se registra que el ingreso promedio laboral de los chilenos alcanzó los $ 620.528 mensual y que la mitad de la población tiene ingresos menores a $ 401.000 y aumentó la brecha salarial entre hombres y mujeres.