Las últimamente tan negativas cifras de desempleo del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) volvieron a castigar a la Región de Valparaíso, esta vez marcando un histórico 14,4% de cesantía en el trimestre móvil julio-septiembre y convirtiéndose en la única zona del país que subió sus números de caída ocupacional y se instaló más de dos puntos por sobre la media nacional que se vio favorecida por la creación de 173 mil empleos (más de la mitad de ellos informales) en el período señalado.

Al respecto, caben algunas precisiones, entre ellas el obvio impacto de la violencia social que devastó el comercio de Valparaíso y Viña del Mar desde aquella infausta noche del sábado 19 de octubre del año pasado y la posterior pandemia sanitaria, que forzó cuarentenas que superaron los 4 meses en las dos principales ciudades de la Región, asestando un golpe casi fatal a las dos principales actividades de la zona: el comercio y el turismo, además de la postergación de otro de los componentes virtuosos de la cadena productiva, la construcción.

Esta última actividad debió hacer frente, asimismo, de acuerdo con la propia Cámara Chilena de la Construcción de la Región a un durísimo congelamiento de proyectos en la comuna de Valparaíso, propiciado por las política restrictivas del alcalde Jorge Sharp, la repetida judicialización de los mismos y la consecuente desconfianza empresarial que, al final del día e incluso después de reunirse varias veces con el jefe comunal, entendió que no era bienvenida en la ciudad chilena más aporreada del último lustro.

La política gubernamental, claro está, también ha jugado un papel crítico en esta novela, con secretarios regionales ministeriales responsables de Economía y Obras Públicas que sencillamente no dieron el ancho durante la actual administración del intendente Jorge Martínez, quien por estos días pareciera más abocado a sobrevivir su período que a acometer alguna heroica patriada que pueda cambiar los destinos regionales.

El factor sanitario, por último, y más aún en Viña del Mar ha sido dramático. Precisamente por ello, y con bastante de razón, la alcaldesa Virginia Reginato y el comercio de la Ciudad Jardín sienten haber sido medidos con una vara más dura que otras ciudades del país, asociando su suerte a la de Valparaíso, donde el comportamiento ciudadano y los índices de positividad no han sido precisamente los mejores. Si a ello sumamos la ya casi segura postergación (o hasta suspensión) del Festival de la Canción y la incógnita de un verano que sigue en la nebulosa, la caída final de los emprendedores, pymes, comercio establecido, locales gastronómicos y empresas asociadas al turismo sencillamente será fatal: no hay bolsillo que aguante un paro total de un semestre y las ayudas gubernamentales, sencillamente, no dan abasto.

No cabe la menor duda que estamos viviendo una crisis muy profunda en Chile. Ella tiene causales tan concretas como una tremenda desigualdad en los ingresos, desprotección de niños y ancianos, condiciones no dignas de accesos y calidad en salud, transporte y educación, desigualdades de género, desmesuradas utilidades, pensiones indignas, desagregación social, escasa inclusión y poco respeto al medioambiente.

Esta crisis nos ha mostrado algo más complejo y profundo: se ha perdido la confianza en muchas instituciones y desvirtuado el rol de lo público. Lo público no solo está vinculado al rol que debe cumplir el Estado, también lo está en el ámbito privado, especialmente en aquellas funciones que tienen influencia en la sociedad, como los medios de comunicación y las empresas, especialmente aquellas que prestan servicios públicos básicos y esenciales. Chile necesita dialogar seriamente estos temas porque desvergonzadamente se miente para atacar, se infamia y se ataca la honorabilidad y la dignidad de personas e instituciones. Somos responsables de haber construido un presente individualista e inhumano, dejando los derechos humanos olvidados y atropellados. Atacar de esta misma forma a las universidades es una gran irresponsabilidad y constituye un pecado social, porque sabemos que son la reserva moral de las sociedades más evolucionadas. Tratar de destruirlas es parte de un proceso de descomposición inaceptable.

Lo dicho alcanza igualmente al plano de las relaciones personales, donde el respeto a las normas comunes de funcionamiento son la base para construir una sociedad que resuelva civilizadamente los problemas. No se entiende que existan instintos de autodestrucción en las comunidades y un abandono del sentido de lo público que debería primar en sociedades del siglo XXI.

Lo que nos ha ocurrido pone a prueba a las chilenas y chilenos que, con su ejemplo de masivas manifestaciones y sin liderazgos reconocidos, han manifestado el abandono que sienten y el abuso de sectores que se han aprovechado del interés general cuando estaban llamados a velar por él. Reconocer esta realidad es esencial para avanzar hacia una solución duradera.

La democracia requiere de organizaciones fuertes y comprometidas con el bien público. Sin embargo, coexisten instituciones en las que muchos de sus integrantes se ven más preocupados de cuotas de poder y de aprovechar su rol para beneficiarse antes que de motivaciones nobles. Con ello, sólo se consigue pérdida de credibilidad. Expresión de esas desviaciones son la ligazón de la política con el dinero, la defensa corporativa de personas que han cometido delitos, la falta de democracia interna en organizaciones y una profunda separación entre los intereses mezquinos y la vocación de servicio.

Tenemos esperanza en el futuro y esperamos que un nuevo pacto social tan mayoritariamente apoyado recomponga cuadros de descomposición que han animado algunos en orden a destruir lo público, regulando sabiamente la protección de derechos fundamentales amenazados como el honor y la dignidad de personas e instituciones.

Creemos que sí es posible salir de esta crisis. No solo es urgente encontrar soluciones a las reivindicaciones que se han hecho públicas, sino también se requieren medidas que muestren al país la voluntad de terminar con inmerecidos privilegios y para lo cual la función pública debe recuperar su importancia y relevancia, tema que debería iluminar a nuestra carta constitucional.

En lo que parece una constante difícil de comprender, cada vez que se discute el Presupuesto de la Nación las universidades, junto a otras instituciones y personeros públicos, deben reclamar por los ajustes que se proponen, que las afectan a ellas, así como a áreas tan relevantes como la ciencia y la cultura.

Resulta especialmente preocupante que estas tres áreas tan vitales para el desarrollo integral de una sociedad sean objeto de rebajas y, con ello, de cuestionamientos, obligando a sus autoridades a explicar cada año por qué es importante otorgar recursos a las universidades, algo que en cualquier país civilizado no ocurriría.

De cara a 2021, resulta especialmente llamativo que sean estos tres sectores los afectados por los recortes, justo cuando las instituciones de educación superior tradicionales -que son las que más aportan en ciencia, tecnología y cultura al país- han contribuido sustantivamente al combate al covid-19. Su aporte concreto, además de la opinión especializada -a veces no atendida debidamente-, de por sí constituye una demostración de la importancia y valor que tiene otorgar fondos a las universidades para hacer lo que ningún otro sector puede: producir conocimiento.

En un país en que se habla tanto de alcanzar los índices y estándares del primer mundo, resulta una paradoja que no se observe que, justamente, en esas naciones, el desarrollo en buena parte ha sido en base a la innovación, la ciencia, la tecnología y la cultura, cuya producción fundamental se encuentra en las instituciones de educación superior.

De este modo, queda la sensación que la contribución realizada por las universidades sigue siendo invisible. Sin embargo, resulta plausible preguntarse cómo puede ser así si justo cuando la pandemia comenzaba a asomar, y pese a que supuestamente había una preparación previa muy importante, solo la Universidad de Valparaíso tenía la capacidad de procesar test PCR en el Gran Valparaíso. Nuestra casa de estudios ha tenido en este complejo período un activo rol de apoyo a las autoridades regionales, siendo parte del Comité Covid, desarrollando propuestas para la reactivación económica, o contribuyendo con Metro Valparaíso para verificar que se cumplan protocolos de sanitización y así proteger a los usuarios. Asimismo, ha colaborado con un sinfín de acciones que van desde complejos sistemas para generar indicadores de la pandemia hasta iniciativas locales de acompañamiento psicosocial y manuales para el autocuidado, a lo que se suma la coordinación a nivel local de los ensayos clínicos para una de las vacunas que se está probando contra el coronavirus.

Pero todo ello -que se repite en cada región donde hay universidades estatales y del G9- parece no ser suficiente para que el Gobierno central entienda lo relevante del quehacer de las casas de estudios, en éste y todo tiempo, pues las universidades permanentemente están aportando a sus comunidades, por lo cual no se trata de un tema coyuntural.

Esperamos, por tanto, que este aporte insustituible al desarrollo del país que se da en distintas esferas, sea debidamente reconocido a través del otorgamiento de los recursos que nos permitirán continuar con nuestra labor en favor del país y de nuestros entornos. Confiamos en que el Congreso Nacional avance en restituir los recursos que las universidades requieren para cumplir con sus tareas y seguir aportando al desarrollo y al bien común, tal como lo han hecho siempre.