Katherine Escalona M.

Una querella criminal ante el Juzgado de Garantía de Valparaíso por el presunto delito de negociación incompatible y una presentación a la Contraloría Regional de la República presentaron ayer el diputado Andrés Celis (RN) y la abogada de la ONG "Abogadas Pro Chile", Jeanette Bruna, quienes apuntan a responsabilidad penal y administrativa en el caso del sumario por acoso sexual en la municipalidad porteña.

Esto, porque en el proceso administrativo que fue cerrado y resuelto el martes por la fiscal municipal, Carla Meyer (Dideco), concluyó con una sanción de 60 días y reducción de un 50% del sueldo para el exjefe de Prensa, Patricio Aeschlimann, denunciado por acoso por la exabogada del gabinete municipal, Tania Quezada, lo que fue corroborado en la resolución administrativa.

Sin embargo la sanción impuesta es cuestionada por parte de los querellantes, quienes apuntan a la destitución del funcionario debido a la gravedad del hecho. Por ello piden al Ministerio Público que investigue los posibles ilícitos descritos en los descargos del denunciado y un eventual delito de prevaricación en el sumario administrativo.

En ambas tramitaciones, el parlamentario y la abogada anexaron una serie de documentación que ratificaría los hechos.

Ilegalidad en sanción

La presentación ante Contraloría apunta a la "grave ilegalidad" del decreto exento con la resolución sumarial, suscrito por el alcalde Sharp, ya que "la sanción impuesta por el acto de acoso sexual acreditado en el sumario se redujo a una simple suspensión en el empleo más el goce del 50% de la remuneración". Según los denunciantes, en este caso los hechos acreditados vulneran gravemente la probidad administrativa, por lo que procede la destitución.

Por tal motivo se solicita al contralor regional investigar los hechos y adoptar las medidas administrativas necesarias a objeto de hacer cumplir la normativa en materia de acoso sexual, considerado un maltrato a la mujer por razones de género.

Millonario contrato

Junto a la querella se presentó documentación que da cuenta de negociaciones incompatibles por parte de funcionarios municipales, entre ellos una orden de compra y contratación directa -julio de 2019- por más de $3 millones, por parte del municipio porteño, a la empresa Biosférica SpA, para adquirir de 100 cajas de postales históricas de Valparaíso.

El representante legal de la empresa era el padre del jefe de Imagen Corporativa del municipio, vínculo de parentesco incompatible para ese tipo de contratos.

También se ratificaría que el mismo personero contrató una productora audiovisual para un spot en el Censo del 2017, en la cual tendría participación, e incluso ocupó tiempo de su jornada laboral para realizar dicho trabajo.

Según los querellantes, todos estos antecedentes estaban en conocimiento del alcalde Jorge Sharp por lo que -a su parecer - no se entiende por qué el jefe comunal no los habría denunciado a la Fiscalía, ante la gravedad del caso.

A la vez, solicitaron al Ministerio Público una serie de diligencias para aclarar los antecedentes expuestos.

"Hay una serie de hechos que tipifican el delito de negociación incompatible y me parece de la suma gravedad que el alcalde Sharp, que haya estado en conocimiento de aquellos antecedentes, no los haya puesto en conocimiento del Ministerio Público y tengamos que ser nosotros quienes interpongamos una querella frente a hechos que él tenía absolutamente dados por conocidos y, al parecer, por proteger a quienes trabajan con él, prefiere que todo quede entre cuatro paredes en vez de que se haga justicia", precisó el diputado Andrés Celis.

En tanto, Bruna aseveró que "solicitamos al Ministerio Público que los antecedentes que estamos poniendo a su disposición sean analizados y se realice una amplia investigación porque aquí sí ha habido corrupción, sí existen malas prácticas y eso está corroborado por distintos antecedentes que presentamos donde se corrobora que don Samuel León González (exjefe de Imagen Corporativa) contrató en la Municipalidad a la empresa de su padre Samuel León Cáceres, llamada Bioesférica S.A.".

Sobre esta situación, el aludido Samuel León consignó que "la productora no tiene ningún vínculo conmigo o con mi padre, eso es falso. ¿Se imagina haciendo eso que nos acusan al mes de entrados al municipio?, ni el peor guionista".

Solicitud de pericias

En la querella, el parlamentario y la abogada Bruna solicitaron seis pericias al Ministerio Público para esclarecer el delito de negociación incompatible. Se requiere que la investigación sea realizada por la PDI que "se oficie a la Municipalidad de Valparaíso para efectos de que remitan todas las órdenes de compra, decretos alcaldicios y pedidos de materiales que se hayan emitido respecto de la empresa Bioesférica SpA, además de todos los antecedentes que posean de dicha empresa".

Asimismo, se solicita que el municipio porteño "remita los contratos o decretos" de diversos funcionarios relacionados con los hechos denunciados. Entre ellos a: "Patricio Aeschlimann,; Javier Valenzuela (jefe de gabinete); Liber Muñoz (asesor gabinete); Tania Quezada (exabogada de gabinete); Robinson Delgado (exjefe o encargado de eventos); Samuel León (exjefe o encargado de imagen corporativa); Alejandra Romero (jefe de seguridad) y Sebastián Balbontín (exjefe o encargado de Relaciones Públicas)".

Además se pide en la acción legal de "oficiar a la Dirección de Asesoría jurídica de la Municipalidad de Valparaíso, para que remita el expediente del sumario", para determinar si la fiscal realizó la denuncia y declaración de testigos.

Contraloría

Paralelo a las presentaciones en el Poder Judicial, Celis y Bruna además ampliaron un requerimiento a Contraloría por lo bajo de la sanción aplicada ante la gravedad del hecho.

Sobre esto, Bruna dijo que "el sumario llevado a cabo por la señora Carla Meyer, Dideco de la municipalidad, comprobó la existencia de acoso sexual sufrido por la víctima, abogada del gabinete del alcalde, y por lo tanto la única posibilidad que existía era la destitución y eso no ha sucedido. Nosotros vamos a abogar para que se haga porque acá se están vulnerando tratados internacionales para la prevención y eliminación de todo tipo maltrato contra la mujer".

"Al parecer, por proteger a quienes trabajan con él, prefiere que todo quede en cuatro paredes en vez de que se haga justicia".

Andrés Celis

Diputado RN

"El sumario comprobó la existencia de acoso sexual, (...) por lo tanto, la única posibilidad era destituirlo".

Jeanette Bruna

Abogada

Dadas las diferentes aristas, Patricio Aeschlimann confirmó que de manera formal ofició al alcalde de Valparaíso el proceso.

Aeschlimann, reconoció que "hemos entregado todos los antecedentes al alcalde de manera oficial. Es imposible separar la acusación de acoso, del contexto de irregularidades que ocurrían al interior del gabinete. Más aún cuando la denunciante era la encargada de visar la legalidad de los procesos y el denunciado quien se oponía a esas malas prácticas. En el documento no solo se informa de los hechos relatados en el sumario, sino que se incorpora un nuevo caso que se debe investigar".

Mientras, su abogada, Silvia Mena, aclaró que "por debido proceso deberían haber ponderado las medidas de prueba y no se hizo. Acá hubo dos procesos: el primero se anuló por irregular y extenso, y en el segundo pedimos peritajes y diligencias que no se hicieron porque se llegó a la resolución sin haber realizado ninguna de ellas. No se dio opción de defensa y rechazaron la reposición y apelación sin fundamento".

El alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, desestimó los cuestionamientos planteados al proceso de sumario y amparó la determinación de sanción que aplicó la fiscal municipal, Carla Meyer, a quien calificó como "fiscal feminista".

"Se cerró, hace un par de días, un sumario que arrojó una conclusión a la que llegó una fiscal mujer, del mundo feminista de Valparaíso. Ella llegó a la convicción que el sumario realiza a partir de los antecedentes que fueron puestos a disposición por ambas partes, yo respeté esa decisión que la fiscal me propuso", destacó el alcalde porteño.

Sobre las medidas adoptadas tras las graves denuncias de Aeschlimann en el proceso, Sharp precisó que "lo que corresponde en esta materia es una medida que yo adopté la semana pasada, apenas tuve acceso a estos antecedentes, que es instruir un sumario administrativo para que se investiguen estos hechos y se pueda esclarecer el sustento de las denuncias que se realizan. Nosotros en general siempre estamos expuestos a denuncias un poco temerarias y por eso lo que corresponde en este caso, no es esconder, no es ocultar, sino más bien abrir, investigar y que sea, en este caso el sumario administrativo o la justicia en su caso, quien determine en definitiva la veracidad o no de estas denuncias".

Aclaró que "lo que sí puedo decir es que hemos actuado conforme a la ley, conforme a lo que señala el Estatuto Administrativo en estas materias, aplicando la segunda sanción más grave que hay en el estatuto para casos de estas características. La convicción es la de la fiscal feminista que fue designada y yo apoyo la decisión de la fiscal".

Al ser consultado sobre una desvinculación de Aeschlimann por la gravedad de los hechos, Sharp reiteró que "apoyo la convicción de la fiscal, el sumario es público así que cada quien puede hacer su propio juicio sobre los hechos que han tenido lugar. Quiero señalar y ser muy claro en estas materias, que cuando nosotros llegamos a la Municipalidad este tipo de situaciones pasaban coladas, nosotros todo lo contrario, hemos investigado cada una de las denuncias que nos han llegado". Agregó que "será la justicia la que determine si actuamos conforme a derecho o no, nosotros tenemos la convicción de que así ha sido y por eso me parecía prudente apoyar la decisión de la fiscal".