Pocos temas tienen la capacidad de movilizar a las comunidades locales como los grandes proyectos de desarrollo urbano. Movilizarlas a favor y en contra, porque suele ocurrir que entre los tecnicismos y los conflictos de intereses, entre las sospechas fundadas e infundadas, a veces pasan años en tramitaciones interminables y/o pugnas judiciales. Viña del Mar es una ciudad particularmente fértil en iniciativas de este tipo. Sin retroceder demasiado, a principios del siglo XXI, la empresa canadiense Baird propuso la construcción de una marina deportiva en el lecho del estero Marga Marga. La idea entusiasmó rápidamente a la autoridad municipal, que organizó un proceso de participación ciudadana para darla a conocer y recibir sus observaciones. Baird aparecía en los papeles como una firma ejemplar, con todo el respaldo técnico y el cumplimiento ambiental que exigía provenir de un país del primer mundo. Además, su propuesta prometía no solamente solucionar los riesgos de inundación que representa el Marga Marga cuando hay temporales intensos, sino que planteaba la oportunidad de instalar emprendimientos en sus laderas -comercio, restaurantes y una opción hotelera con vista al mar- y proyectaba una recuperación del comercio tradicional del centro de Viña del Mar, golpeado en esa época -y aún- por el crecimiento del polo comercial de 15 Norte. La iniciativa enfrentó tantos cuestionamientos -técnicos, ciudadanos y administrativos-, que Baird desistió después de batallar varios años, pero los problemas que decía solucionar permanecen intactos. El estero aún es un riesgo si viene un temporal como "los de antes", la calle Valparaíso y aledañas languidecen sin oportunidades de repunte, y las riberas permanecen flanqueadas por avenidas, sin una integración urbana satisfactoria.

La reflexión surge a propósito del proyecto Nuevo Barrio Las Salinas, que una inmobiliaria ligada a la familia Angelini propone para las 14 hectáreas de terreno que por más de 70 años ocuparon estanques y tuberías llenas de hidrocarburos o derivados. La discusión sobre esta iniciativa -que este Diario ha promovido con varias publicaciones y dos charlas online, en las cuales han participado tanto la firma impulsora como especialistas y detractores- es ineludible y necesaria, así como la participación a fondo de los vecinos que se verán directa e indirectamente tocados por sus beneficios o perjuicios. Sin embargo, por momentos queda la sensación de que la institucionalidad -ambiental y urbana- no da el ancho en su tarea de dar un marco adecuado para desarrollos de la envergadura del Nuevo Barrio Las Salinas ni tampoco de garantizar que los requerimientos de los viñamarinos preocupados tengan una solución que los deje, si no totalmente satisfechos, al menos tranquilos de haber participado activamente. Las consecuencias de un mal proceso podemos verlas cualquier día que pasemos por el estero. Al final del día, es la ciudad la que se queda sin pan ni pedazo.

La suma de mundos individuales no construyen un mundo universal o integrado, solo una visión de conjunto puede articular los diferentes mundos individuales y sus particulares intereses en uno que resulte único y común para todos.

Lo anterior lo señalo con motivo de la aparición de diferentes realidades particularizadas interesadas en ser parte de la elaboración del nuevo texto constitucional para nuestro país. En efecto, ahora se dice que el texto debe ser redactado considerando la particular mirada de un sin número de grupos, cada uno de los cuales tendría el derecho de incluir representantes en la Convención Constitucional y con cupos reservados.

Desde luego que cada uno de estos grupos -pueblos originarios, inmigrantes, afrodescendientes y todos los que se quieran agregar como el mundo de la cultura, del deporte, de los trabajadores, vecinos, empresarios, o lo que sea- tienen visiones particulares que no abarcan el todo institucional que debe resolverse en un texto constitucional; visiones tan ensimismadas y circunscritas a su propia realidad e intereses que resulta ilógico que desde lo suyo propio opinen o decidan sobre los aspectos jurídicos, políticos, sociales o económicos que definen el contenido de una Constitución.

Así, entonces, resulta impropio que desde el mundo de la cultura, de la vecindad o de cualquier otro particular, se pretenda resolver con propiedad, por ejemplo, el sistema de Gobierno que nos daremos, o la organización, composición y atribuciones de los Tribunales de Justicia, de la Contraloría General de la República, del Tribunal Constitucional, de la Presidencia de la República, del Congreso Nacional, del Banco Central, del Consejo de Seguridad Nacional, del Servicio y la Justicia Electoral, y tantas otras materias sustanciales acerca de nuestro futuro como país organizado jurídicamente.

Con todo respeto, pero los pueblos originarios, los inmigrantes, los afrodescendientes, los artistas, los empresarios y tantos otros desde su particular mundo, no pueden hacer un aporte de conjunto al debate institucional de fondo; distinto es como personas, pero como grupos estarían cada uno de ellos defendiendo sus propios intereses en una grotesca lucha de poderes, o bien, alcanzando acuerdos con otros grupos de interés para obtener la aprobación de sus demandadas a cambio de apoyar en las suyas a sus aliados circunstanciales.

Una Constitución redactada sobre la base de los intereses y demandas de todo tipo de grupos y por personas sin la calificación adecuada, cuyo único mérito es su género, su descendencia o la representación que envisten, nos augura el peor de los resultados para el futuro próximo de nuestra institucionalidad fundamental, lo que no es menor, ya que en ese texto se resolverá lo que como país podremos o dejaremos de ser, para nosotros mismos y para las futuras generaciones.

Aunque no me hago muchas ilusiones, los "políticos" tiene ahora la palabra para detener a los demagogos que pregonan una especie de Asamblea Popular para redactar el texto constitucional y presentar en la próxima elección de Constituyentes, aunque suene trivial, a los "mejores y más preparados" de sus filas, posibilidad que se abre también a los independientes organizados en listas, pero no para defender intereses de grupo, sino para representar tal o cual visión integral de país.