Fui Presidente del Centro de Alumnos durante la "Revolución Pingüina" el 2006 y estudié en la PUCV para las movilizaciones del 2011. Por mi trabajo he seguido de cerca el debate legislativo en los últimos 7 años y hoy -mirando la política nacional- no puedo sino experimentar un intenso déjà vu. Desde hace un par de décadas en nuestros colegios e instituciones de educación superior se ha incubado una forma de hacer política que hoy domina la escena nacional, arriesgando el éxito de la Convención Constitucional en su propósito de lograr acuerdos transversales para tener una Carta Fundamental que nos represente a todos y que permita la legítima disputa programática a través de elecciones periódicas. Este modo de hacer política, bajo diversos disfraces, esconde distintas pulsiones antidemocráticas.

En primer lugar, moraliza el debate. Están los buenos ("ellos", que con intereses benignos promueven reformas para lograr la "justicia social") y los malos ("los otros", que movidos por intereses espurios están condenados a defender un orden social destinado al fracaso). Chile es, en buena hora, una sociedad plural. ¿Qué posibilidades de éxito tiene la Convención si partimos de la mala fe y no aceptamos que "el otro" pueda tener una visión de justicia distinta de la mía? Si no reconocemos la legitimidad del disenso el consenso no es real y sin consenso real no hay democracia.

En segundo término, es obsecuente con la violencia. En la medida que contribuya al propósito de refundar el país está todo permitido. En la universidad escondían a quienes lanzaban "mólotovs", hoy promueven un indulto a los "presos políticos de la revuelta", amenazan a la diputada Hoffmann con que "nunca más podrá caminar tranquila" y se niegan a ser explícitos en la condena a la violencia. En democracia se puede tener distintas ideas y promover variados fines, siempre y cuando se excluya la coacción física sobre el prójimo.

En tercer lugar, desconoce que la persona es anterior y superior al Estado y le tiene tirria a la iniciativa privada, negándole aptitud para solucionar problemas públicos. En la universidad cualquier problema pasaba por redactar extensos "petitorios" a Rectoría, muy pocas veces respondiendo a la pregunta de qué podían hacer ellos mismos para solucionar las cosas. Hoy los petitorios son al Estado, por donde pasa la solución a todo, dejando la libertad, la iniciativa privada y los deberes en un tercer plano. Para ellos todo es política: Marx hablaba del "hombre total" y Rousseau del "ciudadano total" que, como apunta Bobbio, no es más que la otra cara, igualmente peligrosa, del Estado total, ciertamente contrario a la democracia liberal.

Finalmente, descreen de la democracia representativa y promueven una de tipo "directa", "participativa", "asamblearia" o "bolivariana", que en algún punto esconde la utopía que todos participemos de todas las decisiones. Esta exigencia no es nueva, ya la planteaba el mismo Rousseau: "La soberanía no puede ser representada… El pueblo inglés cree ser libre: está muy equivocado; lo es solamente durante la elección de los parlamentarios; pero tan pronto como son elegidos, vuelve a ser esclavo, no es nada".

El problema es que este afán, que puede ser noble, en su ejecución produce efectos nocivos: en asambleas eternas, con poquísima participación, voto a mano alzada y funa permanente a quien suscribe una posición políticamente incorrecta. El resultado frecuentemente es la sobrerrepresentación de las minorías radicales organizadas en desmedro de los grupos no politizados que, en general, son la mayoría.

Nuestra Convención Constitucional corre el riesgo de ser cooptada por la lógica del asambleísmo universitario. ¿No es acaso esto lo que busca el PC cuando llama a "rodear con la movilización de masas el desarrollo de la Convención"? ¿No será lo que buscan diversos académicos-activistas cuando pretenden vincular las decisiones de los convencionales electos a asambleas territoriales que nadie sabe bien cómo funcionarán y probablemente serán cooptadas por quien tenga la capacidad y organización para ello atentando contra la igualdad?

Los ciudadanos debemos informarnos, votar y participar del debate público. Pero debemos tener cuidado con que, so pretexto de mayor democracia, se promuevan formas de participación que, pese a su aparente carácter inofensivo, pueden resultar profundamente antidemocráticas y echar por la borda el propósito de lograr una Constitución para todos y no para una minoría radical y organizada.

Juan Pablo Rodríguez

Abogado de la Pontificia Universidad

Católica de Valparaíso.

Fui Presidente del Centro de Alumnos durante la "Revolución Pingüina" el 2006 y estudié en la PUCV para las movilizaciones del 2011. Por mi trabajo he seguido de cerca el debate legislativo en los últimos 7 años y hoy -mirando la política nacional- no puedo sino experimentar un intenso déjà vu. Desde hace un par de décadas en nuestros colegios e instituciones de educación superior se ha incubado una forma de hacer política que hoy domina la escena nacional, arriesgando el éxito de la Convención Constitucional en su propósito de lograr acuerdos transversales para tener una Carta Fundamental que nos represente a todos y que permita la legítima disputa programática a través de elecciones periódicas. Este modo de hacer política, bajo diversos disfraces, esconde distintas pulsiones antidemocráticas.

En primer lugar, moraliza el debate. Están los buenos ("ellos", que con intereses benignos promueven reformas para lograr la "justicia social") y los malos ("los otros", que movidos por intereses espurios están condenados a defender un orden social destinado al fracaso). Chile es, en buena hora, una sociedad plural. ¿Qué posibilidades de éxito tiene la Convención si partimos de la mala fe y no aceptamos que "el otro" pueda tener una visión de justicia distinta de la mía? Si no reconocemos la legitimidad del disenso el consenso no es real y sin consenso real no hay democracia.

En segundo término, es obsecuente con la violencia. En la medida que contribuya al propósito de refundar el país está todo permitido. En la universidad escondían a quienes lanzaban "mólotovs", hoy promueven un indulto a los "presos políticos de la revuelta", amenazan a la diputada Hoffmann con que "nunca más podrá caminar tranquila" y se niegan a ser explícitos en la condena a la violencia. En democracia se puede tener distintas ideas y promover variados fines, siempre y cuando se excluya la coacción física sobre el prójimo.

En tercer lugar, desconoce que la persona es anterior y superior al Estado y le tiene tirria a la iniciativa privada, negándole aptitud para solucionar problemas públicos. En la universidad cualquier problema pasaba por redactar extensos "petitorios" a Rectoría, muy pocas veces respondiendo a la pregunta de qué podían hacer ellos mismos para solucionar las cosas. Hoy los petitorios son al Estado, por donde pasa la solución a todo, dejando la libertad, la iniciativa privada y los deberes en un tercer plano. Para ellos todo es política: Marx hablaba del "hombre total" y Rousseau del "ciudadano total" que, como apunta Bobbio, no es más que la otra cara, igualmente peligrosa, del Estado total, ciertamente contrario a la democracia liberal.

Finalmente, descreen de la democracia representativa y promueven una de tipo "directa", "participativa", "asamblearia" o "bolivariana", que en algún punto esconde la utopía que todos participemos de todas las decisiones. Esta exigencia no es nueva, ya la planteaba el mismo Rousseau: "La soberanía no puede ser representada… El pueblo inglés cree ser libre: está muy equivocado; lo es solamente durante la elección de los parlamentarios; pero tan pronto como son elegidos, vuelve a ser esclavo, no es nada".

El problema es que este afán, que puede ser noble, en su ejecución produce efectos nocivos: en asambleas eternas, con poquísima participación, voto a mano alzada y funa permanente a quien suscribe una posición políticamente incorrecta. El resultado frecuentemente es la sobrerrepresentación de las minorías radicales organizadas en desmedro de los grupos no politizados que, en general, son la mayoría.

Nuestra Convención Constitucional corre el riesgo de ser cooptada por la lógica del asambleísmo universitario. ¿No es acaso esto lo que busca el PC cuando llama a "rodear con la movilización de masas el desarrollo de la Convención"? ¿No será lo que buscan diversos académicos-activistas cuando pretenden vincular las decisiones de los convencionales electos a asambleas territoriales que nadie sabe bien cómo funcionarán y probablemente serán cooptadas por quien tenga la capacidad y organización para ello atentando contra la igualdad?

Los ciudadanos debemos informarnos, votar y participar del debate público. Pero debemos tener cuidado con que, so pretexto de mayor democracia, se promuevan formas de participación que, pese a su aparente carácter inofensivo, pueden resultar profundamente antidemocráticas y echar por la borda el propósito de lograr una Constitución para todos y no para una minoría radical y organizada.

Juan Pablo Rodríguez

Abogado de la Pontificia Universidad

Católica de Valparaíso.

Octubre, Santiago y la BBC News titulaba en su portal digital: "Protestas en Chile: "El baile de los que sobran", la mítica canción de Los Prisioneros que se convirtió en el himno de la marcha más grande del país". No es 1986, año en que "Los Prisioneros" lanzan esta canción. Es el "oasis" de Latinoamérica que en aparente transmutación se vuelve el desértico Atacama. Es octubre de 2019 y las movilizaciones sociales cristalizan sus idearios en este cántico que exuda protesta y reclamo por las promesas incumplidas y una falta de dignidad en el vivir: "Únete al baile de los que sobran, (…), nadie nos quiso ayudar de verdad (…) A otros le enseñaron secretos que a ti no, a otros dieron de verdad esa cosa llamada educación (…)"

En este contexto, parte del derrotero para realizar la dignidad reclamada fue reemplazar la Constitución de 1980; el receptáculo de principios articuladores de un neoliberalismo económico que amparó el desentendimiento estatal para garantizar los derechos sociales como estándares mínimos para llevar adelante una vida digna, y el posicionamiento de Chile como uno de los países más desiguales del mundo. En efecto, según cifras de la CEPAL, para el año 2017, el 50% de los hogares menos favorecidos tenía solo un 2,1% de la riqueza neta del país, mientras que el 10% más rico concentraba dos terceras partes (66,5%) y el 1% más rico el 26,5%".

Si bien el triunfo del "apruebo" y de una "Convención Constitucional" para la redacción de una nueva constitución, son pasos significativos para la realización de una vida digna, ello no resuelve la falta de legitimidad del sistema político frente a la ciudadanía. La sensación de pertenencia a "l@s que sobran" no desapareció el 25 de octubre del 2020. L@s que sobran reclaman ahora participación permanente en el proceso constituyente.

Pese a que la participación ciudadana en Chile ha sido definida por la OCDE como limitada, estas ansias de intervención directa pueden explicarse porque, desde octubre de 2019, la población vio una oportunidad cierta para unificar sus discursos acerca de las injusticias a nivel educacional, sanitaria, previsional, etc. Sin embargo, hay otro aspecto que se reveló a partir de ahí y que permite explicar este interés: la ciudadanía observó la posibilidad de reconfigurar su propia noción. La justificación para rearticular esta idea se rastrea hasta los discursos emancipatorios de la Modernidad, los cuales fueron excluyentes, pues dejaron fuera a quienes no encajaron en el modelo de ciudadanía congruente con un sujeto de derechos asimilado al hombre blanco, burgués y heterosexual. De este modo, el ideario de la época se articuló sobre una falsa universalidad.

Aunque pueda sonar lejana esta explicación, en Chile, la promesa incumplida de una ciudadanía plena aun sobrevive. Hasta el "estallido social", el "ciudadano" conservaba incuestionablemente el semblante de un sujeto que se aviene más a alguien de la élite, que a quien entona "El baile de los que sobran". De este modo, la lucha iniciada en octubre de 2019, por quienes reclaman que nadie los quiso ayudar de verdad, tiene, en el fondo, el crítico propósito de corregir este falso universalismo, imponiendo -parafraseando a Benhabib- un otr@ concret@, cuyas experiencias deben formar parte del debate deliberativo, para luego recogerlas en el nuevo texto constitucional.

De acuerdo con un informe de 2015 del PNUD sobre mecanismo de cambio constitucional en el mundo, la participación directa y permanente de la ciudadanía en los procesos constituyentes se observa a nivel comparado a través de diversos mecanismos consultivos y/o deliberativos, los que no siempre tienen un efecto vinculante para el órgano redactor. Sin embargo, será crucial que en el reglamento que se dé la Convención Constitucional para su funcionamiento, ésta le atribuya tal carácter, si no se perderá la oportunidad inédita de ensanchar la noción de ciudadanía para albergar a l@s que se quedaron pateando piedras y danzando el baile de los que sobran.