Unidad Constituyente realiza hoy elecciones primarias para designar a sus candidatos a alcaldes en 65 comunas del país. De ese total, 14 votaciones se harán en la Región de Valparaíso. La más importante de esas primarias locales tendrá lugar en la capital regional, donde el conglomerado integrado por el PS, PPD, PR, DC, PRO y Ciudadanos, que representa a un sector de la oposición, nominará al postulante que enfrentará a Jorge Sharp, actual titular de la Municipalidad. El conglomerado también tendrá elecciones en otras comunas importantes: Quillota, Quilpué, San Antonio y San Felipe, todas capitales provinciales. Estas "primarias chicas" -las "grandes" y oficiales ocurrieron el 29 de noviembre-, tendrán una participación menor, según el presidente regional del PPD, diputado Rodrigo González, quien pese a ello apuesta a que "serán representativas de la voluntad que hemos tenido los partidos de la Unidad Constituyente de no elegir a dedo a los candidatos, sino que a través del escrutinio popular".

De acuerdo a ese propósito, podrán sufragar hoy los militantes de los partidos mencionados y también los independientes. Se utilizará el mismo padrón electoral empleado en las recientes primarias en que se nominaron candidatos a gobernadores regionales y alcaldes, aunque las de hoy no tendrán las formalidades del 29 de noviembre y contarán con solo 20 locales de votación en las comunas involucradas, sin el resguardo de las Fuerzas Armadas, sin "ley seca", ni participación directa del Servicio Electoral. Miden sus fuerzas en esta votación regional 36 damas y varones dispuestos a entregarse al sacrificio de la campaña en medio de calores veraniegos y la amenaza permanente del covid-19, para luego figurar en la cédula única y, si el "soberano", el pueblo, lo decide, entrar al servicio público en el cargo clave de alcalde. Las elecciones son el 11 de abril del próximo año, pero el tiempo corre rápido, especialmente en materias electorales, y los candidatos tienen que quedar inscritos en enero, "a la vuelta de la esquina" de este año que se nos va de las manos, mientras en otros sectores ya hay postulantes con nombre y apellido.

Es cierto que la participación en esta "primaria chica" puede ser muy baja, pero constituye un importante termómetro para medir cuánto realmente pesa cada uno de los integrantes de Unidad Constituyente y cuánto pesan en conjunto comparados con el Frente Amplio, que en esta región tuvo un notable resultado el domingo 29 de noviembre, con su precandidato a gobernador regional, Rodrigo Mundaca, superando ampliamente a Aldo Valle, muy buena carta de UC. Así, estas "primarias chicas", no vinculantes como las que llevan el sello del Servel, entregarán un dato más en el confuso jardín político nacional en que florecen candidaturas por todos lados, partiendo por los maceteros del Palacio de La Moneda.

Las palabras que encabezan esta columna corresponden al título de una obra de 1979 del intelectual liberal Friedrich Hayek. Ellas aluden a la que, a mi juicio, es la idea más claramente errónea y dañina de un autor que hizo aportes relevantes. Ella postulaba que la asignación de recursos que realiza el mercado no puede ser calificada como justa ni injusta. Eso es, en mi opinión, absurdo y también inconsistente con la tradición liberal (y con otras ideas del propio Hayek), pues los pensadores y técnicos liberales han sabido fundar sus propuestas en una noción de lo que consideran más justo para la sociedad.

Hayek hizo con eso un favor a la izquierda, ya que ayudó a asentar el mito según el cual solo ella lucha por la justicia social contra una derecha enemiga de la misma. Para mostrar la fragilidad del mito basta con recordar que casi todos los primeros sistemas de seguridad social, de Otto von Bismark en adelante, fueron obra de gobiernos conservadores o liberales.

Pero de seguro el mito ha sido pocas veces tan falso y contraproducente como en el Chile de hoy. Nuestra izquierda proclama su condición de única defensora de la justicia social en lo que presenta como una suerte de cruzada por ella. Pero en sus banderas inscribe una y otra vez políticas claramente regresivas que dificultan la reducción de la pobreza y la desigualdad. Y luego se nutre del malestar que ello produce para convocar con más energía a la siguiente cruzada con más políticas regresivas en sus estandartes. Ese círculo vicioso ha marcado, y para mal, el derrotero seguido por nuestro país en los últimos años.

Si hubiera que buscar un momento determinante para que Chile comenzara a apartarse del camino de mayor civilidad, libertad, progreso y -sí- justicia por el que transitaba, ese sería, a mi juicio, 2011. Entonces, la izquierda, luego de haber hecho valiosas contribuciones desde el gobierno durante veinte años, se puso detrás de la demanda por gratuidad de los estudios universitarios, no obstante tratarse de una política conocidamente regresiva, que lo único que hace es subvencionar con recursos públicos las remuneraciones de los profesionales -que suelen estar entre las personas con mayores ingresos- y que, en cambio, no ayuda en nada a los peor situados. Todos los expertos serios se pronunciaron en contra. Aquellos que, por razones políticas, prefirieron evitar un juicio adverso, propusieron que fuera financiada con un impuesto a los profesionales.

No fue así. Ello llevó a la Nueva Mayoría al gobierno y la medida fue costeada con una mala reforma tributaria, que redujo el crecimiento económico y el resultado fue un freno en la disminución de la pobreza y la desigualdad. Eso influyó, sin duda, en los sucesos de octubre de 2019. En su intento de surfear esa ola, la principal medida que la izquierda ha impulsado eficazmente desde entonces es una que priva a los peor situados de fondos para sus futuras pensiones y obsequia a quienes tienen mayores ingresos una jugosa exención tributaria.

Hayek estaba equivocado. La justicia social no tiene por qué ser un espejismo. Pero lo que la izquierda chilena viene promoviendo desde hace casi una década sin duda que sí lo es.

La Policía de Investigaciones de Chile, como miembro de Interpol, se encuentra realizando un trabajo estratégico junto al Gobierno que tiene como finalidad que las dosis adquiridas por el Ministerio de Salud lleguen al país y a los usuarios del sistema de salud y así se pueda evitar que éstas sean objeto de robo o algún tipo de falsificación.

La "alerta naranja" emitida por Interpol a sus 194 países miembros sobre la chance que el crimen organizado se esté preparando para interceptar la distribución para sustraerlas y posteriormente comercializarlas en el mercado negro, ha activado diversos mecanismos de seguridad de los que la PDI forma parte, información que ha sido entregada a las autoridades locales con la finalidad de realizar un trabajo mancomunado en beneficio de la sociedad en su totalidad.

La información recabada indica que redes criminales dentro de sus modos de operar apuntarán a engañar a los consumidores a través de sitios web falsos y curas falsas, lo que podría representar un riesgo significativo para la salud e incluso para la vida de las personas que adquieran de manera informal productos que no cuentan con las certificaciones necesarias estipuladas por el Instituto de Salud Pública. Un estudio de la Unidad de Delitos Cibernéticos de Interpol reveló que de 3.000 sitios web sospechos de vender medicamentos ilícitos, unos 1.700 además contenían amenazas cibernéticas, especialmente phishing y malware de spams.

De esta manera, la policía civil asistirá en toda la cadena de reparto, tal como lo dijo nuestro director general, Héctor Espinosa: "Vamos a cooperar en toda la cadena de distribución, vamos a certificar que las vacunas sean las que corresponden, a trabajar con todos los estamentos que participen en esto, y queremos garantizarle a la ciudadanía que va a recibir un producto genuino, que no tiene costo, y que en eso la PDI va a cooperar con todo lo que pueda".

El trabajo de inteligencia y análisis criminal que estamos llevando a cabo, por tratarse de un tema de seguridad nacional, no será dado a conocer. No obstante, queremos garantizarle a la ciudadanía que la labor profesional que realizarán nuestros detectives permitirá que los hechos acaecidos en otros países respecto a la distribución de la vacuna contra el SARS-Cov-2 no ocurran en Chile.

La criminalidad cambia, se transforma y utiliza nuevos mecanismos para alcanzar sus propósitos. Sin embargo, 87 años de experiencia en el ámbito de la investigación profesional de delitos complejos nos permiten asegurar que los usuarios finales de las vacunas no sean perjudicados, entendemos que este ha sido un año difícil, que existe preocupación por parte de la ciudadanía y que el Gobierno ha hecho un esfuerzo para que todos los chilenos tengamos acceso a la inmunización, por lo tanto el rol de la PDI será poner a disposición del país todas nuestras capacidades investigativas para que la campaña de vacunación sea un éxito.