En pedir no hay engaño
Director ejecutivo Fundación Piensa Abogado y profesor Derecho PUCV "Hay condiciones habilitantes para lograrlo: erradicación de la violencia política, imperio de la ley, Estado de derecho, democracia, y estabilidad económica". Christian Viera Álvarez Profesor titular Escuela de Derecho Universidad de Valparaíso "Lo que nos jugamos en 2021 y 2022 es muy importante y es de esperar que los constituyentes y partidos políticos estén a la altura del desafío".
A nueve meses y 21 días de la llegada del coronavirus a nuestro país, el arribo de las primeras 10 mil dosis de la vacuna de Pfizer-BioNTech y el inicio del proceso de inoculación es, cual regalo navideño, una luz de esperanza para terminar un año duro para el mundo y especialmente difícil para nuestro país.
A las trágicas consecuencias de la pandemia -que se cuentan en número de muertos, enfermos, desempleados, quiebras, pobreza y cada vez más insoportables restricciones a nuestra libertad de desplazamiento- se suma una profunda crisis de confianza y legitimidad de nuestras instituciones y un ambiente político egoísta, polarizado, y populista. El 2020 no fue nuestro año y nos merecíamos una buena noticia ¡Si hasta perdimos en Venezuela por primera vez en las clasificatorias al mundial de fútbol!
La llegada de la vacuna es esperanzadora no solo porque demuestra la capacidad de la humanidad ofreciendo esta solución mucho antes de lo que vaticinaban todos los expertos, sino porque ayuda a legitimar al Gobierno -y con él la política- como solucionador de problemas. Además, permitió ver en parte de la oposición destellos de generosidad luego de largos meses de severa crítica permanente.
Desde la perspectiva de la relación de las personas con el Estado los efectos positivos de esto van más allá del combate contra el coronavirus y tienen que ver con que la ciudadanía vuelva a confiar en el sistema y sus autoridades. Así como las personas, las naciones cuando lo están pasando mal necesitan de hitos o momentos de los cuales poder aferrarse para cambiar el rumbo. ¿Será la vacuna ese hito que nos permita cerrar el 2020 -y todo lo devastador que ha sido- y abrir el 2021 en otra frecuencia para, junto con combatir la pandemia, enfrentar el debate constitucional y poder darnos una Constitución que nos represente a todos, que traiga paz y legitimidad y que establezca las condiciones para que Chile continúe el camino al desarrollo?
Y es que Chile está en un momento crítico, la confianza en nuestras instituciones está en el piso y el modelo de desarrollo no tiene legitimidad. Las personas parecen anhelar el consumo y gozar de sus beneficios, pero sin establecer una relación causal entre esas posibilidades y el modelo de libre mercado. A su vez, existe un extendido hastío hacia la "clase política", desconfianza hacia los empresarios y organizaciones fundamentales en nuestra sociedad como la Iglesia. Ese es el caldo de cultivo ideal para el surgimiento de un líder populista, de izquierda o derecha, que busque conectar con la ciudadanía de modo directo, "saltándose la política", con un discurso emocional desprovisto de sustento técnico. Ese atajo muchos lo querrán tomar. La alternativa es el camino largo: darle legitimidad a nuestras instituciones y modelo de desarrollo.
Y legitimar nuestras instituciones tiene que ver con el buen ejemplo que den nuestras autoridades, con que -sin perder la crítica constructiva- dejemos la estridencia haciendo leña del árbol caído (las instituciones) cada vez que podemos, y con que los políticos tengan la capacidad de lograr acuerdos transversales en la Convención Constitucional, a lo que de alguna manera están "obligados" dada la regla de los dos tercios.
Si bien el camino al desarrollo es complejo y no hay recetas mágicas, la experiencia internacional demuestra que sí hay condiciones habilitantes, mas no suficientes, para lograrlo: erradicación de la violencia política, imperio de la ley, Estado de derecho, democracia, responsabilidad fiscal y estabilidad económica.
Con la esperanza de la vacuna y algo empapado de espíritu navideño, le pido al Viejito Pascuero el siguiente regalo: una "Bancada Demócrata" en la Convención Constitucional que, cruzando la línea divisoria del Sí y el No del 88, ponga a Chile por delante, condene sin matices la violencia política, abrace la democracia constitucional, elabore un diseño que permita relegitimar nuestras instituciones, valore la responsabilidad fiscal y el crecimiento, y deje para las elecciones periódicas las discusiones respecto de los énfasis que deban tener las políticas públicas.
En pedir no hay engaño.
Desafíos constituyentes
El 25 de octubre del presente año, nuestro país inauguró un inédito proceso constituyente. Como lo han señalado Pablo Contreras y Domingo Lovera en un reciente libro, "la historia constitucional de Chile permite afirmar que las élites gobernantes han preferido la estabilidad sobre la democracia, el orden sobre la participación. Tanto la estabilidad como el orden se han alcanzado sobre la base de la activa intervención de los militares, cuyo clave rol político quedó definido desde el nacimiento de la república". En efecto, todas las Constituciones chilenas han sido fruto de acuerdos elitistas acompañados de la fuerza. Hoy, y por vez primera en poco más de doscientos años, el proceso será diferente, ya que la nueva Constitución puede ser fruto de la deliberación de ciudadanas y ciudadanos que tendrán por tarea elaborar una nueva Carta que responda a los desafíos actuales y los que vienen.
Asimismo, el proceso constitucional chileno está concitando el interés en muchos lugares del mundo. Por de pronto, ya que la génesis que no ha sido fruto de acuerdos cupulares, sino que consecuencia de una potente movilización social, además, por ciertas reglas que van a acompañar el proceso, siendo la más original la paridad: es un caso exclusivo de lo cual hemos de estar orgullosas y orgullosos. Pero también porque, a pesar de la compleja crisis política y social que estamos atravesando, la respuesta institucional podría interpretarse como cesión de poder, lo que favorece y profundiza la democracia, que no queda atrapada en los estrechos marcos de su interpretación electoralista.
Agrego como relevante el acuerdo por los escaños reservados para pueblos originarios. Sin perjuicio que la idea de descontar los escaños reservados de los 155 integrantes de la Convención no es una buena idea ya que resiente la representatividad, es cierto que esta decisión viene a reparar una deuda histórica con los pueblos originarios, lo que es manifestación del carácter plurinacional de nuestro país.
¿Qué pasa con los independientes? He sostenido que la Convención debe contar con un abultado número de independientes. Si las coaliciones no tienen apertura al mundo independiente, significa que los partidos, en su corporativismo, no logran detectar que, aunque necesarios en un régimen político, para salir de esta crisis deben ceder poder. Pero cuando pienso en independientes no lo hago como una santificación de la ausencia de filiación. Sería un error pensar que el independiente está inmune a las ideas políticas. Esperaría que los independientes fueran reconocidos por su militancia social, por su compromiso con causas, pero que cuenten con una trayectoria que demuestre ese compromiso. Lamentablemente, las modificaciones legales en torno a los independientes solo lograron aligerar los requisitos y trámites para inscribir candidaturas, pero no se logró un acuerdo para que independientes se incorporaran a las listas de los pactos electorales más fuertes. Por lo mismo, se abre una amenaza para el proceso: por el funcionamiento del sistema electoral, será del todo ineficiente para los proyectos transformadores que los y las independientes vayan en listas adicionales, pues eso producirá la dispersión de votos castigando la falta de unidad programática. Queda poco tiempo, pero es suficiente para que las coaliciones más importantes abran sus listas a independientes y cedan cupos.
Finalmente, la Constitución no puede ser obra solo de la Convención. La disputa constitucional es fruto la movilización social, por tanto, la discusión debe ser pública y "de cara" a la ciudadanía. Por esta razón, dos cuestiones son absolutamente necesarias: i. El proceso en la Convención debe ser fiel al mandato de publicidad y transparencia. Los debates de sala y comisión deben ser abiertos, los ciudadanos tenemos no solo el derecho, sino que se impone el deber de conocer las votaciones, porque los convencionales son representantes de un programa que deben honrar; ii. Deben establecerse metodologías para que la Convención escuche e incorpore el diálogo constitucional de los territorios. Hay experiencias comparadas que se pueden revisar, pero también el método usado en los Encuentros Locales Autoconvocados puede ser tenido a la vista.
Lo que nos jugamos en 2021 y 2022 es muy importante y es de esperar que los constituyentes y partidos políticos estén a la altura de tamaño desafío.
Juan Pablo Rodríguez