Droga, ataque de una antigua pandemia
El alarmante aumento de homicidios y el poder de fuego delictual son amenazantes manifestaciones de las redes de tráfico. La falta de recursos en las policías, junto a un sistema procesal en exceso garantista, deja campo abierto a la delincuencia, en particular, a las grandes organizaciones que operan el tráfico de droga.
Las cifras son impactantes y revelan un profundo desprecio por el valor de la vida humana. En la macrozona de Valparaíso, que comprende la ciudad puerto, Viña del Mar y los territorios insulares, los homicidios en los 11 primeros meses de 2020 aumentaron en un 205% en relación al año anterior.
El uso de armas de fuego en esos ilícitos sumó 31 casos más que en 2019. También crecen en un 71% las lesiones.
Estas cifras, tras la cuales hay seres humanos, fueron dadas a conocer por la Fiscalía Regional y, lamentablemente, reflejan una recurrente realidad nacional.
Están en marcha cambios legales para un mayor control de estas armas, lo que es necesario, pero la cuestión de fondo está en el entorno que genera este tipo de violencia, materia sobre la que se debe actuar en profundidad.
Hoy la delincuencia está condicionada mayoritariamente por el tráfico de drogas, tras lo cual hay poderosas organizaciones no dispuestas a ceder redes ni territorios.
Entonces, ante la acción de la autoridad, de vecinos y de grupos rivales, es necesario mostrar fuerza, poder de fuego. Ello explica el uso de armas, muchas veces indiscriminado, provocando víctimas fatales, algunas sin mayor relación con el tráfico.
Para el presidente de la Asociación Nacional de Fiscales, Claudio Uribe, las normas de la Ley 20.000 sobre tráfico de drogas sirven bastante pero advierte que más que modificaciones legales faltan "más medios para trabajar, tanto para la propia Fiscalía como para las policías". Agrega que "la principal dificultad en este minuto es la inexistencia del número suficiente de policía especializada". Recuerda además que los fiscales no tienen facultades para disponer el ingreso a locales o domicilios persiguiendo algún ilícito. Para ello se requiere una autorización judicial. Tampoco tienen facultad las policías, con lo cual las investigaciones tienen tropiezos y el delincuente siempre termina avanzando varios pasos más adelante que los representantes de la ley.
Esta falta de recursos humanos y materiales junto a un sistema procesal en exceso garantista, deja un campo abierto a la delincuencia en general y, en particular, a las grandes organizaciones que operan el tráfico de droga.
Y la investigación no puede ser solo de terreno, exige especialización para identificar redes, financiamiento y, especialmente, la inversión de las cuantiosas ganancias que genera el tráfico.
Se debe reconocer que la violencia creciente en nuestras ciudades y barrios, tiene como matriz principal la droga, antigua pandemia ante la cual el Estado no se puede rendir y debe actuar con todos los medios y en varios frentes, tal como se enfrenta, universalmente, el letal azote del covid-19.