Al proyecto de ley que indulta a los imputados y condenados por hechos de violencia ocurridos en octubre de 2019, se suma otra iniciativa, más amplia, que anula normas legales sobre orden público.

La nueva propuesta derogaría disposiciones antibarricadas, de control de identidad y la Ley de Seguridad Interior del Estado. Para los parlamentarios del Frente Amplio, Partido Comunista y Partido Socialista firmantes del proyecto, esas normas serían "represivas" y únicamente tendrían fines políticos y comunicacionales. La iniciativa fue rechazada de plano por La Moneda.

Entretanto, el proyecto de indulto, suscrito por Adriana Muñoz (PPD), presidenta del Senado, y sus colegas Alejandro Navarro (PRO), Isabel Allende (PS) y Yasna Proboste (DC), ya ha sido tratado en comisiones de la Cámara Alta. En esa instancia, el fiscal nacional, Jorge Abbott, manifestó su descuerdo, considerando que podría constituir una señal negativa para la convivencia social. Incluso Isabel Allende se muestra ahora partidaria de mayor precisión en los beneficios.

Con una mirada realista, el senador Juan Ignacio Latorre (RD) ve "difícil" una aprobación. Los números no dan para aprobar la propuesta.

Por otro lado, los números sobre implicados recluidos son diversos. La Corte Suprema informa de 37, en tanto el Ministerio Público los eleva a 175. Ambas cifras se apartan notablemente con las informadas por la presidenta del Senado, que cifra los detenidos en 800.

En cuanto al alcance político de las reclusiones, la vocera de la Corte Suprema, ministra Gloria Ana Chevesich, afirmó que "la calificación de si es un delito común o político le corresponde a los tribunales de justicia, y hasta la época, se da cuenta de que se trataría de delitos comunes".

Veintiséis de los 37 son civiles y 11 agentes del Estado, carabineros acusados de supuestas violaciones a los derechos humanos. Diecisiete de esos 26 ya tenían condena anterior. Están implicados en 24 causas, sumando 73 delitos. El 58% de los imputados cometió el delito de robo en lugar no habitado y el 27% incendio con peligro para las personas.

En medio de estas iniciativas, las versiones del Poder Judicial y el rechazo del Gobierno a los "perdonazos", el diputado Luis Rocafull, jefe de la bancada socialista, pone una nota de racionalidad al afirmar que "el FA tiene todo el derecho a presentar iniciativas que apunten a mejorar o corregir leyes… estas discusiones ya se dieron… Creo que hoy debemos priorizar los temas de seguridad pública, algo que la ciudadanía está demandando".

Una gran verdad: la comunidad demanda seguridad, seguridad sanitaria, seguridad para las personas, sus bienes y sus actividades. Y la urgencia de esta seguridad se acentúa en este año de trascendentales definiciones electorales que no pueden ser empañadas por un clima de violencia y con indultos impresentables para las víctimas de esa violencia.

No hay ninguna duda, este 2021 ha partido con desafíos muy urgentes. Hay un amplio consenso que el Producto Interno Bruto (PIB) caerá a lo menos un 6% durante el 2020, el peor indicador desde 1982. Si bien se proyecta una recuperación de la economía para el presente año, sus efectos se verán determinados por la evolución de la pandemia a nivel global, especialmente en el hemisferio norte, y la implementación eficaz de la vacuna a una parte significativa de nuestra población.

No hay que olvidar que el PIB per cápita de la Región de Valparaíso ya fue el 2019 equivalente al año 2014 y, por ende, una caída equivalente al país llevará a la región el 2020 a un PIB por habitante más cercano al 2010. En términos de empleo, ha habido una recuperación de la ocupación y una disminución del desempleo de un 10,8% a nivel nacional y un 11,8% en nuestra región en el trimestre móvil septiembre-noviembre. No obstante lo anterior, hay que mirar con atención la recuperación de empleos, pues la mayoría de ellos han sido de ocupaciones informales.

Para enfrentar las urgencias del 2021, seguirá siendo muy importante la calidad de la política monetaria y muy especialmente la robustez y eficacia de la política fiscal. En esta perspectiva, es relevante escuchar opiniones, como la del decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, José De Gregorio, en el sentido de que "es necesario recalibrar el acuerdo fiscal del covid por US$ 12 mil millones. Dado lo que está pasando, vamos a tener que hacer un esfuerzo mayor, porque el escenario es distinto del que preveíamos... Está bien que se renueve el Fogape, porque se necesita para que las empresas puedan sobrellevar esta crisis, que ha sido muy larga, pero para los hogares es necesario implementar un nuevo Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) a partir de enero y que esté presente durante el primer semestre".

No obstante las urgencias que hay que enfrentar con eficacia y amplitud, no podemos repetir errores anteriores que hemos cometido como país en el sentido de priorizar solo el corto plazo y no tener una mirada de mediano y largo plazo que nos permita actualizar nuestros motores de desarrollo como país y como región. El segundo semestre del 2021 y claramente el 2022 traerán un debate de futuro sobre nuestro modelo de desarrollo para las próximas tres o cuatro décadas, un modelo con una más alta productividad, más inclusivo y amistoso con el medioambiente. Será el debate del desarrollo sustentable de este siglo XXI, que nos actualizará esa hermosa definición de 1987 en "Nuestro futuro común" sobre "el desarrollo que satisface las necesidades de la generación presente, sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer sus propias necesidades" (WCED, 1987, p.43) y nos inserte con voluntad y decisión en las complejidades estratégicas de la Cuarta Revolución Industrial y la del Cambio Climático.

Finalmente, que este 2021 sea pleno de la audacia de la esperanza y que las complejidades que vengan las enfrentemos escuchando intergeneracionalmente a todas y todos. Por ello, es importante leer o escuchar reflexiones como la del arquitecto Alejandro Aravena, Premio Pritzker 2016, que nos llama a que "la impecabilidad técnica de las cosas que nos regían es una condición necesaria, pero no suficiente. Volver a conversar sobre qué es lo que importa, qué es lo prioritario o no, requiere este nivel de revisión muy fundamental".