Redacción

El Presidente Sebastián Piñera encabezó ayer la ceremonia fúnebre del detective Luis Morales Balcázar, muerto a balazos durante un operativo de la Policía de Investigaciones (PDI) en Temucuicui que tenía como objetivo la incautación de drogas y armas.

Al despedir al funcionario policial, el Mandatario justificó la intervención de la comunidad de La Araucanía: "Al interior de Temucuicui se han enquistado organizaciones de crimen organizado y bandas de narcotráfico que cometen delitos tan graves como el porte y uso de armas militares, como las plantaciones y tráfico de drogas, como los robos y asesinatos".

Asimismo, el Jefe de Estado aclaró que "nunca debemos confundir la acción criminal de estos grupos con el pueblo mapuche, que es un pueblo por esencia y tradición amante de la justicia y la paz. El jueves pasado la PDI, cumpliendo con su obligación, realizó un operativo policial de búsqueda y registro que había sido solicitado por la Fiscalía y autorizado por los tribunales de justicia. Sin embargo, enfrentaron una resistencia de alta violencia que utilizaba armamento de naturaleza militar".

Estado de Derecho

"En Chile se respetan las órdenes judiciales y el Estado de Derecho. Por eso lo digo fuerte y claro: no aceptaremos jamás que en ningún lugar de Chile bandas de crimen organizado o bandas de narcotraficantes dispuestos a asesinar a personas inocentes, incluyendo a funcionarios de nuestras policías, tengan o utilicen armas militares en forma ilegal o administren redes de narcotráfico o plantaciones de drogas", añadió Piñera.

"A pesar de todas las dificultades que hemos enfrentado, nuestro compromiso como Gobierno es que tomaremos todas las acciones necesarias para que las órdenes judiciales se cumplan, para que los responsables de estos asesinatos enfrenten la justicia y que el imperio de la ley y el Estado de Derecho se impongan en todo el territorio nacional", agregó el Presidente de la República.

"Las familias de Temucuicui, de la Araucanía y de todo Chile merecen vivir en paz y con seguridad. Su seguridad y su paz son nuestra principal prioridad y nuestro mayor compromiso. Por eso pido a todos mis compatriotas, y de forma muy especial a las autoridades y parlamentarios, que unamos nuestras fuerzas para condenar la violencia y para luchar contra todos aquellos que atentan contra la paz", dijo el Mandatario.

Delgado a cargo

Piñera informó también que le encargó al ministro del Interior, Rodrigo Delgado, que viaje nuevamente a La Araucanía para "resguardar mejor el orden público".

El jefe de gabinete, quien también asistió al funeral, apuntó que en su reciente paso por la zona de conflicto estuvo "recabando antecedentes y lo que puedo decir es que con lo que se encontró la PDI al interior de Temucuicui es lo mismo que la gente rechaza en todo Chile: drogas, plantaciones, droga procesada, armas".

A casi 90 días de la primera elección de autoridades regionales, la discusión se ha centrado en cuántas listas habrá y cómo los partidos definirán a sus candidatos. En tanto, las reformas necesarias para que esta nueva institucionalidad no se transforme en un nuevo Transantiago brillan por su ausencia.

Hay al menos dos aspectos que se deben modificar para efectos de acotar la posibilidad que esta reforma genere más problemas que beneficios. Son "al menos dos", ya que una vez que se instalen las nuevas autoridades electas probablemente se generarán roces entre los distintos niveles de gobierno, lo que deberá ser abordado a futuro.

Pero respecto de lo que ya se tiene conciencia que se debe reformar, poco se ha avanzado. Se trata de temas de financiamiento de los gobiernos regionales así como de solución de controversia en materia de competencias entre las autoridades nacionales, regionales, provinciales y comunales.

En cuanto a financiamiento, los fondos gastados por los gobiernos regionales provienen en su mayoría de recursos transferidos desde el gobierno central en el marco de la Ley de Presupuestos con importantes espacios de discrecionalidad. Con autoridades regionales electas, es decir, con independencia democrática de las autoridades del gobierno central, los criterios de asignación regional de los recursos deben estar previamente definidos y no depender de la voluntad de la autoridad central de turno.

Pero el proyecto de ley que presentó a fines de septiembre el Gobierno para modificar lo anterior se encuentra sin mayores avances en el Congreso. En materia de financiamiento, crea dos nuevos fondos, adicionales al Fondo Nacional de Desarrollo Regional, por medio de los cuales se canalizarían los recursos desde el gobierno central, pero con parámetros objetivos y previamente definidos. De esta forma, una proporción mayor de recursos se asignaría a regiones en forma explícita y sobre la base de criterios conocidos a través de la Ley de Presupuestos y no durante el año, tal como es hoy en día, en que la Subsecretaría de Desarrollo Regional cuenta con importantes espacios de discrecionalidad.

En cuanto a la solución de cuestiones de competencia, si bien debiera ser el Tribunal Constitucional el que tenga injerencia, a diferencia de lo que se ha propuesto en cuanto a que sea la Contraloría General de la República, se debe avanzar hacia un mecanismo de solución. Hoy ello no está definido, y este vacío sólo exacerbará roces entre niveles de gobierno.

Queda claro, una vez más, que si bien todos hablan de descentralización, pocos finalmente empujan ese carro. Ambos proyectos de ley se encuentran en primer trámite en el Congreso y lo más probable es que se activen cuando se acerquen las elecciones, pero pasado ese momento nuevamente nadie se hará cargo.

El Servicio Electoral informó que hasta ayer casi 290 mil personas habían firmado patrocinios para candidaturas a la elección de miembros para la Convención Constitucional.

De acuerdo con el detalle entregado por el Servel, del total de respaldos oficializados en sus plataformas, 278.694 corresponden a candidaturas generales y 9.214 son para candidatos de pueblos indígenas a convencionales.

El plazo para patrocinar candidaturas cierra mañana lunes, cuando también vence el tiempo para inscribir las candidaturas para la elección del 11 de abril, cuando habrá más de 2.700 cargos en disputa: 2.252 concejales, 345 alcaldes, 16 gobernadores regionales (que reemplazarán a los intendentes y serán elegidos por primera vez).

De acuerdo con las cifras del Servel, hasta el momento se han inscrito 19.245 candidaturas: 1.429 para competir en la elección de alcaldes, 14.723 para la de concejales, 2.951, para la de convencionales constituyentes, 81 para la de gobernadores regionales y 61 para los escaños reservados a los pueblos originarios en la Convención Constitucional.

Inscripción de listas

A ellos se deben sumar las listas que se inscribirán mañana y que estarán compuestas por conglomerados políticos.

Hasta ahora es seguro que para la Convención Constitucional Chile Vamos llevarán una lista única. Por la oposición lo más probable es que se presenten dos listas tras el fracaso de los intentos por alcanzar un acuerdo.