En Estados Unidos la ley sanciona implacablemente con cárcel a aquellas autoridades que, haciendo uso de su cargo, inducen al desconcierto civil o, bien, cuando sus declaraciones generan caos y pánico económico en las ciudades.

Así las cosas, el Intendente de la Región de Valparaíso, licenciado en Ciencias Jurídicas, señor Jorge Martinez Durán, debería agradecer vivir en Chile, y de esa manera no tener que responder por los desafortunados comentarios que a muchos les sonó como una clara y contundente amenaza, al decir que la región podía entrar en cuarentena a la brevedad, dados los altos índices de contagio, cargando toda la culpa a la población, cual inspector de colegio retando a sus alumnos, en un vano intento por desviar el foco de atención respecto de su mal manejo al momento de implementar medidas que justamente frenen o aminoren el contagio.

Es el propio señor Intendente quien tiene las herramientas legales para ordenar el aumento de dotación de las Fuerzas Armadas y Carabineros en las calles con el fin de cautelar que las normas de mascarillas y distanciamiento social se cumplan como corresponde. Pero nada de eso sucede y, muy por el contrario, las calles están inundadas de comercio ilegal, obstaculizando el paso de los peatones, generando aglomeraciones y desorden, lo que finalmente provoca más contagios y aumentos de la delincuencia y la ley de la selva en las calles.

Pero volvamos a las infaustas declaraciones del señor Intendente que ocasionaron pánico en el comercio y gatillaron que los dueños de establecimientos, ya cansados por el esfuerzo económico realizado hasta el momento, decidieran finiquitar personal y definitivamente bajar la cortina para siempre. La irrefrenable verborrea del Intendente ocasionó que hoy existan personas sin trabajo, aumentando la ya alta tasa de cesantia, que a la sazón es una de las más altas del país.

Como representante del Comercio y Turismo de Viña del Mar, le solicito formalmente al señor Martínez que fije la mirada en cómo implementar medidas que vayan en beneficio de evitar el contagio, compatibilizándolo con políticas acertadas de manejo económico, y evite así dar conferencias de prensa en el piso 18 de la Intendencia, que sólo generan pánico y desconcierto en la población, y que, como efecto final, sólo derivan en pérdidas de empleos.

El comercio viñamarino ya no puede seguir siendo víctima de políticas locales desacertadas, que dañan el empleo y sepultan negocios y empresas que sólo están luchando por sobrevivir.

Bastante difícil la tenemos ya con los efectos del estallido y la crisis sanitaria.

Don Ignacio Walker Prieto (10 de enero), busca convencer a los católicos desprevenidos, que la revelación, la tradición y el magisterio de la Iglesia pueden ser interpretados según la conciencia subjetiva de cada de cual. Si así fuese, significaría que para el catolicismo no existen comportamientos humanos que deban rechazarse siempre, bajo cualquier circunstancia y cultura. Es la vieja discusión sobre los absolutos morales: si no los hay -en última instancia- todo queda entregado a la decisión de mayorías circunstanciales.

Habría en Walker, quizás inconscientemente, un intento por revivir las teorías éticas asociadas al consecuencialismo o proporcionalismo, que tan potentemente combatió el Papa Juan Pablo II.

En el primer caso se adopta como criterio del obrar moral las consecuencias (buenas) que se prevé pueden derivarse de la ejecución de un determinado acto.

El proporcionalismo, por su parte, define la bondad del acto moral ponderando los posibles efectos buenos y malos, optando por el que ofrezca (como sumatoria) el bien más grande; es la teoría del mal menor.

Suena razonable, pero hay dos graves problemas. Primero, es prácticamente imposible valorar todas las consecuencias y efectos buenos y malos que puede tener una acción moral en el mediano y largo plazo. Segundo, no basta con la buena intención del sujeto para que un acto moral sea bueno, ya que ese camino indefectiblemente desemboca en que "el fin justifica los medios".