Joaquín Torres Tagle

La doctora en Derecho de la Universidad de Valparaíso, Patricia Pérez Goldberg, será la candidata del gobierno para ser jueza integrante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La abogada fue ministra de Justicia durante el primer periodo del Presidente Sebastián Piñera y su designación generó diversas reacciones tanto en el ámbito académico como en el Congreso.

Agustín Squella, catedrático de Derecho y candidato a la Convención Constitucional, respalda la postulación de Pérez, mientras que el senador Juan Ignacio Latorre (RD) tiene reparos respecto a la decisión del Gobierno de llevar un candidato nacional para ser parte de la prestigiosa Corte.

Nominación

La Corte Interamericana de DD.HH. está integrada por siete jueces, que pueden ejercer su cargo por un máximo de 12 años. Debido a esta situación, el juez chileno Eduardo Vio, está próximo a dejar su lugar en el tribunal. Por lo anterior, y debido al llamado de la propia Corte de que los países presenten candidatas mujeres, con el objetivo de lograr la paridad entre sus integrantes, es que el Gobierno de Chile presentará la postulación de Patricia Pérez.

Solo 5 de los 39 jueces del tribunal han sido mujeres. Los postulantes a estos cargos son elegidos por votación secreta entre los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA). El tribunal tiene como objetivo aplicar lo establecido en la Convención Americana de Derechos Humanos, agregando los tratados suscritos por sus Estados miembros.

Foco en las mujeres

Consultada por este medio, la también exsubsecretaria de Justicia expresó que la situación de los DD.HH. es crítica en América. "En materia de derechos humanos en América Latina, una situación particularmente crítica es la relativa a las personas privadas de libertad. En la región existe un sistema de prisiones sobrepobladas, con enormes deficiencias en materia de atención de salud, educación y seguridad, y que solo dispone, en la mayoría de los casos, de edificaciones añosas y/o en deterioro producto de la falta de adecuada mantención", comentó la abogada.

La profesional también dijo que las mujeres que se encuentran privadas de libertad, deben tener una atención especial: "Especial atención merece la condición de las mujeres privadas de libertad, cuya invisibilidad obedece principalmente a tres causas: su baja representatividad, dado que suelen no exceder el 10% de la población penal. Segundo, porque el diseño y organización de los sistemas penitenciarios tiene un carácter marcadamente androcéntrico. Tercero, porque conforman un grupo vulnerable, estructuralmente desaventajado, cuya situación concreta involucra generalmente una interseccionalidad o entrecruzamiento de desventajas, que se refuerzan entre sí", finalizó Pérez.

Respaldos

Agustín Squella, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales, destacó que la abogada sería una jueza de lujo para el tribunal. "Patricia es una profesional muy destacada para ese cargo, muy preparada y confiable, y es también una íntegra y excelente persona. Chile tuvo allí un juez de lujo, Eduardo Vio, y ahora podría tener una jueza de lujo", manifestó el jurista.

Por su parte, la doctora en Historia, Ana María Stuven, también tuvo palabras de apoyo a la nominación de Pérez: "Tengo la mejor opinión de ella, tanto en el tema penitenciario como en el de los derechos humanos. Su preocupación esencial es el tema del género en la privación de libertad. Ni la justicia penal ni las cárceles han tenido criterios de género, en el diseño del sistema penitenciario las mujeres han salido perjudicadas y ella ha sido un agente muy importante en introducir el criterio de género en las políticas penitenciarias", finalizó la académica.

Críticas de la oposición

Donde no tuvo buena acogida la decisión del Gobierno de nominar a la exministra fue en la oposición. El senador Juan Ignacio Latorre (RD), presidente de la Comisión de DD.HH. de la Cámara Alta, comentó: "En lo personal, no tengo nada en contra (de Patricia Pérez), lo que me llama la atención y me daría un poco de vergüenza es la nominación por parte del gobierno de Chile, teniendo informes tan relevantes por la crisis de violación a los DD.HH. desde el estallido social en adelante, con informes nacionales e internacionales. Me parecería más prudente no adelantar una candidatura a la Corte".

Por último, la presidenta de la Comisión de DD.HH. de la Cámara de Diputados, Emilia Nuyado (PS) fue muy crítica con la postulación impulsada: "Patricia Pérez no tiene el currículum en materia de DD.HH. para ser una buena candidata a la Corte Interamericana, porque su experiencia es solo en temas penales y de notarías. Además, durante su mandato de apenas dos años como ministra de Justicia hubo graves vulneraciones a menores en el ex Sename. Una postulación que hace además un gobierno acusado de violar los DD.HH. de su pueblo no tiene calidad moral para impulsar la candidatura de nadie".

"Especial atención merece la condición de las mujeres privadas de libertad".

Patricia Pérez, Exministra de Justicia

"Patricia es una profesional muy destacada para ese cargo, muy preparada y confiable".

Agustín Squella, Abogado y catedrático

Confiando en que el Cuerpo de Voluntarios del Bote Salvavidas de Valparaíso (CVBS) pueda encontrar vías de financiamiento que le permitan abordar su actual crisis de recursos y con ello garantizar su permanencia en el tiempo, el gestor en turismo y candidato a Convención Constitucional independiente por el Distrito 7, Leonardo Latorre Melin, además entregó una fórmula concreta para ir en apoyo de la señera institución.

Voluntario del Bote Salvavidas desde hace una década, Latorre asegura que una de las vías principales de solución a la crisis de la entidad rescatista "se encuentra durmiendo desde el año pasado en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. El proyecto de Ley desarrollado junto al diputado Marcelo Díaz propone la modificación de las instituciones receptoras de los fondos de la Polla de Beneficencia incluyendo en ellas al Bote Salvavidas de Valparaíso".

Para el candidato independiente hoy resulta clave incorporar en la nueva Constitución herramientas que garanticen el rol solidario del Estado hacia instituciones claves en la sociedad. "Es importante analizar los resguardos constitucionales que se puedan realizar de cara al proceso constituyente, donde el Estado respalde y apoye institucionalmente a organizaciones de la sociedad civil que prestan servicios a la comunidad, como Bomberos o los Botes Salvavidas".

Su candidatura apunta a "llevar una voz independiente de los partidos políticos para representar a la ciudadanía que no se ve representada en ellos y que compartan la idea de un Estado que resguarde el derecho a la vivienda, a pensiones dignas, salud y educación de calidad basado en una constitución plurinacional, laica, ecológica, inclusiva y sin distinción de género".