Dice el alcalde Jorge Sharp que lo que ocurre en la Municipalidad de Valparaíso no es "un desastre económico", como algunos quieren "informar" (las comillas son suyas). "Lo cierto es que nuestra gestión en cuatro años redujo el déficit heredado de la UDI y la DC en más de un 70%. Transparencia, manos limpias y buena gestión. Aún falta mucho, pero vamos en la dirección correcta", aseveró a través de Twitter, por cuanto -al igual que Virginia Reginato- no da entrevistas a este medio de comunicación desde que se cuestiona la prolijidad de su administración.

Ello, en referencia a un título de El Mercurio de Valparaíso que se refería en esos términos al cuarto y último informe trimestral de Control Interno 2020, en el cual aclaran (la propia Municipalidad y su Concejo, no El Mercurio precisamente) que la deuda municipal producto de postergación de pagos, deudas y facturas aumentó a unos $12 mil millones de pesos, tal como advirtió a mediados de noviembre el entonces presidente de la Comisión de Finanzas del Concejo Municipal, el exedil comunista, Iván Vuskovic. Pero aquellos $12 mil millones tampoco serían tan exactos si introducimos en la ecuación el aún insondable forado económico de la Corporación Municipal de Valparaíso (Cormuval), que ya le heredó al Municipio una deuda de $1.200 millones por el traspaso de Educación a calle Condell en el marco del nuevo Servicio Local de Educación Pública (SLEP), y cuyo gerente, Marcelo Garrido, reconoce una deuda de casi $110 mil millones.

Respecto de sus méritos de gestión, como bien lo explicó esta semana el abogado y excandidato a alcalde Leonardo Contreras, Sharp infló artificialmente el déficit del exalcalde Jorge Castro (de poco más de $6 mil millones reales a más de $13 mil millones) y recibió desde el Fondo Común Municipal (FCM) un aumento progresivo de recursos, que el año pasado terminaron doblando a los del último ejercicio del exalcalde ($21 mil millones vs. $10 mil millones).

De la misma manera, la actual administración aumentó los pasivos de la Cormuval de los impresentables casi $69 mil millones en la cual la dejó Castro a los referidos $102 mil millones en sus cuatro áreas de acción. "Una buena noticia", se felicitó el gerente Garrido en este mismo diario.

Es decir, en 4 años y seis meses, el déficit "bajó" a 4 mil milones, pero creció en $34 mil millones en la Cormuval. Otro detalle: casi $20 mil millones se han ido en juicios civiles y laborales por despidos injustificados, acosos y otras perlas.

Súmese a ello el juicio de cuentas abierto por Contraloría por $931 millones de pesos en fondos públicos mal utilizados (hoy en manos del Ministerio Público por un eventual delito de malversación de caudales públicos) y la acusación por notable abandono de deberes por parte de seis concejales por 17 cargos. Esperamos ahora su tweet de inversiones.

La gran crisis ambiental que atraviesa el planeta tiene nombre y apellido: cambio climático. Este tiene como origen la emisión descontrolada de CO2 por la actividad productiva del ser humano, lo que está generando graves consecuencias, como el deshielo, aumento del nivel del mar, condiciones meteorológicas extremas, escasez hídrica en algunos lugares, y en otros, intensidad y frecuencia de las precipitaciones; todos fenómenos que amenazan la vida en nuestro planeta y que ya están afectando a las personas más vulnerables.

Lamentablemente, y pese a que Chile es un país bajo en emisiones, representando solo un 0,3% a nivel planetario, es altamente vulnerable al cambio climático. Contamos con siete de los nueve criterios de vulnerabilidad según Naciones Unidas: zonas costeras bajas, zonas forestales expuestas a su deterioro, zonas propensas a los desastres naturales, zonas expuestas a la sequía y la desertificación, zonas de alta contaminación atmosférica urbana, zonas de ecosistemas montañosos, además de ser un país cuya economía depende en gran medida de los ingresos generados por la producción, el procesamiento y la exportación de combustibles fósiles y productos asociados a energía intensiva. Es por ello que lograr la carbono neutralidad es de suma relevancia para nuestro país, tanto para mitigar sus consecuencias como para así motivar a otros países a seguir el mismo camino, en línea con el liderazgo que Chile ha alcanzado desde que asumiera la presidencia de la COP25.

Sin duda, nuestro país ha venido estableciendo objetivos claros, con un fuerte enfoque multisectorial. Entre estos avances destacan la presentación de la actualización de sus Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC), compromiso central para cumplir con las metas del Acuerdo de Paris, donde se detallan sus objetivos de reducción de Gases de Efecto Invernadero, planes de acción de mitigación y adaptación y el Proyecto de Ley Marco de Cambio Climático, que busca el establecimiento de principios, sistema de gobernanza, instrumentos de gestión y mecanismos de financiamiento que permitan transitar hacia un desarrollo bajo en emisiones de gases de efecto invernadero, reducir la vulnerabilidad, aumentar la resiliencia y garantizar el cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por Chile, en los que necesita contar con un fuerte apoyo de todos los sectores: empresas, organizaciones de la sociedad civil y la ciudadanía.

Los reconocimientos que ha logrado Chile en este ámbito lo han catapultado como nación líder a nivel global. Según la Universidad de Cambridge, nuestro país se posicionó en el puesto 28 de los 193 países incluidos en el ranking de Desarrollo Sostenible, obteniendo el primer lugar en Latinoamérica. Por otro lado, según un informe de las universidades de Yale y Columbia, nuestro país fue clasificado con el mejor índice de desempeño ambiental en la región.

Con todo, debemos acelerar las inversiones en desarrollo de fuentes de energía renovables, implementar un cambio a combustibles más limpios, hacer eficiente los procesos de combustión, elevar la forestación y modificar las tendencias de consumo a través de la educación ambiental. Es urgente aumentar la superficie cultivable para la agricultura tecnificada y educar en el uso del agua, aparejada de una eficiente gestión, fórmulas que el país está implementando, en conjunto con el mundo privado.

Hoy Chile se encuentra en un proceso histórico en lo político, económico y social, ya que ha declarado que es posible reducir las emisiones de CO2 y promover el crecimiento integral.

En noviembre del año 2007, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 20 de febrero como el Día Mundial de la Justicia Social. El 2009 se conmemoró por primera vez, invitando a los Estados miembros a dedicar ese día especial a la promoción de actividades nacionales concretas de conformidad con los objetivos y metas de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social y el vigésimo cuarto período de sesiones de la Asamblea General, titulado "Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social y más allá: Lograr el desarrollo social para todos en un mundo globalizado".

La justicia social es considerada un principio fundamental e indispensable para la convivencia pacífica, próspera y democrática dentro de los países y entre ellos. Promovemos la justicia social cuando eliminamos las barreras que enfrentan las personas a diario para acceder legítimamente a sus derechos; por tanto, defendemos el principio de justicia social cuando fomentamos la equidad de género, los derechos de los pueblos originarios y de la población migrante.

Es básico cerrar las brechas de desigualdad para lograr la justicia social y, por tanto, se hace necesario comprender el rol que cumplen autoridades, líderes, comunidades, la política pública y social, la legislación vigente, los municipios, las organizaciones, la empresa privada, para activar formas que permitan construir una sociedad más justa, donde todos podamos sentirnos parte de un mismo lugar y podamos disfrutar de una convivencia sana y de una garantía en derechos sociales que nos permitan estar protegidos en momentos de crisis.

Cuán relevante se hace esta conmemoración en nuestras consciencias, después de la eclosión social de octubre de 2019 en nuestro país y de la pandemia mundial que aún nos afecta, más en momentos como los actuales, donde existe una brecha de sueldos entre hombres y mujeres en funciones similares, donde no se considera remunerado el trabajo doméstico de la mujer en casa, donde existe un tránsito migratorio importante en búsqueda de mejores oportunidades para sus familias, donde existe una discusión relevante en el trato hacia nuestros pueblos originarios que cimentaron y defendieron esta tierra en sus inicios, donde las personas en situación de discapacidad debieran tener los mismos derechos que todos a transitar libremente en una ciudad amigable y preparada para incluirlos.

Son tantos los elementos por observar y es tan relevante sensibilizar en la importancia de la justicia social como un principio rector de nuestro actuar diario y consciente.