Brasil se aproxima al colapso de su sistema público de salud, con más de la mitad de los estados al límite de su capacidad, mientras crece la presión para que el Presidente Jair Bolsonaro tome medidas drásticas para contener la explosión de contagios.

El país vive su peor momento de la pandemia desde que el 26 de febrero de 2020 registrara el primer contagio, coincidiendo, además, con la irrupción de la variante amazónica (P.1), más transmisible, según estudios preliminares.

Desde noviembre pasado, la curva de casos y fallecidos crece de forma preocupante, pero ha adquirido tintes dramáticos en los últimos 40 días, periodo durante el cual la media diaria de muertes asociadas a covid-19 no ha bajado del millar.

Brasil es, junto a Estados Unidos y la India, uno de los países más afectados por el coronavirus, al contabilizar casi 256.000 fallecidos y 10,6 millones de casos, según el Ministerio de Salud.

ALTA ocupación de UCI

Si en la primera ola la evolución de la pandemia en este país de dimensiones continentales y con 212 millones de habitantes era heterogéneo, en esta segunda, más virulenta y letal, el SARS-CoV-2 ha puesto en jaque a más de la mitad del país al mismo tiempo.

El índice de ocupación de las unidades de cuidados intensivos del sistema público sanitario supera el 80% en 18 de los 27 estados brasileños, con un matiz: son cada vez más los jóvenes con cuadros graves.

"El riesgo de colapso existe y ya lo estamos observando en varias regiones del país", afirmó a Efe el médico Carlos Starling, consultor científico de la Sociedad Brasileña de Infectología (SBI).

Después de meses de flexibilización, los gobiernos regionales y municipales han endurecido de nuevo las medidas de distanciamiento, como el cierre de los negocios no esenciales y toques de queda nocturnos, para evitar el colapso ocurrido en enero en Manaos, capital del estado de Amazonas.

Amazonas, donde surgió la nueva variante y cuya estructura hospitalaria ha sido históricamente precaria, vio desbordado su sistema sanitario en cuestión de semanas. Faltó hasta oxígeno. Desde entonces, cientos de pacientes con covid fueron trasladados a otros puntos del país para recibir tratamiento.

Negativa proyección

Ahora, otros estados temen llegar a ese extremo, como Santa Catarina (sur), que ayer trasladó a cerca de una veintena de pacientes con covid a otra región después de que algunos enfermos hayan fallecido esperando un lugar en la UCI.

"La perspectiva no es buena. Lo que vimos en Manaos ciertamente lo vamos a ver en otras regiones de Brasil", advierte Starling.

La segunda ola llega, además, en un momento en el que se ha reducido paulatinamente el número de camas de terapia intensiva financiadas por el Ministerio de Salud. También son pocos los hospitales de campaña que aún quedan en pie.

En diciembre había 12.003 camas UCI para la covid-19 financiadas por el gobierno; en enero, 7.717, y en febrero, que acabó como el segundo mes con más muertes por covid en Brasil, 3.187, según datos del Consejo Nacional de Secretarios de Salud (Conass).

"El riesgo de colapso existe y ya lo estamos observando en varias regiones del país".

Carlos Starling, Médico y consultor científico de la Sociedad Brasileña de Infectología

Un total de 823.446 personas han sido hasta ahora vacunadas contra el covid-19 en Argentina con una de las dos dosis requeridas y 302.662 recibieron ambos componentes, según datos oficiales difundidos ayer.

Argentina ha recibido hasta el momento 4.050.540 de dosis de vacunas: de todas ellas, 2.470.540 dosis corresponden a la rusa Sputnik V (1.660.540 del componente 1 y 810.000 del 2); 580.000 de la Covishield, desarrollada por la Universidad de Oxford y el laboratorio AstraZeneca y producida por el laboratorio Serum Institute de India, y un millón de la china Sinopharm.

Todas ellas requieren de la aplicación de dos dosis, aunque mientras la Sputnik V son dos componentes diferentes, en las otras vacunas son idénticos.

Nuevo envío

En la noche del lunes llegó, procedente de Moscú, el hasta ahora último lote de vacunas recibidas en Argentina de la Sputnik V (732.500 dosis), tras haber recibido el domingo otro cargamento con 517.500.

Desde que el 29 de diciembre comenzó la campaña de vacunación, los inmunizados son principalmente el personal de salud (873.301 personas); ciudadanos de 60 o más años (210.797); "personal estratégico" (37.754) -que engloba a fuerzas de seguridad y armadas, docentes o "responsables del funcionamiento del Estado"-; ciudadanos de 18 a 59 años con factores de riesgo (4.117) y "otros" (139).

Según el Monitor Público de Vacunación del Ministerio de Salud, la provincia de Buenos Aires, la más poblada del país, es la que registra mayor número de personas vacunadas (395.621), seguida por la capital (122.790) y la ciudad de Córdoba (103.342).

En cuanto a los casos de coronavirus, desde el 3 de marzo de 2020, cuando se detectó el primer positivo en Argentina, el país ha registrado 2,11 millones de personas contagiadas, de las que en la actualidad siguen cursando la enfermedad 148.608 y 52.077 fallecieron.

La oposición de Venezuela que se agrupa bajo la figura del líder Juan Guaidó, pidió ayer a la alta comisionada de la ONU para los derechos humanos y expresidentea de Chile, Michelle Bachelet, que interceda ante el gobierno de Nicolás Maduro y "exija" la libertad del exdiputado Gilberto Sojo, detenido el pasado jueves.

"Hacemos un llamado a la Oficina de la Alta Comisionada (de Naciones Unidas para los Derechos Humanos), Michelle Bachelet, y a todos los organismos internacionales en derechos humanos, para que alcen su voz y eviten que continúe la arbitrariedad y, por supuesto, exijan la libertad de nuestro compañero (Sojo)", dijo la exdiputada opositora Adriana Pichardo.

Sojo, quien fue electo como diputado en los comicios parlamentarios de 2015 y terminó su legislatura el pasado enero, fue detenido por la Fuerza de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana (FAES-PNB), un órgano que Bachelet ha pedido al Estado venezolano disolver.

Pichardo hizo estas declaraciones durante su intervención en la comisión delegada, una instancia únicamente reconocida para operar cuando el Parlamento entra en receso y que Guaidó activó para mantenerse al frente del Legislativo, pese a que su mandato expiró a fines de enero, que Sojo fue apresado junto a familiares cuando se desplazaba por una zona del oeste de Caracas.

"Una alcabala del FAES lo detiene, le solicita su documentación y le informa que tiene una orden de captura en su contra por terrorismo", dijo la opositora, al tiempo que aseguró que los abogados no han podido ver a Sojo desde su detención.

"Esto es una clara muestra de que en Venezuela continúa la persecución, continua la represión, que continúan utilizando el aparato supuestamente judicial del país y los organismos de seguridad del Estado para reprimir", prosiguió Pichardo.